Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio de 2021 —según un subregistro del colectivo Justicia11J—. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad en centros de atención a menores o en prisiones comunes; algunos han cumplido la mayoría de edad en reclusión. A todos se les puede considerar presos políticos.
La información procesal de estos menores de edad no es conocida por igual; la Fiscalía no ha emitido las peticiones fiscales para cada uno de los casos, lo cual imposibilita el acceso a detalles sobre la situación de estos niños. Las peticiones fiscales son los documentos en los que quedan señalados los hechos, los delitos y las sanciones que deben sufrir los acusados por sus acciones.
Por otro lado, el registro de Justicia11J solo se basa en el monitoreo y búsqueda que realizan en las redes sociales, y de los contactos que de esta manera han podido establecer con familiares de los reos.
Las familias de algunos de esos niños niegan que ellos hayan participado en el estallido social del 11J. Ese es el caso de William Chenier Ríos Arrieta, de 16 años, quien fue detenido en los días posteriores al 11 de julio. Aún se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente. Allí espera su juicio.
Rowland Jesús Castillo Castro cumplió los 18 años durante su encierro. La Fiscalía lo acusa de haber participado en la manifestación que salió del cine Mantilla y se movió por la calzada de Managua y Diez de Octubre, el 11 de julio. A Castillo Castro le piden 23 años de prisión por supuestamente haber lanzado piedras a agentes del orden durante la protesta y haber participado en el volcado de dos patrullas de la policía y dos autos pertenecientes a la Asamblea del Poder Popular.
Brayan Piloto Pupo, Kendry Miranda Cárdenas, Lázaro Noel Urgellés Fajardo y Brandon David Becerra Curbelo se encuentran en la misma situación de Rowland J. Castillo. Todos fueron acusados mediante el mismo expediente por su participación en las protestas que se sucedieron en Diez de Octubre. La Fiscalía ha considerado que todos son responsables del delito de sedición —algunos también del delito de hurto—.
A Kendry Miranda la Fiscalía le solicita 20 años en prisión porque durante su participación en las manifestaciones “gritó frases provocadoras y ofensivas a los dirigentes y al sistema socialista; volcó patrullas y tomó una planta de comunicaciones de uno de los autos volcados”. Kendry tiene 17 años.
Para Brandon D., Brayan y Lázaro N. la Fiscalía pide 18, 16 y 13 años de privación de libertad, respectivamente.
Varios de los menores de edad que participaron en las protestas se encuentran en libertad; pero esa situación momentánea no los exonera de recibir condenas de decenas de años. Así sucede con Giusseppe Belauzaran Guada, de 16 años, acusado de sedición y hurto, y asegurado con una fianza. Belauzaran Guada se manifestó en Diez de Octubre y teóricamente se llevó un par de botas de agua de una de las patrullas volcadas. En su juicio deberá defenderse de un delito de sedición y otro de hurto por la sustracción de las botas. Se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de cárcel.
Emi Yoslán Román Rodríguez quien cumplió 18 años en prisión y Nelson Néstro Rivero Garzón, de 17, participaron en la manifestación de la Güinera; sitio en el cual se produjeron cruentos enfrentamientos con las autoridades. Ambos están acusados de sedición y les piden 15 años de prisión.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, se convirtió en padre mientras estaba recluido. Su madre, Bárbara Farrat, ha alcanzado notoriedad por sus denuncias en redes sociales en contra de la situación que vive Jonathan. En una de sus intervenciones más recientes, Bárbara dijo que a su hijo, que tiene problemas de hipertensión por lo que es dependiente del enalapril, lo llevaron a una consulta de cardiología sin que ella fuera notificada. El traslado al centro médico ocurrió con el menor esposado de manos y pies.
La Fiscalía no ha emitido conclusiones provisionales en contra de Jonathan. Por ende, no se conoce cuál delito se le imputa o cuánto tiempo se solicita que permanezca en prisión. No obstante, sus familiares informaron que el abogado de Torres Farrat les comunicó que el menor podría ser acusado por lanzar una piedra durante las manifestaciones sucedidas en Diez de Octubre. El padrastro de Jonathan ha referido que esas piedras fueron lanzadas como respuesta a las piedras y los tiros que lanzaban las autoridades policiales para impedir el avance de los protestantes hacia el Capitolio.
¿Qué ha referido la Fiscalía sobre el porqué menores de edad han sido acusados de sedición?
La Fiscalía cubana consideró que se debía imputar el delito de sedición a varios menores porque “formaron una turba que acordó desafiar e irrespetar instituciones oficiales cubanas comprometidas con garantizar la seguridad y la tranquilidad ciudadana”. Lo hicieron, de acuerdo con el criterio de esta institución, “de manera brutal, utilizando un lenguaje obsceno y ofensivo que incitaba a la violencia, lanzando objetos contundentes, tanto a personas como a locales y bienes, que representaban estas instituciones, arrasando y destruyendo todo lo que se encontraban en el camino y que asociaban a esas instituciones, o a simpatizantes y defensores del Gobierno cubano”.
Esos manifestantes también pueden ser considerados sediciosos porque —asegura la Fiscalía— “respondieron a exhortaciones en redes sociales, a manifestarse violenta y simultáneamente en diferentes localidades del país y desconocer la autoridad de instituciones estatales cubana, con el propósito de alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba”.
El delito de sedición es un delito contra la seguridad del Estado y es profundamente político. Se trata del delito que protege a un Estado de su desarticulación. Pero en Cuba puede utilizarse para proteger a la clase política que gobierna de un pueblo que le reclama.
La ausencia de democracia y la existencia de un poder totalitario en Cuba ha favorecido que haya niños manifestantes privados de libertad y funcionarios de alto rango que lo niegan. Niños que esperan en prisión o fuera de ella porque un tribunal, dependiente de ese poder, los condene a decenas de años en prisión por haber expresado su hastío.
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