La ONG Artículo 19 responsabiliza a AMLO por amenazas a su integridad
03/12/2022
Miembros de la organización realizando la denuncia (Foto: Artículo 19) CDMX, México. – La oficina para México y Centroamérica de la
Miembros de la organización realizando la denuncia (Foto: Artículo 19) CDMX, México. – La oficina para México y Centroamérica de la
MIAMI, Estados Unidos. – La organización no gubernamental Artículo 19 documentó 125 agresiones contra periodistas y 90 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Cuba, solo en el primer semestre de 2022.
De acuerdo con el informe publicado este martes por la ONG con sede en México, las 125 agresiones contra periodistas afectaron a 61 personas (28 mujeres y 33 hombres); mientras que 51 defensores de derechos humanos (23 mujeres y 28 hombres) fueron blanco de la represión estatal.
“Es importante destacar que los números de mujeres agredidas y hombres agredidos se han ido emparejando, hecho que da cuenta del aumento de la participación y protagonismo constante de las periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, provocando que sean acosadas a un nivel similar que los hombres”, señala el informe de Artículo 19.
El texto también precisa que las agresiones más recurrentes contra las y los periodistas se clasificaron en 14 tipos diferentes, incluidos los arrestos domiciliarios, las citaciones oficiales, las supresiones del servicio de internet y las detenciones arbitrarias, entre otras.
Por su parte, los tipos de agresión más recurrentes contra las personas defensoras de derechos humanos sumaron 16: detenciones arbitrarias, privaciones de la libertad de personas por los hechos vinculados al 11 de julio de 2021, arrestos domiciliarios, regulaciones migratorias e incluso torturas, entre otros.
“Esta tendencia ha sido observada durante este año como una continuación de la estrategia de desmovilización y amedrentamiento contra quienes llevan a cabo coberturas sobre la cotidianidad en Cuba y como una continuidad de los efectos de las protestas del 11J de 2021”, reza el informe.
Además, Artículo 19 precisa que los arrestos domiciliarios en el caso de periodistas se mantienen como “una herramienta fundamental de control” en tanto que no se permite a las personas salir de sus domicilios hasta que el Departamento de Seguridad del Estado lo decida.
Por su parte, las citaciones comúnmente son un recurso para mandar llamar y advertir a las y los periodistas que existe un interés de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Departamento de Seguridad del Estado en las actividades periodísticas que la persona citada ha desarrollado.
“Durante estas citaciones es común que se les amenace con comenzar procesos legales en su contra”, acota la ONG.
“En este periodo, las regulaciones migratorias fueron una estrategia de control relevante, documentándose ocho casos de personas defensoras y cuatro casos de periodistas. Estos números son considerables en un contexto en el que personas vinculadas a colectivos de defensa de derechos humanos y periodistas han sido amenazadas con abrirles procesos legales si no dejan la Isla”.
Asimismo, debido a la importancia que las redes sociales han tomado en Cuba y la potencia crítica que activistas y periodistas desempeñan en el ámbito digital, el Estado ha optado por usar las restricciones al acceso a internet como una manera de dificultar la labor informativa al interior del país.
“Finalmente, las detenciones arbitrarias han sido un elemento en declive a causa de la sustitución de estas por los arrestos domiciliarios como una medida que no genera la misma presión y reacción en espacios críticos del gobierno al exterior de la Isla”, concluye Artículo 19.
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MIAMI, Estados Unidos.- La organización defensora de los Derechos Humanos Artículo 19 demandó este martes al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel Bermúdez detener los operativos de las fuerzas de seguridad como mecanismo de inhibición y represión a la población, ante los episodios de represión de los últimos días en Nuevitas, Camagüey.
“Demandamos al gobierno de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel Bermúdez detenga los operativos de las fuerzas de seguridad como mecanismo de inhibición y represión a la población, suspenda las detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifiestan de manera pacífica y garantice los derechos a la libre expresión de la ciudadanía”, dijo la organización en un comunicado.
