Normas cubanas para telecomunicaciones generan polémicas

La Habana, 29 ago.- Las nuevas regulaciones para las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación social intentan poner orden en un universo en auge en este país y que continuará impactando la economía, la sociedad y la vida personal de su ciudadanía.

Además de esclarecer en la televisión estatal los objetivos de las disposiciones, Decreto-Ley 35 y Decreto-Ley 41 y sus normas complementarias, las autoridades cubanas insistieron el jueves 26 en que estas responden a los postulados de la Carta Magna, aprobada en 2019.

En el programa Mesa Redonda, Ernesto Rodríguez, viceministro de Comunicaciones de la nación caribeña, indicó que la Constitución de la República trata, en no menos de 20 artículos, temas coincidentes con los abordados en el Decreto-Ley 35 y sus documentos conexos.

A la vez, apuntó que esta norma superior se sustenta en los principios de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que “abogó por impedir el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías en fines terroristas, actividades delictivas o contra la estabilidad y seguridad internacional”.

Ante las diversas interpretaciones del Decreto-Ley 35, publicado en la Gaceta Oficial del 17 de agosto, Rodríguez invitó a analizar el articulado, de manera que pueda tenerse una visión global del asunto, que desde el inicio defiende derechos.

Al respecto, el jurista Rolando Pérez insistió en que “el decreto ley es pertinente y completamente necesario, por lo que pedimos que las personas lean detenidamente e interpreten el espíritu del legislador en la letra del mismo”.

Entre otras aclaraciones, Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del ministerio de Comunicaciones, afirmó, en tanto, que nada  de lo dispuesto limita la libertad de expresión. Las personas pueden tener su opinión política y expresarla, solo deben evitar un lenguaje ofensivo, agresivo o de odio, aseguró.

Aspectos del Decreto-Ley 35

Entre los objetivos de este decreto-ley figuran los siguientes:

• coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sea un instrumento para la defensa de la Revolución;
• impulsar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas para contribuir al desarrollo político, económico y social del país, además de asegurar progresivamente la fiabilidad, la estabilidad y la seguridad de sus redes y servicios.
• satisfacer las necesidades generales del Estado y el gobierno y las relacionadas con la seguridad y la defensa nacional, el orden interior y la defensa civil en materia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico.
• promover el progreso armónico y ordenado de las redes y los servicios de telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación en función del desarrollo de la informatización del país.
• proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a dichos servicios y los derechos constitucionales, en particular, el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones.
• promover y facilitar el uso de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación y del espectro radioeléctrico para mejorar las condiciones de vida de la población.
• elevar la ciberseguridad para salvaguardar que el uso de los servicios referidos y del espectro radioeléctrico no atenten contra la seguridad y la defensa nacional, el orden interior o se empleen en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros.

Por otra parte, las autoridades afirman que el Decreto-Ley 35, junto a los aspectos técnicos y regulatorios, incluye necesarias normas de convivencia en el ciberespacio. Para el viceministro de Comunicaciones, se trata “de buscar un ordenamiento coherente en el ámbito virtual, tal cual la humanidad lo ha ido creando en el real”.

Polémicas en redes

Desde antes de su publicación en la Gaceta Oficial, la normativa generó polémica en segmentos de redes sociales sobre su pertinencia, derechos y deberes

Con un total de 129 artículos, gran parte de la atención se centró fundamentalmente en dos incisos el artículo 15, el e): “impedir que los servicios de T/TIC se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos.

También en el f): “no usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, de contenidos sexuales, discriminatorios, que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz, la

identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva, el bienestar

general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.

Mientras las autoridades calificaron la normativa como la de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información, la comunicación y las telecomunicaciones, algunos medios internacionales apuntaron que en redes sociales fue bautizada como “nueva ley mordaza”, e indicaron que serviría para condenar a quienes critiquen al gobierno en el espacio virtual.

Una revisión de plataformas digitales brinda un abanico de criterios no favorables y visibiliza el uso extendido etiqueta #NoalDecretoLey35.

Sin embargo, estas posturas desconocen lo positivo en normas complementarias, como la inclusión, entre otros delitos informáticos, del ciberacoso, el engaño pederasta (grooming) y el robo de credenciales mediante métodos como el phishing.

A continuación algunos criterios desfavorables a la nueva normativa, en las redes sociales.

• la ley apuntala la indefensión de los ciudadanos ante el actuar del Estado y la impunidad de este para definir qué puede o no publicarse en plataformas digitales.
• el decreto le da validez legal al uso discrecional por parte de las autoridades de los datos de los usuarios, lo que echa por tierra el derecho de la privacidad.
• se mantiene la imposibilidad de acceder al servicio de las redes wifi en determinados espacios de la geografía nacional.
• no se consideran los reclamos acerca de la libre expresión y el respeto a las opiniones ya sean mayoría o minoría, tampoco se alude a los altos precios de los servicios y la mala conectividad.

Otras opiniones subrayan que los actores económicos deben tomarse en serio, llevar su gestión a la web y contar con soportes de aplicaciones para ofertas competitivas y facilidades de pago que incluyan bonificaciones y el pronto pago.

También algunos usuarios coinciden en que debe aumentar y controlarse más el teletrabajo desde las instituciones, a fin de que la eficiencia implícita de esta modalidad no solo se quede como idea.

Otros sostienen que el objetivo del Decreto-Ley 35 es tergiversado por quienes usan las redes sociales para las campañas de subversión contra Cuba.

Adiós al ICRT03

Mediante el Decreto-Ley 41 el Consejo de Estado extinguió el Instituto Cubano de Radio y Televisión y creó el Instituto de Información y Comunicación Social, cuya misión es conducir y controlar la política de la comunicación social del Estado y el gobierno.

El organismo, que llena el vacío de una institución que condujera el sistema de comunicación social, se encargará del aseguramiento material y económico de los medios, la articulación entre la comunicación institucional, mediática y comunitaria, de gestionar la marca país y garantizar la identidad de la nación.

Como cada asunto de la vida cubana, este cambio también fue debatido en redes sociales. En su cuenta en Facebook Mildred Obourke, periodista que ejerció durante décadas en una emisora radial de La Habana, posteó: “se concretó ahora, pero es una viejísima demanda del gremio y expresada en cuanto espacio fue posible”.

A su vez, consideró que “el reto es evitar que las viejas e ineficientes prácticas se extrapolen al nuevo organismo, para que el cambio de nombre, funciones y objetivos se concreten en la medida que los tiempos exigen”. (2021)