Este 2021, casi a punto de concluir, ha sido un año de desafíos para el gobierno del presidente boliviano Luis Arce, en las que la mayoría de la población mostró su respaldo al progresismo, exigió justicia para los represores del régimen de facto, mantuvo el combate a la COVID-19 y retomó el camino del crecimiento económico.
La reactivación económica es una de las principales premisas del Ejecutivo de Arce, quien fue ministro de Economía del exdignatario Evo Morales.
En un año de trabajo, en el que enfrentó dos intentonas golpistas, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) aplicó varias medidas como el bono contra el hambre, una ayuda social por la pandemia de la COVID-19, promovió fideicomisos para otorgar créditos a productores con la finalidad de fortalecer la industria y sustituir las importaciones.
De la misma manera creó un impuesto a las grandes fortunas y activó el retiro total o parcial de los aportes de jubilación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, una promesa cumplida de su campaña electoral.
Con pasos firmes, Arce va disminuyendo la profundidad de la crisis que en el segundo y tercer trimestre de 2020 tocaba fondo, con caídas acumuladas del Producto Interno Bruto de -12,9 % y -12,6 %, respectivamente. Al cierre de este año se espera un crecimiento de un 5 %, que era el índice sostenido del país durante los últimos años.
MARCHA POR LA PATRIA
Hace apenas unos días, llegó a La Paz, la capital, una llamada marcha patriótica integrada por más de un millón de personas en defensa de la democracia y la unidad del pueblo, luego de la intentona de golpe de Estado focalizado en el departamento de Santa Cruz y en otros del sur, que insisten en destituir a Arce como hicieron con Morales en 2018.
En aquellos momentos, la población exigió en las calles el retorno de su presidente reelecto en las urnas. Ahora, con Arce, está de nuevo al mando de su presente y futuro, en los que no tiene cabida la vuelta a regímenes discriminatorios y corruptos dirigidos por Estados Unidos (EE.UU.).
Tras el retorno de la democracia al país andino en 2019 con la derrota electoral de los candidatos derechistas y la caída del régimen de la exmandataria de facto Jeanine Áñez , la oligarquía local y sus aliados internacionales intentan nuevas aventuras golpistas, sofocadas por la población seguidora del MAS..
Bolivia volvió a demostrar su afiliación a la democracia. Lo patentizó, de manera pacífica, no solo con movilizaciones diarias en la mayoría de su territorio sino en la marcha de siete días que remató los planes del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su Comité Cívico, cuyo líder, Rómulo Calvo, dijo que “hay que tumbar a Arce”, mientras intentaron un paro nacional indefinido que también fracasó.
En un encuentro con la población de Cochabamba, el mandatario advirtió sobre los planes golpistas. “Estamos viviendo un momento en que la derecha busca desestabilizar la democracia con cualquier pretexto porque no tiene argumentos”, afirmó.
Más de 200 kilómetros recorrió el desfile encabezado por Morales, en el que estaban presentes organizaciones y movimientos sociales desde que partió del municipio de Caracollo, en Oruro, el pasado día 23, y culminó en la plaza paceña de San Francisco en busca de paz, unidad y democracia, y en respeto al 55,11 % de los votos alcanzados por Arce en los comicios de octubre del pasado año.
LA JUSTICIA ESTÁ LLEGANDO
La usurpadora Jeanine Áñez responderá ante la justicia por más de 50 cargos diferentes y podría ser condenada a 10 años de cárcel como mínimo. La exsenadora que asumió la presidencia con una biblia en la mano, “gobernó” durante un año con mano dura, permitió las masacres de 37 personas en las localidades de Senkata y Sacaba, mantuvo alianza con la derecha regional, y destruyó importantes planes de desarrollo económico y social, siempre obediente aliada de la embajada estadounidense en La Paz.
