El 29 de septiembre de 2021 fueron aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba (Mipymes); cinco meses después, la cifra asciende a dos mil 237, de ellas el 97, 8 por ciento (%) son privadas.
De manera general se han autorizado dos mil 269 nuevos actores económicos, un proceso que marcha sobre rieles, si de cuestiones estadísticas se trata.
En una reciente Mesa Redonda sobre el tema, en la cual participaron Johana Odriozola, viceministra de Economía y Planificación, y Olga Lidia Pérez, directora general de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia, se informó que una cuestión de relevancia es que las Mipymes no están concentradas en los municipios cabeceras.
Al cierre del 2021, el 80% de los municipios tenían nuevos actores aprobados, muestra de que la inserción no se ha quedado en una sola región del país.
Con cierre del 17 de enero último, la producción de manufactura tiene una presencia significativa, que incluye la fabricación de materiales de la construcción, y la producción de calzado y confecciones desde del hogar; mientras que la producción de alimentos representa casi el 19 % de los actores.
Entre las principales dificultades se mencionaron la existencia de trabas en el proceso de autorización, dilaciones, incumplimiento en algunos casos de los términos, e incomprensiones basadas en elementos subjetivos.
Destaca también el hecho de que existen procedimientos que aún no están escritos y la necesidad de cambiar modos de hacer de las instituciones involucradas.
La constitución legal de las Mipymes ha representado un reto, trascendió en la mencionada Mesa Redonda, aun cuando se tenía cierta experiencia de la implementación de los primeros lineamientos en 2011.
Se han identificado debilidades como la ausencia de un asesoramiento jurídico previo y hay deficiencias todavía en la redacción de los estatutos, que son los que regulan la vida en sociedad.
Un ejercicio de introspectiva
La Habana, quizás por su condición de capital, es la provincia del país con más nuevos actores económicos aprobados.
En búsqueda de opiniones sobre cómo marcha el proceso, la Agencia Cubana de Noticias se acercó a varios de sus protagonistas.
En el caso de la Mipyme estatal Calisoft, la representante del socio único (Grupo de la Informática y las Comunicaciones) que tendrá la empresa, María Marta Hernández Burgess, dijo que tras la aprobación oficial, los mayores problemas radican en el desconocimiento por parte del banco para abrir las cuentas de esos nuevos sujetos; a su entender existen mayores dudas para tratarlos que si fueran privados.
La asesora que tendrá la mediana empresa dijo que, al ser antes una unidad presupuestada, los trabajadores inician con el reto de demostrar eficiencia en sus indicadores económicos, la rentabilidad del proyecto y satisfacer la demanda nacional.
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Añadió que a lo largo del periodo de constitución se han enfrentado a otras dudas, no vinculadas al aspecto legal, pero sí relacionadas con el funcionamiento del modelo de gestión.
Desconocían, afirmó, si crear un nuevo núcleo del Partido Comunista y un comité de base de la UJC o mantener las estructuras existentes, y qué tratamiento dar a los cuadros.
El objeto social de la Mipyme será brindar servicios asociados a gestionar y mejorar la calidad de los productos y servicios informáticos que se realizan en Cuba o se importen; además, brindará asesoría y evaluará los procesos vinculados con la producción de dichas herramientas por parte de las entidades.
En el caso de la Mipyme Lua, que fabrica y comercializa productos de aseo y tocador, su presidente Julio José Del Campo Oquendo comentó que en la etapa de constitución, excepto en el banco, en los restantes organismos (Notaría, Registro Mercantil, Oficina Nacional de Administración Tributaria) las gestiones fueron ágiles y sin inconvenientes.
A decir de Del Campo Oquendo una de las mayores problemáticas es el pago en moneda libremente convertible (MLC) a los socios estatales, en su caso Tecnoazúcar, a quien le compran el alcohol, cuya materia prima es casi en su totalidad de producción nacional y se adquiere a través de la caña de azúcar de los campos cubanos.
“Entiendo que el pago en MLC está sujeto a componentes importados, pero debería aprobarse que las transacciones sean un porcentaje en MLC y otro en pesos cubanos, pues la venta de nuestros productos se hace al mercado nacional”, añadió.
Si un litro cuesta 1.10 MLC, para adquirir la divisa tenemos que recurrir al mercado informal con la tasa de cambio distorsionada; de ese litro saco cinco colonias y eso encarece enormemente el producto. Nuestra idea no es hacernos ricos, sino ser rentables y subsistir, acotó Del Campo Oquendo.
Asimismo, Carlos Pérez Reyes, presidente de Dofleini Software, primera mediana empresa constituida oficialmente en Cuba, opinó que cinco meses después de comenzar a aprobarse los referidos actores, los organismos vinculados a ese proceso han adquirido mayores conocimientos, en parte, por las capacitaciones y la experiencia.
Dofleini Software se incubó en el Parque Científico- Tecnológico de La Habana y al decir de su líder contó con todas las ventajas que ello propició: libre de impuestos sobre la ganancia de la empresa por cinco años y asesoría especializada en temas jurídicos y comerciales.
Pérez Reyes destacó que entre las desventajas, al menos temporal, de convertirse en Mipymes sobresale la atención a temas burocráticos asociados a una empresa.
“Tuvimos que contratar a otro económico y nos vimos obligados a rentar un sistema para la gestión contable, certificado en el país, lo que generó un costo adicional, y que tampoco está en perfectas condiciones, pues es un sistema complejo no carente de errores”.
Opinó que de manera general se percibe el desconocimiento del marco legal existente en relación con la empresa estatal y las Mipymes, y consideró que muchas normas deben cambiarse en función de adaptarse a los nuevos modelos de gestión.
Ello ha afectado la agilización de procesos de oportunidades de importación, las relaciones contractuales y la inversión, aclaró.
No obstante, afirmó que las ventajas son diversas y tienen mayor peso, pues al ser empresa pueden acceder a productos y servicios diseñados antes solo para personas jurídicas: servicios de trasportación, renta de inmuebles y gastronomía.
Se genera confianza con personalidad jurídica, tenemos acceso a un mercado mayorista y podemos contratar de manera formal a los empleados, los cuales reciben todos los beneficios existentes como licencia de maternidad y jubilación garantizada, y así se crea mayor sentido de pertenencia, significó.