26/05/2021

¿Quienes escriben el nuevo Código de Familias?

Numerosas expectativas, interrogantes y polémicas han acompañado la redacción de un proyecto de nuevo Código de Familias —con el término en plural—. Una propuesta de ley que será sometida a consulta popular y referendo para su aprobación definitiva en cumplimiento de lo establecido en la Constitución.

Esta nueva ley tiene el reto de legitimar realidades diversas, reconocer derechos pendientes y actualizar asuntos en materia de derecho familiar en el país, cuestiones sobre las que la Ley 1289, tras casi cinco décadas de vigencia, no se pronuncia o regula de forma obsoleta.

De la reforma constitucional al proyecto de nuevo Código

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) inició un proceso de reforma constitucional en 2018. Y durante tres meses un proyecto de Constitución fue sometido a una consulta popular. En ese proceso el artículo que más controversia generó fue el número 68 que establecía el matrimonio como «la unión voluntariamente concertada entre dos personas con actitud legal para ello, a fin de hacer vida en común». Y añadía: «Descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y la formación de integral de los hijos (…)». Un cambio con respecto a la Constitución de 1976, que definía el matrimonio como la «unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer».

Ante lo explícito y progresista del planteamiento con respecto al reconocimiento del derecho de todas las personas a la unión legal y a la formación de familias diversas, se opusieron dentro las opiniones de los sectores de pensamiento más conservador de la sociedad, en lo fundamental algunas iglesias.

Aunque las cifras resultantes de la consulta no fueron publicadas —solo se conoció que el 24 % de los comentarios fueron sobre el 68—, el contenido se modificó de manera formal en el texto definitivo de la carta magna.

¿Cómo quedó reescrito? En los nuevos artículos 81 y 82, del Capítulo III «Las Familias», se definió que «toda persona tiene derecho a fundar una familia»; y que «el matrimonio es una institución social y jurídica».

Esta redacción si bien dejó establecida la base constitucional para la garantía legal de la pluralidad familiar fue interpretada como una victoria de los movimientos religiosos fundamentalistas.

Con respecto al derecho al matrimonio igualitario, la redacción vigente lo admite como una posibilidad —aunque el Artículo 68 lo definía como garantía—. Además, para determinar «la forma de constituir el matrimonio» se incluyó en la carta magna la disposición transitoria decimoprimera, que definió un término de dos años para que la ANPP diera inicio al «proceso de consulta popular y referendo del proyecto de Código de Familias».

Por vez primera, desde 1959, se convoca a un debate popular y referendo para aprobar una ley —que no es la Constitución—. El Código de las Familias deberá especificar qué tipo de personas podrán contraer matrimonio en Cuba.

La Comisión y el proyecto

El Cronograma Legislativo presentado por ANPP tenía prevista la presentación del proyecto de Código de Familias en marzo de 2021. Sin embargo, en diciembre de 2020 fue reajustado. Para el período que resta (2021-2022), entre las leyes que deben aprobarse está el Código y debe ser presentado en la sesión ordinaria de la ANPP en julio de 2021.

Para la redacción del proyecto de ley, el acuerdo número 149 de la Gaceta Oficial No. 46 ordinaria de 30 de abril de 2021 definió una Comisión integrada por quince mujeres y dieciséis hombres; en su mayoría diputados de la ANPP, cinco de los cuales ocupan cargos profesionales dentro de la Asamblea. Casi todos los miembros son, además, militantes del PCC o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Los integrantes de la comisión son:

Ana María Mari Machado diputada y actual vicepresidenta de la ANPP. Es también militante y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC- PCC). Licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Penal. Ha sido asesora jurídica, jueza y presidenta de tribunales municipales y provinciales. Fue vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular y presidenta de la Comisión Electoral Nacional en 2010.

Homero Acosta Álvarez, diputado y actual secretario de la ANPP. Militante y miembro del Comité Central del Partido Comunista. Licenciado en Derecho, Máster en Derecho Público y profesor auxiliar adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana (UH). Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC). Su mayor trayectoria laboral ha sido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en los Tribunales Militares, inicialmente como juez militar, y luego como especialista de la Dirección de Tribunales Militares. En el 2001, designado funcionario de la Oficina de Asuntos Internos del CC-PCC. Fue la principal figura política a cargo de la reforma constitucional.

