El Gobierno cubano, a través de autoridades locales, ha negado la autorización para llevar a cabo una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre. La prensa oficial dio a conocer la noticia acusando a la iniciativa de tener “carácter desestabilizador”.
Alexis Acosta Silva, Intendente de la Habana Vieja, firma una carta dirigida a Yunior García, líder del grupo Archipiélago, en la que afirma que “no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”.
Fuera de la capital cubana los solicitantes también han recibido respuestas negativas bajo los mismos argumentos. “Si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”, se lee en la carta de Asamblea Municipal del Poder Popular de Santa Clara.
El grupo Archipiélago había anunciado el lunes 11 de octubre que funcionarios de las asambleas municipales del Poder Popular habían citado a firmantes de las solicitudes de permiso para la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, y que darían a conocer con transparencia el resultado de estas reuniones.
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