LA HABANA, Cuba.- En su edición del pasado 6 de abril, el periódico Juventud Rebelde publica la queja de una lectora de la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, acerca de una decisión tomada por los directivos de la Empresa de Productos Lácteos de ese territorio, que no tiene precedentes en ningún otro lugar de la geografía cubana.
Plantea la lectora en cuestión que, desde hace algunas semanas, quienes no se han vacunado o no han completado el ciclo de vacunación contra la COVID-19 están siendo suspendidos de sus centros de trabajo. Se les da un plazo de 72 horas para que se vacunen, transcurrido el cual son expulsados de su centro laboral en caso de no haberse vacunado. Durante el lapso de esas 72 horas no pueden asistir al trabajo ─si lo hacen reciben multas de hasta 2000 pesos─, y esas ausencias se consideran injustificadas, y por tal motivo sin retribución salarial.
Se trata de una decisión administrativa que mantiene anonadados a los trabajadores de ese centro laboral, quienes han tratado de asesorarse con expertos en materia laboral buscando una explicación ante un accionar que consideran arbitrario, pero hasta el momento nadie ha podido ─o no ha querido─ brindar una respuesta al respecto.
La Fiscalía municipal de Manzanillo, por su parte, alega desconocer esa decisión administrativa de la Empresa de Productos Lácteos, pero tampoco ha hecho nada por revertir una situación que agrava la existencia de un grupo de trabajadores que dependen de su salario en esa entidad para mantener a sus familias.
En uno de los párrafos de su queja, la citada lectora apunta que “los mecanismos o instituciones para defender los derechos de los trabajadores no han hecho absolutamente nada. Nadie ha sabido dar una respuesta clara y coherente del porqué de la aplicación de esta medida en Manzanillo, cuando a nivel nacional no ha sido así”.
Por supuesto que la lectora está refiriéndose implícitamente al sindicalismo oficialista, que en teoría está para ocuparse de defender la causa de los trabajadores ante medidas arbitrarias como esta por parte de la administración, pero que una vez más demuestra ser un mero testaferro de las tropelías administrativas.
La queja igualmente alude a la Constitución de la República, en este caso para destacar el derecho al trabajo que le asiste a cada cubano. En efecto, el Artículo 64 de la actual Carta Magna establece que “se reconoce el derecho al trabajo. La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad”.
No obstante, sabemos que por esa vía no es mucho lo que los reclamantes puedan obtener, pues sobran los ejemplos de los muchos cubanos que han sido privados de sus empleos por las autoridades castristas, sobre todo aquellas personas que no comulgan con la ideología oficial.
En última instancia esta anomalía laboral que se presenta en una entidad estatal de la ciudad de Manzanillo constituye una prueba para calibrar unas declaraciones recientes de la estrenada primera secretaria del Partido Comunista en la provincia de Granma, Yanaisi Capó Nápoles. La funcionaria expresó que “esta es una responsabilidad que te pone frente al pueblo, con sus problemáticas y expectativas, por lo que corresponde, ante todo, asumirla con rigor y sensibilidad”. (“El desafío cotidiano de palpitar junto al pueblo”, periódico Granma, edición del 7 de abril).
Toca ahora comprobar si la señora Capó Nápoles es sensible ante un problema del que dependen el presente y el futuro de muchos trabajadores en su provincia.
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