José Luis Toledo Santander, diputado y actual presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP. Militante del PCC. Es licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Jurídicas con experiencia como profesor, fiscal y fiscal jefe en las provincias de Ciego de Ávila y Ciudad de La Habana. Ejerció como vice fiscal general de la República hasta 1994. Fue decano de la Facultad de Derecho de la UH.

Arelis Santana Bello es diputada y actual presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer de la ANPP y militante del PCC. Es Licenciada en Filología y la Segunda Secretaria del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Tiene una amplia trayectoria de trabajo en temas de familia.

Joaquín Miguel Bernal Rodríguez es diputado y actual vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP. Es militante del PCC y funcionario de la Oficina del Segundo Secretario del CC-PCC. Además, es miembro de número de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la UNJC. Tiene experiencia como fiscal. Fue funcionario del PCC en Villa Clara, y luego pasó al CC-PCC.

Oscar Manuel Silvera Martínez es ministro de Justicia, elegido para este cargo y como miembro del Consejo de Ministros en 2018. Es diputado y militante del PCC.

José Ramón Saborido Loidi es ministro de Educación Superior. Diputado y militante del PCC. Graduado de Ingeniería Mecánica en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Doctor en Ciencias Técnicas y profesor titular. En el ámbito docente se desempeñó como profesor, decano, vicerrector y rector hasta su designación, en 2012, como viceministro primero. En julio de 2016 fue nombrado ministro.

Ena Elsa Velázquez Cobiella es ministra de Educación. Diputada y militante del PCC. Doctora en Ciencias Pedagógicas, Máster en Ciencias de la Educación y Licenciada en Educación, con especialidad en Química. Fue decana de la Facultad de Educación Infantil, Vicerrectora de Pregrado y Rectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas «Frank País García». Promovida a Ministra de Educación en 2008.

Rubén Remigio Ferro es presidente del Tribunal Supremo Popular. Diputado y militante del PCC. Licenciado en Derecho y Máster en Derecho Constitucional y Administrativo. Tiene experiencia como presidente de tribunales municipales, juez titular provincial, presidente de la Sala de lo Penal, y presidente del Tribunal Provincial, en Pinar del Río.

Yamila Peña Ojeda es fiscal general de la República. Militante del PCC. Especialista en Derecho Penal y en Defensa y Seguridad Nacional. Trabajó como fiscal jefe provincial de La Habana y como vice fiscal general desde 2017, hasta que fue elegida titular de la Fiscalía General de la República en 2018.

Alexis Ginarte Gato es presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).

Tania Margarita Cruz Hernández es viceministra del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Estudió en Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Militante y miembro actual del CC-PCC.

Rosabel Gamón Verde es viceministra primera del Ministerio de Justicia (Minjus).

Caridad Diego Bello es jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del CC-PCC desde 1993, por tanto, militante del PCC. Diputada a la ANPP. Es Licenciada en Filosofía Marxista–Leninista en la antigua URSS.

Pablo Oden Marichal Rodríguez es líder ecuménico (Fallecido el 3 de mayo de 2021).

Enrique Alemán Gutiérrez es actual presidente de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en Cuba. Director del grupo gestor del proyecto sociocultural Cabildo Quisicuaba y miembro del comité asesor del museo Casa de África y del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Preside la Federación de Espiritistas de La Habana. Es diputado desde 2018.

Mariela Castro Espín es directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Diputada a la ANPP. Es licenciada en la especialidad de Pedagogía-Psicología en el Instituto Superior de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, Máster en Sexualidad y Profesora auxiliar de la Universidad Médica de La Habana. Además, es Jefa de la Cátedra de Sexología y Educación de la Sexualidad de la Escuela Nacional de Salud Pública. Miembro de la Comisión Nacional del Programa Maternidad y Paternidad Responsables. Educación Sexual (CENESEX). Diputada a la ANPP desde 2018.

Yamila González Ferrer es vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y profesora titular de la Facultad de Derecho de la UH. Es Licenciada en Derecho y Miembro del Comité Nacional de la FMC. Es, además, Vicepresidenta de la Directiva Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de la UNJC, y miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal de dicha organización. Tiene experiencia en la coordinación de proyectos de género para la garantía de igualdad entre mujeres y hombres. Colaboradora en materia jurídica del Cenesex y es miembro de su Comisión de trabajo sobre transexualidad y orientación sexual, y de Reproducción humana Asistida.

