La sesión de la Asamblea Nacional de Cuba del pasado 27 de octubre dedicó buena parte de su jornada a cuestiones económicas, entre las que destacan: el informe de la marcha de la economía hasta el 30 de septiembre del año en curso, el informe de la liquidación presupuestal de 2020, así como los resultados de la llamada «Tarea Ordenamiento». Para nadie es un secreto que existen cuestionamientos muy fuertes en diversos sectores de la población respecto a la situación del país y sus perspectivas inmediatas.
En este análisis me concentraré en las intervenciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil y del diputado Marino Murillo, quien dirigió la llamada «Comisión de Implantación y Desarrollo de los Lineamientos», recientemente desactivada. Ambas muestran la grave crisis que enfrenta el país, centran sus causas en el bloqueo y la pandemia y carecen de la necesaria autocrítica ante errores causados por la primacía de concepciones dogmáticas y voluntaristas en la conducción de la economía.
Llama la atención que a pesar de que el país vive la mayor crisis económica de los últimos treinta años, que se ha traducido en un cuestionamiento creciente no solo del modelo económico sino también del sistema de gobierno; ningún diputado realizara interpelación alguna a los informes presentados y estos se aprobaran — lamentable tradición en este órgano del sistema político cubano—, por unanimidad.
Ello pone en entredicho la naturaleza misma de lo que es un parlamento, pero, al mismo tiempo, demuestra la inmensa brecha existente entre las instituciones del Estado y el pueblo al que dicen representar, que es, según la Constitución, en quien reside la soberanía.
Los problemas del modelo económico y del sistema de gobierno
El gobierno cubano ha continuado apostando por un modelo de administración centralizada de la economía, a pesar de la innumerable cantidad de experiencias que muestran su fracaso.
La economía insular, casi desde el inicio del período revolucionario, fue dirigida con altas cotas de voluntarismo, en muchas ocasiones sin tomar en cuenta el funcionamiento objetivo de las leyes económicas. Tal estilo es responsable de una grave acumulación de errores en política económica que han tenido impacto nocivo en el desempeño de la economía y, en consecuencia, en el bienestar de la sociedad.
El sistema socialista realmente existente se desplomó hace treinta años y, como resultado de ese fracaso, la mayor parte de los países en los que se produjo restauraron el capitalismo; con inmensos costos sociales en unos casos o con mejores resultados en otros. Mientras en algunos emergieron sistemas democráticos, en otros se impusieron regímenes autoritarios, incluso con esquemas supuestamente multipartidistas.
En China y Vietnam, las reformas orientadas hacia el mercado lograron una mayor prosperidad, gracias al acelerado crecimiento económico y aumento del bienestar de la sociedad. En la práctica, esto significó el desarrollo de un capitalismo de Estado donde la naciente y muy poderosa burguesía nacional ha aceptado la tutela y protección del Estado dirigido por Partidos Comunistas, consintiendo, clientelismo mediante, sus reglas de juego políticas.
A pesar de que en esos países existen grupos sociales que reclaman la democratización, no han logrado constituirse en alternativas políticas viables debido a la inmensa capacidad de represión que conserva el poder, pero también porque una parte considerable de la sociedad prospera económicamente y no siente la necesidad de cuestionar a sus gobiernos.
El caso cubano ejemplifica la persistencia de un modelo económico con pésimos resultados en términos de prosperidad y bienestar, al punto de mantener la vida de la mayor parte de la población en constante lucha por la subsistencia cotidiana. Al mismo tiempo, se pretende inmutable un sistema de gobierno autoritario y totalitario, que reclama una pretendida unidad monolítica muy lejos de representar su realidad política.
En consecuencia, se ha agrandado la fractura de la sociedad ante la incapacidad manifiesta de la dirección política para producir cambios estructurales urgentes y profundos, y dada la permanencia de difíciles condiciones de vida que afectan a la inmensa mayoría.
Mientras tanto, los dirigentes continúan responsabilizando del desastre económico a la política de los sucesivos gobiernos estadounidenses. No cabe dudas de que las sanciones económicas, incluso incrementadas en los últimos tiempos, agravan las dificultades económicas de Cuba, especialmente por su excesiva vulnerabilidad externa que tiene carácter estructural y se ha reforzado últimamente como resultado de errores de política económica y de estrategia de desarrollo por parte del gobierno.
De una economía basada en exportaciones de productos primarios, Cuba pasó a una cimentada en exportaciones de servicios profesionales y turísticos; pero los sectores que antes exportaban dichos bienes, en lugar de sostenerse, se han desplomado o estancado. Lejos de la deseable diversificación productiva, se ha persistido en una alta concentración de la capacidad exportadora. Todo esto ha ocurrido en ausencia de políticas industriales y agrícolas orientadas al fomento de aquellos sectores productivos.