De acuerdo al documento, “ni la desmedida represión contra el movimiento social que se manifestó por mayores libertades el 11 de julio del año pasado, ni las nuevas medidas legislativas y jurídicas aprobadas para silenciar la disidencia con duras penas de prisión, amenazas de enjuiciamiento, hostigamiento o exilio, han podido contener las manifestaciones de descontento de la población cubana”.
Artículo 19 llamó la atención sobre la indignación social que desde el pasado 18 de agosto ha volcado a la calle a los residentes de Nuevitas, Camagüey.
“Durante los últimos días, con motivo de largas y continuas interrupciones de la energía eléctrica, se han desarrollado una serie de protestas pacíficas principalmente en Nuevitas, Camagüey encabezadas por habitantes que reclaman al Gobierno y al presidente Díaz-Canel el fin de las fallas en el servicio eléctrico, libertad y mejores condiciones de vida”, dice el comunicado.
Los “cacerolazos” y las consignas en contra de las medidas implementadas por el gobierno en esa localidad provocaron actos promovidos por seguidores del Gobierno, una amplia presencia militar con el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria, así como de agentes del Departamento de Seguridad del Estado, y se llevaron a cabo las primeras citaciones y detenciones de algunas de las personas manifestantes, declaró Artículo 19.
La organización denunció que durante las protestas han sido lesionados niños y niñas, “específicamente al menos una niña de 11 años que fue golpeada por agentes de los cuerpos de seguridad”.
“Hasta el momento, ARTICLE 19 ha podido registrar un total de ocho personas detenidas, vecinos y vecinas de la zona, que ejercían su derecho a la protesta, sin embargo, no se descarta que bajo otro tipo de agresiones haya más personas afectadas”, añadieron.
“Resulta contradictorio que mientras la legislación cubana cuenta con el reconocimiento de derechos fundamentales, otras disposiciones otorgan al Estado el poder extraordinario de penalizar a las personas que intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, opinión, prensa, asociación y reunión”, reclama Artículo 19 en el comunicado.
“Recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en sus Artículos 19 y 20 que ´Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión´ y que ´Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas´”, sentenciaron.
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MIAMI, Estados Unidos. — La plataforma Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, y otras organizaciones de Cuba y del resto del continente pasaron revista este miércoles a los casos de tortura y abusos contra disidente, presos comunes y políticos en la Isla.
En la conferencia, celebrada en Ciudad de México, se abordaron las Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU dirigidas al Estado cubano, así como informes sobre el tema elaborados por organizaciones de la sociedad civil independiente en el país caribeño.
Los panelistas hicieron referencia al recién aprobado Código Penal, que oscurece aún más el panorama de derechosa humanos en Cuba.
“En este informe damos cuenta de cómo el Estado cubano no ha parado en echar a andar la maquinaria institucional para callar voces que buscan informar a la sociedad. Recién se aprobó un Código Penal represivo, que abona al clima adverso para los derechos humanos”, expresó en el foro la politóloga venezolana Claudia Ordóñez.
La conferencia, que sesionó bajo el título “En Cuba se tortura”, se hizo referencia a los criterios aplicados por el régimen de la Isla para someter a sus ciudadanos.
“En Cuba el derecho a no ser torturado queda a criterio del Estado cubano. Desde este Comité señalamos que no hay un registro de todas las personas detenidas, violando principios de transparencia, y cometiendo violaciones sistémicas”, dijo Giselle Morfi, abogada de Cubalex.
El activista y profesor cubano José Raúl Gallego recordó que las cárceles cubanas se caracterizan por el hacinamiento y la propagación de enfermedades, hecho que perjudica la salud y la integridad de los reclusos.
“Las cárceles cubanas se caracterizan por el hacinamiento. Documentamos la propagación de enfermedades como la sarna, y la pandemia acrecentó el problema. Al menos 100 personas murieron en prisión bajo condiciones inhumanas”, expresó el también periodista.
La represión en Cuba tuvo su punto álgido entre el 11 y el 12 de julio de 2021, fechas en que cientos de cubanos se manifestaron contra el régimen de la Isla en diferentes provincias del país.
“El 11 de julio el mundo vio la verdadera naturaleza del régimen de Cuba. El pueblo salió a las calles sin saber que esto podía significar condenas de 10 a 30 años de cárcel. 1 500 a 2 000 personas fueron procesadas y más de 1 000 siguen en procesos penales”, señaló Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders.
