A menos de una semana de que inicie el proceso de consulta del Código de las Familias en Cuba (del 1 de febrero al 30 de abril de 2022), la ciudadanía desconoce las disposiciones básicas que le permitirían una participación protagónica y no mediada. Hasta la fecha, el Consejo Electoral Nacional (CEN), la más alta autoridad del país en esta materia, no ha publicado normativa o disposición alguna que regule las bases legislativas de la consulta. Las especificaciones sobre cómo se llevará a cabo el proceso se manejan con total opacidad.
Reportes de la prensa oficial indican que sí existen planes de comunicación, transportación y alimentación para garantizar el funcionamiento transversal del proceso y el traslado de la información durante la consulta. De igual manera, parecen haberse proyectado tareas de aseguramiento que incluyen la distribución de la “documentación a utilizar en cada etapa”. Como parte de esas labores, están planificados encuentros con el parlamento “para evaluar las tareas del diseño, reproducción y fechas de entrega de los proyectos a utilizar en soporte digital y papel”.
Ninguno de esos planes o documentación han sido publicados por el CEN. Sin embargo, parte de esos documentos serán utilizados para capacitar a las autoridades electorales de circunscripción, las comisiones especiales y los grupos de procesamiento de la información. Ante la falta de una norma jurídica pública emitida por el CEN, esos documentos serían indispensables para que la ciudadanía interesada pudiese participar en las reuniones y actuar como fiscalizadora.
Todo parece indicar que la información sobre la forma en que se desarrollará el proceso volverá a estar mediada por los escuetos reportes de prensa, reproductores de las —a su vez filtradas— informaciones de las autoridades electorales.
El 19 de diciembre de 2021 la presidenta del CEN, Alina Balseiro, compareció ante las Comisiones Permanentes de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). De ese intercambio —que no se transmitió en vivo por ninguna plataforma— se pudieron obtener algunas pistas —ante la ausencia de otros materiales—sobre cómo se desarrollará la consulta popular del Código de las Familias.
Para una mejor sistematización del asunto, se proponen las preguntas:
1. ¿Dónde se desarrollará la consulta? ¿Cuáles son las formas de recolección de las inquietudes de la ciudadanía?
De acuerdo con Balseiro, se habilitarán más de 78 000 puntos de reunión en todo el país. Los lugares fueron elegidos según las formas más básicas de organización político-territorial en Cuba: las circunscripciones. Allí tendrán lugar reuniones en las que los electores podrán entregar sus propuestas por escrito o expresarlas de manera verbal. La presidenta del CEN aseguró que las reuniones cumplirán con el principio de respetar el criterio de los electores y no establecer discusiones con estos.
Los cubanos que se encuentren en misiones oficiales en el exterior o sean miembros del cuerpo diplomático podrán participar en reuniones organizadas en el extranjero por la comisión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Por su parte, los cubanos no vinculados a misiones oficiales o al cuerpo diplomático que residan en el exterior solo podrán emitir sus criterios a través de un sitio web que habilitará el Minrex a los efectos de la consulta. La Asamblea Nacional del Poder Popular también pondrá a disposición pública un correo electrónico para recibir propuestas o inquietudes relacionadas con el anteproyecto del Código de las Familias.
2. ¿Qué tipo de propuestas podrán hacerse?
Al parecer, los planteamientos de los electores se compilarán según diferentes categorías dentro de las que se encuentran: modificaciones a la norma, eliminaciones a la norma, dudas de los electores con relación a la norma, favorables y otras. El significado de estas dos últimas clasificaciones no ha quedado claro en los reportes de prensa, pero si se atiende a las experiencias anteriores puede presumirse que las autoridades electorales cubanas cuando mencionan el término “favorables” se refieren a todos aquellos planteamientos que se limitan a ofrecer apoyo y demostrar acuerdo con la propuesta legislativa consultada. El término “otras” podría referirse a cualquier planteamiento que no encuadre en el resto de las clasificaciones.
3. ¿Quiénes dirigirán los intercambios y las reuniones?
La organización y moderación de los intercambios correrá a cargo de las comisiones electorales de circunscripción y las especiales que se creen, sobre todo para escuchar el criterio de los cubanos que se encuentren en misión oficial en el extranjero —sean parte del cuerpo diplomático o formen parte del ejército regular—.
4. ¿Cómo y quién recopilará la información derivada de los intercambios?
Se crearán “grupos auxiliares de procesamiento de la información a nivel de municipio”. Estos grupos estarán integrados, de acuerdo con lo expresado por la presidenta del CEN, por “juristas y expertos electorales, quienes son las personas familiarizadas con estos temas”. A pesar de la cercanía del inicio de la consulta, la ciudadanía aún no conoce quiénes son y mucho menos las credenciales de los juristas que serán, en última instancia, quienes definan qué planteamientos son valederos o no.
Los grupos auxiliares de procesamiento de la información parecen ser los encargados de recopilar y clasificar la información emitida desde las circunscripciones, y con posterioridad la remitirán al Consejo Electoral Municipal correspondiente.
Como en consultas anteriores, para “agilizar la recogida y procesamiento de los criterios, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) y la empresa Datys diseñaron dos sistemas de gestión informática (XISCOP y GEMA-CEN), sobre los que se han realizado pruebas piloto para comprobar su funcionamiento con resultados satisfactorios”.
La UCI también desarrolló la aplicación “Consulta Popular” que, de acuerdo con el criterio de las autoridades electorales, “contribuirá a la preparación de los electores, previa participación en su punto de reunión”.
Los elementos publicados hasta la fecha demuestran que la información existe y también las herramientas telemáticas que facilitarán su procesamiento y divulgación. No caben entonces justificaciones que impidan a los gestores de la consulta y al Gobierno cubano socializar y garantizar el amplio acceso de la ciudadanía a los datos relacionados con el proceso.
El acceso a esos datos no solo es un derecho humano negado a la ciudadanía cubana hasta hoy. Esos datos son imprescindibles para evaluar la real incidencia de los criterios populares en las decisiones políticas que toma el Gobierno. Son también indispensables para que los actores de la sociedad civil interesados en impulsar una agenda relacionada con los contenidos del Código de las Familias puedan articular campañas y acciones paralelas a la realización de la consulta popular. El diseño de esas campañas y acciones dependerá de los resultados periódicos que arroje la consulta.
Hasta el momento las autoridades electorales cubanas han anunciado que ofrecerán dos cortes informativos durante toda la consulta del Código de las Familias y no han dado garantías de que los resultados puedan consultarse en tiempo real.
Abogar por la más amplia transparencia que incluya la publicación de la documentación existente hasta la fecha y los resultados periódicos de la consulta podría ser una de las principales acciones a desarrollar por la sociedad civil interesada en el impulso de los contenidos del futuro Código de las Familias.
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