El pedido al Pleno de la Asamblea Nacional es remitir el informe a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación y a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, a fin de iniciar el juicio político. Foto: BBC Mundo.
Campanas de juicio político tañen este lunes sobre el expresidente de Ecuador Lenin Moreno, tras observaciones legislativas sobre el informe que presentó, tardíamente, al término de sus funciones.
La posibilidad de someterlo a esa medida fue parte de las sugerencias de la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, en un reporte no vinculante, tras analizar lo expuesto por el exmandatario y considerar que solo cumplió el 11,4 por ciento de las metas establecidas en su Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.
En el fallo, el equipo parlamentario también solicita remitir la resolución adoptada y el documento entregado por Moreno, a la Contraloría General del Estado, para que inicie exámenes y auditorías en el marco de sus competencias.
Entre sus señalamientos, la Comisión incluye el incumplimiento notorio de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, período de administración del exdignatario.
Asimismo, refiere una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos, en el marco de la pandemia por la covid-19, cuyo primer caso fue anunciado en el país el 29 de febrero de 2020.
De acuerdo con los legisladores, el informe de gestión tampoco presenta una estructura ordenada para la exposición de la información, lo cual dificulta su evaluación y contraste.
Además, existirían inconsistencias en las cifras, cuando una misma variable se presenta más de una ocasión.
Estas falencias evidencian poca preocupación del gobierno anterior en cuanto al cumplimiento de su obligación de informar adecuadamente de su gestión, y puede también obedecer a la intención de evitar un posible análisis que revele incumplimientos y hasta negligencia, consideraron los asambleístas.
Moreno debió informar de sus actividades en la ceremonia de juramentación de su sucesor, Guillermo Lasso, el pasado 24 de mayo, como contemplan las normas, sin embargo, el documento llegó a la Asamblea Nacional días después.
Según citó, durante su presidencia hubo inversiones, logros en varios sectores, aumento en el decomiso de drogas, entre otros aspectos positivos, que por el contrario, parte de la población denuncia como promesas de campaña incumplidas.
En ese sentido, la Comisión advierte que muchas de las cifras, en cuanto a supuestos avances en materia económica, social, de seguridad y vivienda, están sobredimensionadas y no corresponden a los datos oficiales, muchos de ellos públicos.
Esta situación inadecuada en un informe de la gestión de un gobierno, puede orientarse a procurar generar una imagen positiva frente a acontecimientos y a una gestión muy distante siquiera de un margen aceptable, señala.
Para emitir su criterio, revisaron información de las diferentes carteras de Estado y evidenciaron problemas en el alcance de las metas impuestas en el programa de trabajo.
Informe incurso en falsedad ideológica, por ser afirmaciones carentes de veracidad, es parte de las conclusiones expuestas.
Con esos antecedentes, el pedido al Pleno de la Asamblea Nacional es remitir el informe a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación y a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, a fin de iniciar el juicio político.
Sobre la mesa queda la propuesta, en sintonía con las denuncias repetidas al mandato iniciado en mayo de 2017, a partir de un programa de campaña de la fuerza política Alianza PAIS, que llevó a Moreno a la presidencia, el cual desechó tras alinearse con los planes de la derecha, justo desde el comienzo de su mandato.
A un mes de finalizar sus funciones, además de la reciente propuesta de enjuiciamiento, también pesa en su contra una indagación de la Comisión de Fiscalización, relacionada con el caso conocido como INA Papers, sobre irregularidades relacionadas con empresas offshore y personas del entorno cercano al exjefe de estado.
(Con información de Prensa Latina)
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