Según Olga Guzmán Vergara, de la Organización Mundial Contra la Tortura, el Informe presentado por el Comité contra la Tortura de la ONU denuncia casos de violaciones a DD. HH. En contextos de protesta en Cuba y llama la atención sobre “la nula independencia de procuradores de justicia y el aumento de la criminalización de la disidencia política”.
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MADRID, España.- La organización defensora de los Derechos Humanos Artículo 19 hizo un llamado a los gobiernos de Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador “a garantizar la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo como prerrequisitos para garantizar la información como un bien público de las sociedades”.
“En Cuba la sistematicidad de la violencia en contra de las voces disidentes y periodistas independientes permite que cientos de personas se encuentren sujetas a procesos criminales que no tienen posibilidades de una justicia efectiva”, expresó Artículo 19 en un comunicado publicado este 3 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La organización destacó que los periodistas cubanos en la Isla y en el exilio no han dejado de informar sobre la barbarie, la arbitrariedad y las violencias a las que el pueblo es sometido todos los días.
El documento se refiere con preocupación a las prácticas autoritarias de los gobiernos en América Latina contra los reporteros y señala que quienes ejercen el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos “se enfrentan al aparato represor que renueva y perfecciona sus dinámicas de dominación además de hacer uso de diversas herramientas que le permiten coartar la libertad”.
Así como denuncia que los gobiernos de la región no reconocen al periodismo como un bien público, pero sí lo enfrentan al estigma, al descrédito, a la violencia y la impunidad.
Ante esta situación, se comprometió a “acompañar y visibilizar” los esfuerzos “que buscan evitar la degradación total para la vigencia de los Derechos Humanos”.
Artículo 19 concluyó su comunicado destacando que, aunque “son momentos complicados”, “existen razones para conservar la esperanza y continuar trabajando por fortalecer el respeto a los Derechos Humanos en contraposición a cualquier tendencia autoritaria en la región”.
Ya a comienzos del año en curso, esta organización había señalado que “en Cuba, la prensa vive bajo un asedio sistemático por parte del Gobierno”.
“Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, ocurren de manera sistemática y generalizada. Pareciera insignificante frente al alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el Gobierno de la Isla ha aprendido a imponer el silencio ‘matando el periodismo’”, apuntó Artículo 19 en su informe 2021 sobre Cuba, titulado “Democracia de papel”.
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LA HABANA, Cuba.- “En Cuba, la prensa vive bajo un asedio sistemático por parte del gobierno. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, ocurren de manera sistemática y generalizada. Pareciera insignificante frente al alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio ‘matando el periodismo’”, denunció este martes Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, en su informe 2021 sobre Cuba titulado “Democracia de papel”.
Solamente durante el año 2020, Artículo 19 documentó 681 agresiones en contra de 119 periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos. De ellas, el 65% fueron cometidas contra periodistas y el 36% contra activistas, artistas y defensores de los derechos humanos que participaron en las protestas de noviembre y diciembre de ese año, fundamentalmente las desarrolladas por el Movimiento San Isidro y la del 27 de noviembre.
Respecto al primer semestre de 2021, señalan que se cometieron 656 agresiones en contra de 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De estas, 49% (321) fueron perpetradas en contra de periodistas.
Entre las tendencias más preocupantes y comunes la organización defensora de la libertad de expresión resaltó los arrestos domiciliarios, las detenciones arbitrarias (las cuales aumentaron un 40% con respecto al 2020) y las campañas de desprestigio (que se incrementaron en un 80% con respecto al 2020). Estas dos últimas persiguen el mismo objetivo: “el aislamiento de la persona de su entorno”.
El informe refiere que, respecto a las cifras de 2018 y 2019, las agresiones documentadas en contra de periodistas y defensores de derechos humanos en los años 2020 y 2021 aumentaron vertiginosamente. Las dos principales razones de esto, según destaca Artículo 19, son: el aumento de la información y documentación respecto a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno y las condiciones de salud, fuera del discurso oficial; por otro lado, la protesta social del Movimiento San Isidro (MSI) en los meses de noviembre y diciembre de 2020, y luego las protestas masivas del 11 de julio de 2021, las cuales “dieron lugar a una ola represiva similar a la de la Primavera Negra de 2003”.