Leonardo Pérez Gallardo es presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. Es Doctor en Ciencias Jurídicas por la UH, Máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la UH y notario.

Ana María Álvarez Tabío es profesora titular de la Facultad de Derecho de la UH. Es Doctora en Ciencias Jurídicas, especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia. Actualmente es la profesora principal de las asignaturas Derecho de familia y Problemática e Implicaciones que se derivan del reconocimiento de los Derechos de la Personalidad, ambas en la Facultad de Derecho de la UH.

Martha Moreno Cruz es decana de la Facultad de Derecho de la UH. Profesora titular y Doctora en Ciencias Jurídicas. Profesora de las asignaturas de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial) y Derecho Económico. Dirige la Cátedra de Propiedad Intelectual de la Universidad de la UH. Miembro de la Asociación Internacional de profesores de Propiedad Intelectual (ATRIP). Árbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional. Presidenta de la Sociedad de Derecho Económico y Financiero de la UNJC.

Teresa Amarelle Boué es secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Diputada a la ANPP. Militante y miembro del Buró Político del PCC. Licenciada en Historia y Ciencias Sociales. Con experiencia como miembro profesional y primera secretaria de la UJC a nivel municipal, y del Comité Provincial del PCC en Las Tunas.

Ulises Guilarte de Nacimiento es secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Diputado a la ANPP y militante del PCC. Graduado como Ingeniero de Control Automático. Promovido en 2003 a funcionario del CC-PCC. Entre 2007 y 2008, fue vice jefe del departamento de Industria básica y construcción. Ejerció como primer secretario del comité provincial del PCC en La Habana.

Gerardo Hernández Nordelo es coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Diputado y militante del PCC. Fue uno de los cinco agentes de la seguridad del estado cubano que se infiltró en grupos terroristas en Miami y cumplió prisión hasta el 17 de diciembre de 2014. En 2015 fue condecorado con el título de Héroe de la República de Cuba.

Rafael Ramón Santiesteban Pozo es presidente del Comité Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Es diputado y militante del PCC y miembro del Comité Central. Es Licenciado en Contabilidad y Finanzas, Máster en Cultura Política y Económica.

José Ángel Fernández Castañeda es presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Diputado a la ANPP. Militante del UJC.

Hamlet Álvarez Aguilar es presidente provincial de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM) en Mayabeque.

Raúl Alejandro Palmero Fernández es asesor jurídico Empresa Siderúrgica «José Martí» (Antillana de Acero). Diputado y militante de la UJC. Licenciado en Derecho en la UH. Presidente de la FEU hasta 2019.

Idaliena Díaz Casamayor es vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) en Guantánamo. Una de las diputadas más jóvenes elegida en la actual legislatura y militante del PCC.

Aylín Álvarez García es segunda secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Es doble militante de la UJC y del PCC.

Yuniasky Crespo Baquero es actual miembro del buró que atiende la actividad político ideológica en el Comité Provincial del PCC en La Habana. Diputada y militante del PCC. Estudió la carrera de Marxismo Leninismo e Historia. Ejerció como primera secretaria de la UJC en la provincia de Las Tunas y en 2012 fue promovida como primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, cargo que desempeñó hasta 2016.

Están representados diferentes organismos en las figuras de tres ministros (Minjus, MES y Mined); dos viceministras (Minjus, Minsap); el presidente del Tribunal Supremo; la fiscal general; y los directivos del Cenesex y la UNJC, respectivamente.

Cuatro profesores e investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana fueron incluidos; tres de ellos reconocidos como especialistas con una amplia trayectoria de estudios en materia de Derecho de Familia en Cuba.

De los tres integrantes relacionados con el ámbito religioso, el reconocido líder ecuménico Pablo Oden Marichal Rodríguez falleció días después del anuncio oficial de la aprobación de esta. Con su ausencia quedan solo dos integrantes para representar los asuntos (y posturas) religiosos dentro de la Comisión. De ellos, Caridad Diego es la figura de mayor peso. La postura de las iglesias judeocristianas hasta el momento ha sido de oposición al contenido inclusivo e igualitario que puede contener la ley.

Además, ocho miembros de la Comisión representan las organizaciones políticas, de masas y estudiantiles que lideran o integran (PCC, UJC, FMC, CTC, CDR, ANAP, FEU, FEEM); y se incluyen también dos jóvenes diputados, una vicepresidenta de la AMPP de Guantánamo y un asesor jurídico empresarial.