Ahora es imputada por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Lanchipa Ponce, comunicó esta semana que Áñez, proclamada por las Fuerzas Armadas y la jerarquía de la Iglesia Católica, sería procesada por imponer decisiones contrarias a la Constitución y las leyes e Incumplimiento de deberes, sumados a los que correspondían a la causa del golpe de Estado de 2019.
Enfrenta también cuatro juicios de responsabilidades por diversos delitos. Se halla bajo prisión preventiva en la cárcel de Obrajes, La Paz, desde el pasado 13 de marzo, en espera del juicio reclamado por la población.
La Fiscalía indicó que la acusada cometió, además, cinco violaciones asociadas al nombramiento de Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa de Alimentos y Derivados (EBA) en mayo de 2020, y pidió extender su prisión preventiva por otros seis meses.
Entre los implicados en el golpe de Estado contra Morales están el excomandante de la policía Yuri Calderón, el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y oficiales del alto mando militar, así como exministros del régimen anterior.
En ese contexto, el abogado Marcelo Valdez, representante legal de la exdiputada Lidia Patty, informó que presentará un memorial a la Fiscalía de La Paz para solicitar la aprehensión del gobernador Camacho, por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el caso golpe de Estado (contra los dos mandatarios electos en las urnas).
Exlíder del Comité Cívico santacruceño, impulsor del federalismo que pretende dividir a Bolivia —blancos y ricos, e indígenas y pobres— está acusado con anterioridad por romper el orden constitucional contra Morales y el MAS.
En entrevista con radio Éxito, Valdez afirmó que el gobernador “está provocando un problema social” en el departamento de Tarija, incitando a la desobediencia, luego de liderar las últimas protestas cívicas.
El opositor debió declarar en la Fiscalía de la Paz el pasado 7 de octubre, pero el Ministerio Público suspendió la vista porque primero debía escuchar a su padre (uno de los instigadores a la guerra interna), quien no se presentó, según explicaron, por problemas de salud. Por tanto, el gobernador aun tiene causa pendiente, pero está en libertad y sin rendir cuentas de su gestión en el último año, como es obligatorio. .
LA BATALLA CONTRA EL DEMONIO
El presidente Arce tomó posesión el 8 de noviembre de 2020 y encontró una población indefensa ante la COVID-19. En un año, el país había retrocedido en importantes aspectos. Recuperar el sistema de salud gratuito fue una de sus prioridades.
Cuando Áñez robó la presidencia, de inmediato expulsó del país al personal de salud cubano que allí trabajaba de manera solidaria. Por tanto, el sistema sanitario estaba casi en ruinas cuando apareció la pandemia.
El actual Ejecutivo adoptó una estrategia ejecutada de inmediato, basada en tres líneas de acción: pruebas masivas y vacunaciones gratuitas, y fortalecimiento del sistema sanitario desde el nivel central del Estado.
La pandemia golpeó fuerte cuando todavía las vacunas y los médicos no existían por la mala gobernanza derechista. En la actualidad, el 54 % de la población mayor de 18 años está completamente inmunizada gracias a la aplicación de 7 900 000 de dosis, en tanto sigue la fase de inmunización.
Arce ha declarado que el COVID-19 llegó en marzo de 2020, trayendo dolor, luto e impotencia dada una clara incapacidad de manejar la crisis sanitaria, la falta de insumos médicos, medicamentos, oxígeno, pruebas masivas de PCR y personal capacitado.
Bolivia entró el pasado mes en la cuarta ola de la enfermedad global, ya controlada, con un acumulado de 19 049 decesos y 527 380 casos confirmados. Activos se mantenían 22 910 contagiados, debido al alto número existentes en Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba, donde la vacunación es más lenta por diversas causas
El reciente conflicto sirvió para medir fuerzas con la oposición de la conocida como Media Luna departamental, donde están las mayores riquezas de la nación. Una vez más, el pueblo boliviano, sensato y dispuesto a defender lo que por razones históricas le pertenece, demostró su capacidad de respuesta, pacífica y ordenada, a una oposición agitada en su fracaso.
