Cuba se abstuvo en la votación del proyecto de resolución que condenó y declaró ilegal la invasión rusa a territorio ucraniano. El proyecto se aprobó en la mañana del 2 de marzo de 2022 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La resolución, aprobada por 141 votos a favor, condenó en los términos más fuertes la agresión de la Federación rusa contra Ucrania y la consideró una violación de lo establecido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.
Entre otros asuntos, la resolución demanda el cese inmediato de la fuerza contra Ucrania y exige a Rusia abstenerse del uso de cualquier otra amenaza ilegal contra los Estados miembros de las Naciones Unidas. Demanda, además, la retirada incondicional del ejército ruso más allá de las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente.
El documento reclama también a Rusia que revierta su reconocimiento a las autodenominadas repúblicas de Lugansk y Donestk, y rechaza la complicidad de Bielorrusia en la invasión —este Estado fue uno de los cinco países que se opuso a la aprobación de la resolución, junto a Corea del Norte, Eritrea, Siria y Rusia—.
Como la mayoría de las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la ONU, esta no posee carácter vinculante. Su discusión y aprobación en la Asamblea General es el resultado de un fallido intento previo de que fuera el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que se pronunciara al respecto.
El borrador de resolución fue presentado primero en el Consejo de Seguridad —órgano que sí tiene la capacidad para definir cuándo un acto de un Estado constituye una agresión y, en consecuencia, puede disponer medidas que incluyan el empleo de la fuerza para lograr el restablecimiento de la paz—. Al interior del Consejo de Seguridad, cinco miembros permanentes tienen derecho al veto: China, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia. Estos países tienen la capacidad de bloquear con su único voto cualquier decisión tomada por el resto de los integrantes del Consejo.
Rusia hizo uso de ese derecho para vetar la posibilidad de que el Consejo de Seguridad se pronunciara en su contra. La improcedencia de determinadas solicitudes ante el Consejo de Seguridad no impide que los Estados afectados sometan el tema vetado a consideración de la Asamblea General; ello a sabiendas de que las resoluciones emanadas de este organismo tienen efectos más políticos que jurídicos. Esa es la motivación fundamental del Gobierno cubano para presentar todos los años a la Asamblea General un proyecto de resolución de condena contra las sanciones estadounidenses.
Desde la declaración oficial del Gobierno cubano, emitida el 26 de febrero de 2022, las autoridades expresaron su desacuerdo con el proyecto de resolución. Allí se afirmó lo que fue repetido por el embajador cubano ante la ONU, Pedro Luis Pedroso Costa, durante su intervención el primero de febrero de 2022 ante la Asamblea General: que el proyecto de resolución no había sido aprobado en el Consejo de Seguridad y por esa razón se pretendía presentarlo nuevamente ante la Asamblea General. Esa afirmación es engañosa y demuestra la hipocresía y el doble rasero del Gobierno cubano. Dos actitudes que el embajador dijo eran rechazadas por Cuba.
Es cierto que la resolución, después aprobada por la Asamblea General, fue presentada primero por los Estados Unidos y Albania en el Consejo de Seguridad. En ese órgano fue apoyada por 11 de los 15 Estados miembros y, si seguía una lógica democrática, debió haberse aprobado. Al apoyo de los 11 miembros se sumó la abstención de otros tres: India, Emiratos Árabes Unidos y China —país este último que también posee derecho al veto y que muchos esperaron pudiese acompañar a Rusia—. A pesar de este apoyo mayoritario, Rusia —que además ostentaba la presidencia del Consejo de Seguridad durante el debate— utilizó su poder de veto para protegerse de las posibles consecuencias de una decisión tomada por la mayoría de los miembros del Consejo. Un poder que Cuba ha cuestionado en otras ocasiones.
La posición de Cuba durante la votación del proyecto de resolución una vez presentado en la Asamblea General era previsible. Desde la declaración gubernamental dada a conocer días antes, las autoridades cubanas anunciaron sus consideraciones. Expresaron que el proyecto de resolución no se concibió “como una contribución real a la búsqueda de soluciones a la actual crisis”, sino que se trataba de un “texto desbalanceado, que no toma[ba] en cuenta las legítimas preocupaciones de todas las partes involucradas”.
El embajador Pedroso Cuesta utilizó en su intervención ante la Asamblea General (primero de marzo de 2022) —y de manera textual— algunos de los pasajes de la declaración oficial cubana. Sin embargo, no mencionó un elemento defendido por esta y negado en la resolución: el derecho de Rusia a defenderse mediante una invasión.
La posición de Cuba rememora el voto que en 1980 —mientras el archipiélago era, incluso, presidente del Movimiento de los Países No Alineados (NOAL)— emitió a favor de la Unión Soviética (URSS) y en contra de una resolución aprobada en la Asamblea General que condenaba la invasión de la URSS a Afganistán.
Contrasta también con su voto favorable a una resolución —aprobada en 1989 en el propio organismo— que reprobaba la ilegal invasión de Panamá por parte de la Administración estadounidense. Esta resolución rechazaba —en igual sentido que lo hace hoy la resolución contra la invasión de Ucrania— “profundamente la intervención en Panamá de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América” y exigía tanto el cese inmediato de la injerencia como la “retirada de Panamá de las fuerzas armadas invasoras de los Estados Unidos”.
La abstención de Cuba en la votación de la resolución sobre la invasión rusa a Ucrania no solo era previsible, sino esperada. Días antes, el 28 de febrero de 2022 en una reunión celebrada por el Consejo de Derecho Humanos —al que Cuba pertenece—, los representantes cubanos votaron en contra de una solicitud formulada por Ucrania para celebrar un debate urgente sobre la “situación de los derechos humanos (…) derivada de la agresión rusa”. Junto a Cuba se opusieron a la celebración de ese debate China, Venezuela, Eritrea y Rusia. Sin embargo, tras una votación nominal cuyos resultados fueron: 29 votos a favor, cinco en contra y 13 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos decidió celebrar el debate urgente.
Entre las ideas que podían haberse dejado de expresar en el Consejo de Derecho Humanos si la posición de Cuba prosperaba se encuentran las comunicadas por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, quien aseguró que el ataque militar a Ucrania ponía en peligro innumerables vidas. Bachelet afirmó que entre el 24 y el 27 de febrero de 2022 su oficina había registrado 102 civiles muertos —incluidos siete niños— y 304 heridos. Asimismo, aseguró que el alto comisionado para los refugiados informó que 422 000 personas habían huido de Ucrania y muchas más se habían desplazado a otras zonas del país.
Bachelet dijo también que era necesario actuar para poner fin a los conflictos, respetar la Carta de las Naciones Unidas y acatar el derecho internacional. Un exhorto que Cuba dice cumplir al tiempo que intentó bloquear los debates de esas ideas y se abstuvo de condenar una invasión contraria a esos instrumentos.
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