“En Cuba se mantiene un cerco legal que prohíbe la existencia del periodismo independiente e impone sanciones a la prensa”, sostienen en el informe. En este sentido, exponen sobre disposiciones legales “que imponen restricciones desproporcionadas al uso de las tecnologías de la información y comunicación”, como lo son el Decreto-Ley 370/2018, el Decreto-Ley 35/2021, el Decreto-Ley 42/2021 y la Resolución 105/2021.
Todas estas agresiones documentadas “reflejan la fragilidad de un periodismo que pugna por hacer de la democracia una realidad”, afirma la organización con sede en México.
Por tales motivos, Artículo 19 recomienda al Estado cubano, entre otros aspectos: liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021; reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales; procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021; garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia, y el acceso a la información de manera universal.
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MIAMI, Estados Unidos. – Cubalex, Civil Rights Defenders y Artículo 19 formalizaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de la periodista de CubaNet Camila Acosta, quien está siendo procesada en la Isla por los supuestos delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir”.
Las organizaciones radicaron su solicitud el pasado 20 de agosto con el objetivo de que el régimen cubano “cese la violación a sus derechos” de la reportera “y así, prevenir daños irreparables a su integridad y dignidad”.
“A partir del año 2019, Camila ha sido víctima de diferentes actos de persecución y hostigamientos, así como violaciones a su derecho a la propiedad, intimidad, domicilio y libertad de expresión, entre otros, a consecuencia del ejercicio de su labor como periodista independiente”, señala el documento enviado a la CIDH.
Las tres organizaciones, dedicadas a monitorear violaciones de derechos humanos y la situación de la prensa en la región, recordaron que Acosta, de 28 años, “permanece regulada con restricción de movimiento y prohibición de salida del país” y que, solo en el último año, “ha sufrido al menos diez desalojos, donde los dueños de los apartamentos rentados son presionados y amenazados por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado para expulsarla de las viviendas”.
Actualmente, Camila Acosta se encuentra bajo medida cautelar de prisión domiciliaria por “desorden público” e “instigación a delinquir”, dos de los cargos aplicados con regularidad contra activistas, opositores pacíficos y periodistas independientes que se manifiestan abiertamente contra la dictadura.
“Camila continúa privada de libertad, bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria, a la espera de que avance un proceso en su contra por los supuestos delitos de Desorden Público e Instigación a Delinquir, cuyas penas oscilan entre 3 meses y 1 año de privación de libertad. Lo anterior, derivado del trabajo periodístico que realizó para reportar los sucesos de la manifestación pacífica del 11 de julio”, indica la solicitud.
Ante esa situación, Cubalex, Civil Rights Defenders y Artículo 19 pidieron a la CIDH que recomiende La Habana varias medidas para la protección de Acosta, entre ellas garantizar su “libertad personal y de movimiento”; “el ejercicio de la libertad de prensa y la devolución inmediata de sus herramientas y material de trabajo” y “el goce pleno de las garantías al Debido Proceso”.
Las organizaciones también solicitaron a la CIDH que exija al régimen castrista la adopción de “las medidas necesarias para superar las barreras estructurales para la garantía efectiva al debido proceso, en especial de personas defensoras de derechos humanos en Cuba”.
Sobre la integridad de la reportera, el documento puntualiza que “no hay razones de hecho ni de derecho que justifiquen su reclusión domiciliaria”, un llamado que pidieron hacer extensivo a “otras y otros periodistas perseguidos por ejercer su profesión”.
“Las organizaciones que acompañamos dicha solicitud, estaremos pendientes de la emisión de las correspondientes medidas cautelares y valoraremos otras vías para salvaguardar los derechos de la periodista Camila Acosta”, sostiene el comunicado.
Cubalex, Civil Rights Defenders y Artículo 19 recordaron además que, “contando todos los días que ha permanecido bajo reclusión domiciliaria ilegal, suman ya dos meses bajo hostigamiento y vigilancia policial permanente” contra la periodista.
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