Sobre la conformación de esta Comisión, Mariela Castro Espín, miembro de ella, ha referido que entre los criterios que siguió el Consejo de Estado para su conformación estuvo: la inclusión de «personas que en su mayoría son diputados y diputadas a la Asamblea Nacional», de «algunos expertos que han trabajado previamente en las investigaciones y la organización de los procesos que dieron lugar al primer documento que se le va a presentar a la Comisión», así como que en esta «hubiese una representación plural de los diferentes sectores de la sociedad cubana, como organizaciones de masas y otras de la sociedad civil».

No obstante, al margen de estos comentarios, no se ofreció información oficial alguna para argumentar la selección de estos miembros, su idoneidad para integrar la Comisión.

De tal forma, aunque su composición incluye figuras de sectores diversos —en su mayoría diputados—, se desconocen las posturas y opiniones de un gran número de ellos en relación con el tema del derecho al matrimonio igualitario y a la conformación de familias diversas, que resultan los asuntos más controversiales.

Más allá del hecho nominal de representar a un grupo u organización política o social determinada, no se puede establecer cuánto y cómo pueden contribuir varios de los miembros a la redacción de una ley inclusiva.

Solo en algunos casos se conocen criterios emitidos en comparecencias públicas, declaraciones a los medios y mensajes en las redes sociales.

Teresa Amarelle Boué (FMC) y Raúl Alejandro Palmero Fernández participaron en los debates de la ANPP en plenaria, sobre la modificación del Artículo 68 en la Constitución vigente. Ambos apoyaron las decisiones de definir los detalles sobre la composición del matrimonio en el nuevo Código, así como someterlo a consulta popular y referendo. Amarelle Boué respaldó la necesidad de actualizar nuestro Código, a partir del propio escenario que estamos viviendo; que existe un vacío legislativo, que hay que darles a las personas los derechos que hoy no tienen.

Mariela Castro (Cenesex), una de las figuras públicas que más ha respaldado la pluralidad de derechos en el contexto social cubano; y los destacados especialistas en Derecho Familiar, Dr.C. Leonardo Pérez Gallardo, la Dr.C. Ana María Álvarez Tabío y la Dr.C. Yamila González Ferrer han referido a la prensa la necesidad de un nuevo Código para darle cauce a la Constitución y para que se vean reflejados, no solo los modelos familiares, sino también la manera en que se conforman hoy las relaciones familiares; que este Código va a dar lugar al reconocimiento y garantía de la pluralidad y diversidad de familias que existen en nuestro país y que deben tener un respaldo en la ley; y que debe responder a los paradigmas constitucionales de igualdad y no discriminación, dignidad, respeto a la diversidad.

Oscar Silvera Martínez (ministro, Minjus), Ana María Mari Machado (ANPP), Arelys Santana Bello (ANPP), Rosabel Gamón Verde (Minjus), Aylín Álvarez (UJC), José Ángel Castañeda (FEU), Hamlet Álvarez (FEEM, Mayabeque) e Idealiena Díaz (diputada, Guantánamo) suscribieron en Twitter, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, mensajes contra la discriminación; por la igualdad, la inclusión, la eliminación de prejuicios; el derecho de todos a formar una familia, y la garantía de todos los derechos para todas las personas.

Los especialistas han asegurado que otros temas medulares de la realidad cubana actual deberán verse reflejados en este proyecto de ley. Asuntos como el reconocimiento de la unión de hecho entre las personas; los vínculos filiatorios de quienes han decidido tener hijos a través de las técnicas de reproducción humana asistida; los procesos de adopción; la protección a los adultos mayores y personas en situación de discapacidad; la violencia familiar. De igual modo, deberá incluirse la eliminación de la excepcionalidad para el matrimonio infantil; la eliminación de los obstáculos al derecho de comunicación entre quienes conforman un hogar y el derecho de las parejas a pactar el régimen económico del matrimonio o unión consensual; entre otros.

Sobre el derecho al matrimonio igualitario y la formación de familias diversas quedan las expectativas e interrogantes esenciales: ¿reflejará la Comisión redactora de la ley la garantía de todos los derechos para todas las personas? Y si así fuera, entonces, ¿podrían posibles resultados desfavorables del debate popular obstruir la garantía de estos derechos?