Las reformas económicas adoptadas en los últimos treinta años han sido poco sistemáticas, carentes de enfoque estratégico y dirigidas, esencialmente, a evitar que el colapso económico provoque el político. Se trata de mantener a toda costa el control del Estado sobre el mayor espacio posible de la economía con el fin de conservar el control social. Por eso se interrumpen cuando el peligro del colapso pasa y de alguna forma se recupera una senda de crecimiento, así sea escaso.
A pesar de que, durante estos años, diversos economistas y otros científicos sociales hemos abordado críticamente disímiles cuestiones relacionadas con la política económica y social, la dirigencia política ha hecho caso omiso a la mayor parte de estos análisis. Desconociéndolos, han persistido en mantener inamovible el mecanismo económico centralizado, que les permite disfrutar el monopolio del poder político.
Profundos y fructíferos debates de los parlamentarios suscitó el punto del Informe sobre la marcha de la economía hasta el 30 de septiembre del año 2021, presentado previamente por el diputado @AlejandroGilF en la @AsambleaCuba. #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/Kb9bpyznpo
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) October 27, 2021
Los problemas del «ordenamiento»
Incluso cuando desde los años noventa varios economistas comenzamos a insistir en los efectos nocivos de la dualidad monetaria y la multiplicidad de los tipos de cambio, la dirección del país optó por aquel sistema, resultado del cual una parte considerable de la población quedó marginada de la posibilidad de obtener ingresos en divisas, en tanto de manera creciente sus gastos, hasta en necesidades básicas, debían realizarse en moneda extranjera. Mientras tanto, los ingresos por el trabajo resultaban cada vez más insuficientes para asegurar la vida cotidiana.
En tales circunstancias, el propio Estado comenzó a ofrecer bienes y servicios en divisas extranjeras o en los signos de valor creados para representarlas —el llamado peso convertible (CUC)— a los que podían acceder solo quienes obtenían parte de sus ingresos en esa moneda, o los que recibían remesas provenientes del exterior. En ese contexto se mantuvieron ausentes las necesarias transformaciones de los sistemas productivos, únicas que verdaderamente podían sacar al país de su postración económica.
Durante la primera década del siglo XXI se manifestaron escasos cambios en los mecanismos económicos, entre los que vale mencionar la entrega de tierras ociosas en usufructo a campesinos y la ampliación del trabajo por cuenta propia, que por sus excesivas restricciones mantenía a casi todos los profesionales fuera de esas oportunidades.
En la retórica oficial se habló entonces de «actualización del modelo socialista cubano», cuando debió plantearse un profundo cambio estructural del sistema económico, orientado al funcionamiento de mercados regulados pero transparentes, al tiempo que se propiciara la autonomía económica y operativa de las empresas estatales.
El objetivo principal de la estrategia económica debió orientarse a potenciar el emprendimiento empresarial y fomentar la aparición de empresas privadas y cooperativas, sin restricciones que contribuyeran al crecimiento de la producción de bienes y servicios.
Sin embargo, el dogmatismo ideológico de los decisores, el temor a perder el control sobre la sociedad y la ausencia de democracia real del sistema político, que impedía a la ciudadanía ejercer presión sobre sus gobernantes, paralizó los escasos intentos de reforma en una nueva suerte de estancamiento. Para distraer, se seguía apelando a consignas ideológicas cada vez más cargadas de propaganda y menos de contenido político real.
Por todos es sabido que en 2016, al realizarse el 7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), únicamente se había cumplimentado el 21% de los Lineamientos de política económica y social adoptados en el 6to. Congreso de 2011. Entre los que dormían el sueño de los justos estaba la unificación monetaria y cambiaria.
En ningún momento el Comité Central saliente hizo un análisis autocrítico ante el órgano supremo del Partido que dice ser la vanguardia de la sociedad cubana. Tampoco ese Congreso pidió cuentas al Comité Central por el incumplimiento de su mandato. En aquel período, lejos de endurecerse las sanciones económicas de Estados Unidos, se había anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
El socialismo es la única explicación de que hayamos sobrevivido al cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarnos. #ACubaPonleCorazón @MEP_CUBA https://t.co/zRPnhivERL Via @Granma_Digital
— Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) October 29, 2021
Tuvo que llegar esta terrible pandemia, con su despiadado impacto sobre tantas familias por las pérdidas humanas sufridas, y con efecto devastador sobre la economía cubana, para que las autoridades reaccionaran y decidieran hacer lo que se necesitaba desde muchos años antes, cuando el país no se encontraba en una situación crítica, agravada además por el endurecimiento de la política de la administración Trump.
Las graves cifras mostradas por el ministro de Economía en su informe, son resultado de problemas estructurales generados por la acumulación de años de errores de política económica cometidos por la dirección política, sin que la sociedad tuviera los mecanismos para producir un debate abierto, en condiciones de una verdadera democracia socialista, actualmente inexistente. A ellas se suman los indudables efectos negativos del agravamiento de las sanciones económicas y de la pandemia.
