MADRID, Estados Unidos — En Economía, pronosticar el futuro es una tarea complicada. Más aún cuando entraña profundas transformaciones estructurales, como ocurrirá en el caso de la economía cubana, donde el modelo social comunista resulta inviable, por obsoleto, y tendrá que ser reemplazado por la libertad económica. Quizás por ello no sea fácil determinar qué podrá ocurrir con los adultos mayores en una futura Cuba democrática y con un sistema económico distinto del actual. No obstante, para dar respuesta a esta cuestión, como siempre, lo mejor es ir a los hechos.
Según los datos del Anuario Estadístico Demográfico de Cuba en 2020 (publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información / ONEI), ese año existían en Cuba 2 357 312 adultos mayores de 60 años, de los que 1 092 005 eran hombres y 1 265 308 mujeres. Nada más y nada menos que los mayores de 60 años supusieron el 21,1% de la población total, casi la quinta parte. Este último colectivo irá en aumento en los próximos años como consecuencia del descenso experimentado por la natalidad en Cuba y el aumento de la esperanza de vida. Las tendencias del pasado reciente son exponenciales: en 2002 los mayores de 60 años alcanzaban el 14,7% del total; en 2020, ese 21,1% citado, con un aumento del 43% en 18 años.
En 2020, la cifra de natalidad (105 038) se situó por debajo de la mortalidad (112 439) tras haber quedado ambas magnitudes emparejadas en 2019. Como consecuencia, la población mayor de 60 años pasará a representar el 32,5% del total en 2035, año en que la población cubana llegará a 11 098 477 habitantes, un 0,7% por debajo de la cifra alcanzada en 2020.
Se trata de un escenario en el que si no se producen llegadas del exterior que compensen la debilidad del crecimiento vegetativo todo apunta a un estancamiento de población que es la peor base sobre la que construir el desarrollo económico y prosperidad de una nación. Al mismo tiempo, este declive demográfico plantea una serie de problemas financieros, fiscales y de salud pública nuevos para los que hay que prepararse cuando antes.
Volviendo al momento actual, las informaciones no oficiales procedentes de la Isla detallan con absoluto rigor la grave problemática de la población mayor de 60 años, los jubilados y, sobre todo, el denominado grupo de adultos mayores, donde todavía existen problemas mucho más complejos. Entre otros, se citan las bajas pensiones de jubilación, que apenas alcanzan para comprar bienes y servicios en los mercados informales que son los más surtidos.
En 2020, la pensión media se situaba en 441 pesos, una cifra que con la Tarea Ordenamiento a comienzos de 2021 se incrementó hasta 1 678 pesos, tras la unificación del peso y el CUC y los ajustes de salarios y precios acordados por el régimen. De igual modo, la pensión mínima se estableció en 1 528 pesos. Estas cifras deben ser comparadas con el salario mínimo establecido igualmente por la Tarea Ordenamiento en 2 100 pesos.
Los cambios experimentados en las pensiones y salarios no han podido afrontar los aumentos de la inflación provocada por la Tarea Ordenamiento, 63,3% el IPC oficial en septiembre, y, según Marino Murillo, de 6 900% en los mercados informales. Lógicamente, la pérdida de poder adquisitivo golpea intensamente a estos sectores vulnerables que, por otra parte, se han visto perjudicados por la reducción de subsidios y gratuidades de la Tarea Ordenamiento.
También es cierto que esta población, en un porcentaje relativamente elevado, sobrevive gracias a las remesas o ayudas procedentes de los familiares en el extranjero. Aunque no se dispone de cifras estadísticas para obtener conclusiones, es evidente que las pensiones medias ya no son suficientes para afrontar la canasta normada, que Murillo calculó en la Asamblea Nacional en 2 347 pesos en marzo, para subir en mayo a 2 628 pesos, en junio a 2 700 pesos y en agosto a 2 821 pesos, frente a los 1 528 pesos que se habían planificado inicialmente. La pensión mínima actual (1 528) no cubre ni el 54% de la canasta. La carestía de la vida es angustiosa.
En suma, una situación complicada que las políticas públicas actuales no consiguen resolver y que se cierne sobre este colectivo vulnerable. Los adultos mayores en la economía social comunista cubana malviven con pensiones que tienen un bajo poder adquisitivo, reciben servicios de pésima calidad del estado o en disminución en términos de su valor subsidiado, y necesitan las remesas que envían las familias del exterior para poder llegar a fin de mes. A ver quién protesta.
Ante dicha situación, cabe preguntarse ¿Qué pasaría con estos ancianos en una Cuba sin castrismo? ¿De qué modo el nuevo gobierno democrático tendría que afrontar el pago de jubilaciones a este grupo y diseñar y ejecutar nuevos subsidios acordes a las necesidades específicas del colectivo?
La democracia exigirá participación política y voto ciudadano hacia opciones competitivas que tratarán de atraer al electorado hacia sus planteamientos. En Cuba esa competencia no cabe duda de que prestará la máxima atención a los adultos mayores por su relevancia social y electoral, de modo que cualquier gobierno que aspire a gobernar atendiendo las demandas sociales de la población no podrá olvidar a los adultos mayores. Su peso en el resultado electoral será determinante de una atención mucho más responsable que la dedicada actualmente.
Por otra parte, una economía cubana más productiva, eficiente y con capacidad para generar recursos con sus motores internos, lejos de ser una amenaza para los adultos mayores, podrá ser un revulsivo importante de sus condiciones de vida. Por lo pronto, el aumento que cabe esperar de la oferta de bienes y servicios se dejará sentir en un descenso general de precios, que mejorará de forma notable el poder adquisitivo de pensiones y rentas obtenidas por toda la población, justo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad.
Si la economía mejora, y con ello las oportunidades de empleo y prosperidad, Cuba podría poner fin al cuadro demográfico pesimista de descenso poblacional que se ha expuesto antes y promover un crecimiento de la base social que facilitase recaudar más recursos para sostener el sistema de pensiones. La principal debilidad del sistema cubano reside ahí: las cuotas de trabajadores y empresas son insuficientes para financiar las pensiones. Ello plantea problemas de sostenibilidad del sistema que pueden llegar a ser difíciles de resolver cuando los mayores de 60 años alcancen ese 32,5% del total en 2035. La ministra de finanzas y precios en la liquidación del presupuesto de 2020 informó que la seguridad social recibió 9 670 millones de pesos (el 13% del total) para atender las pensiones de 1 600 000 personas y otras prestaciones a corto plazo.
La atención a los adultos mayores en una Cuba democrática se podría ver muy beneficiada del capital humano médico y de servicios sociales que existen en la Isla, si se actúa de forma adecuada para promover su orientación al mercado internacional. Se trataría de atraer a Cuba a personas mayores de otros países que deseen percibir unos servicios de atención y médicos especializados. Los convenios de colaboración de seguridad social entre países podrían ayudar a tal fin. Para ello, hay que apostar por residencias privadas y, por qué no, estatales también, que compitan en los mercados mundiales por esos jubilados necesitados de cuidados especiales.
Además, existen soluciones que el gobierno democrático podría ensayar y que exigirán la aprobación y consenso de todas las fuerzas políticas. Una de gran alcance sería apostar por un sistema privado de financiación de pensiones que, regulado de forma adecuada por el gobierno y con el máximo consenso político, capitalizara no solo la contribución de los trabajadores activos y los planes que las empresas pudieran realizar, sino también, en el caso específico de Cuba, buena parte de los recursos económicos, sin duda importantes, que se podrán obtener con los procesos de privatización del capital productivo y los medios de producción social que actualmente son, según la Constitución de 2019, propiedad del pueblo.
Con esos fondos institucionales de pensiones, nutridos de los fondos obtenidos en los procesos de privatización de la estructura económica, se compensaría al pueblo por las bajas pensiones pagadas por el régimen comunista, apostando por el poder adquisitivo de los adultos mayores e incluso una capacidad de consumo superior a la media. Una posible vía de subsidios sería garantizar plazas en las nuevas residencias de tercera edad privadas, orientadas al exterior, que se financiarían de los ingresos asociados a su actividad mercantil, así como de los subsidios personales satisfechos a las personas que acrediten dicha necesidad.
Esto quiere decir que si hay un ámbito en que la economía futura cubana tiene que apostar por los beneficios de la cooperación público y privado, éste de los adultos mayores es un ejemplo en que caben estrategias de envejecimiento activo, planes de jubilación parcial que permitan aprovechar desde el training de los senior a los jóvenes que se integran en el tejido productivo, hasta viajes estacionales por la Isla y al extranjero a precios subsidiados para que estas personas que han vivido la mayor parte de su existencia sin movilidad alguna, puedan disfrutar del turismo nacional e internacional.
De lo expuesto se sigue que no tiene justificación alguna pensar en términos negativos sobre el futuro de los adultos mayores en la nación democrática y próspera que todos queremos. Además, basta darse una vuelta por el mundo para comprobar que la libertad económica y el mercado llevan décadas proporcionando beneficios tangibles y soluciones concretas a las demandas de este colectivo que, en los países avanzados, ha dejado de tener la imagen de vulnerabilidad que presenta en Cuba para convertirse en foco de interés principal de la actividad económica y de las políticas públicas. Hacia ellos se dirigen numerosos bienes y servicios que, trasladados a Cuba, podrían suponer una auténtica revolución económica.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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