A pesar de que desde el podio de la Asamblea Nacional se defendió el diseño de la «Tarea Ordenamiento» y se lamentó que la realidad no se hubiera ajustado al mismo —como si alguna vez esto fuera posible y no a la inversa—, lo cierto es que la referida Tarea fue mal diseñada y adoptada en el peor momento posible. Pretender transformaciones en la esfera de la circulación que afectaban variables como: tipos de cambio, salarios, pensiones y precios; sin producir antes los cambios necesarios en la esfera de la producción, constituyó un grave error de política económica y muestra de idealismo económico y político.
Varios economistas lo advertimos entonces, porque sabíamos que al producirse una devaluación, aumentarse los salarios y las pensiones, necesariamente tendrían que dispararse los precios. La única forma de lograr que el incremento de precios no superara el aumento de la cantidad de dinero en circulación, debía ser a través del crecimiento de la producción de bienes y servicios, una verdadera quimera en medio de la parálisis del turismo y de la vieja crisis que arrastran los sectores industrial y agropecuario.
La opción en aquel momento era desatar los nudos que mantienen atadas a las fuerzas productivas —tal y como repiten tanto distintos funcionarios sin que las medidas adoptadas por ellos se orienten en realidad a tal propósito.
Para conseguir ese objetivo era imprescindible, en principio: una inmensa reforma en el sistema de producción y ventas del sector agropecuario que erradicara la ineficiencia generada por el sistema estatal de acopio; permitir el desarrollo, sin restricciones más allá de las que amenazaran la seguridad nacional, de empresas privadas y cooperativas en los sectores de producción y servicios; eliminar el monopolio del comercio exterior; y otorgar al sistema empresarial estatal la autonomía económica, financiera y de gestión para que participara en un mercado regulado pero transparente, en condiciones de igualdad con los sectores privado y cooperativo.
No he propuesto privatizar las empresas estatales, pero lo que resulta necesario es convertirlas en verdaderamente socialistas por su contenido, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y control social de su actividad y gestión.
Cuando la economía no era capaz de responder adecuadamente desde el lado de la oferta, se declaró una unificación cambiaria mediante una devaluación del 2300% del tipo de cambio oficial. (Foto: ACN)
Todo esto debió hacerse antes de la reforma de salarios, pensiones y precios; no obstante, fue ocho meses más tarde, con muchísimas restricciones y coincidiendo con el peor momento de la pandemia en cuanto a nivel de contagios y muertes, que se aprobaron las micro, pequeñas y medianas empresas, y las cooperativas no agropecuarias.
En ese tiempo, cuando la economía no era capaz de responder adecuadamente desde el lado de la oferta, se declaró una unificación cambiaria mediante una devaluación del 2300% del tipo de cambio oficial. Tal decisión desconocía que la escasez de divisas extranjeras, como resultado de la abrupta caída de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, había conducido a la aparición de un mercado paralelo en el que el dólar estadounidense se cotizaba a valores superiores al establecido por las autoridades económicas.
La adopción voluntarista de un tipo de cambio inferior al que reconoce el mercado —sin la posibilidad de influir en él, por la incapacidad de ofrecer la moneda extranjera al tipo de cambio oficialmente establecido—, condujo a una nueva sobrevaluación de la moneda nacional y al establecimiento de una nueva paridad artificial, lo que produjo inmensas distorsiones en la economía. Entre ellas pueden mencionarse el encarecimiento artificial de las exportaciones y el abaratamiento artificial de las importaciones, todo lo contrario de lo que necesitaba la economía cubana en términos de sus relaciones comerciales externas.
Adicionalmente, desde el punto de vista monetario, la única forma de producir el reajuste de salarios, pensiones y precios en un contexto de parálisis económica, era emitiendo dinero sin respaldo, lo cual es en esencia una decisión inflacionaria. También en esto falló el diseño. Se previó un valor de la canasta de bienes y servicios de referencia de 1.528 pesos, a partir del cual se establecerían los niveles mínimos de pensiones de jubilación. Sin embargo, la realidad ha mostrado que ya en marzo del presente año dicho valor había aumentado a 2.348 pesos, y en agosto a 2.821, siendo notablemente superiores estos incrementos en La Habana y las provincias orientales.
De tal forma, los pensionados que perciben la jubilación mínima tienen ingresos que representan el 54,2% del costo básico de la vida; mientras que el salario mínimo representa el 74,4% de ese nivel.
En resumen, las dificultades actuales que atraviesa la sociedad cubana resultan fundamentalmente de los errores de diseño, de los problemas de secuencia, de las inconsistencias, e insuficiencias y falta de sistematicidad de las reformas adoptadas.
Como ciudadano yo esperaría una actitud autocrítica y no justificativa de un gobierno que se autodenomina revolucionario, insiste en resaltar las razones externas y en no reconocer las que se deben a sus yerros. Y de hacerlo —que hasta ahora nada indica que vaya a ocurrir—, esperaría que esto signifique un verdadero debate democrático nacional que lleve al replanteamiento de la estrategia económica y del sistema institucional hacia una verdadera democracia que empodere realmente al ciudadano con la soberanía que le reconoce la Constitución. No veo otro camino.