El conocido trovador y poeta Silvio Rodríguez realiza una pregunta movilizadora en su blog Segunda Cita e invita a quienes son asiduos a ese espacio de opinión a pensar y opinar sobre el tema en forma de hipótesis o posibles respuestas a su pregunta.
Las primeras respuestas que se inscriben, en mi parecer, sitúan el tema adecuadamente, pues no buscan cabezas de turcos sino que se atienen a lo estipulado en nuestra Constitución, especialmente en los artículos 5, 42, 102, 107, 125 y 133, de manera que la máxima responsabilidad recae en el primer secretario del Partido, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el presidente del Consejo de Estado y el primer ministro, en tanto representantes, cada uno de ellos, respectivamente, de «la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado», «el órgano supremo del poder del Estado», la República de Cuba y el Gobierno de la República; administrador, este último, de todos los bienes del Estado Cubano.
A ellos yo añadiría a la propia ciudadanía de la nación —de la cual formo parte—, por nuestro carácter pasivo, por no estar todavía a la altura de nuestra responsabilidad ciudadana. No importa si hemos funcionado así por un exceso de disciplina, de confianza en nuestros dirigentes, por inercia tras años sin ejercitar verdaderamente nuestros derechos ciudadanos; por frustración, cansancio, falta de fe, pragmatismo, por mantenernos ocupados —y bien ocupados— siempre en nuestra doméstica supervivencia, y cualquiera otra razón. El resultado es el mismo. Hemos perdido tiempo, un tiempo irrecuperable. Al menos, que quede como lección para otros.
A la vez, me parece pertinente no dejar de razonar sobre los vacíos y las brechas. Los vacíos están en el modo, la forma, el lugar donde hacer valer —eficazmente, por demás— nuestros criterios. ¿Dónde hablamos y quién —de verdad— nos escucha y responde? En cómo es que se ejerce el derecho ciudadano de modo no angustioso, sino simple y transparentemente.
Los vacíos también están en los conceptos: baste citar el más alto, la responsabilidad individual mayor, el de ciudadano. El conjunto de la ciudadanía conforma el pueblo y el pueblo es el real soberano de nuestro sistema social. Por el pueblo y para el pueblo existe todo lo demás, pero no es un secreto, sino triste práctica cotidiana que, en primer lugar, los servidores públicos maltratan, sistemáticamente, al pueblo.
En segundo lugar, es factible apreciar como a una zona significativa de los servidores públicos no les interesa el bien común en lo absoluto, ni mucho menos el Socialismo, se han convertido en «clase para sí» y solo responden a sus personales intereses y beneficios. Ellos son eso que yo denomino «la burocracia perversa». Ellos, y no los manifestantes pacíficos que muestran con claridad sus posturas, son quienes constituyen el peligro, por las posiciones que ocupan en el entramado social y las cuotas de poder que detentan.
¿Las brechas? Una de ellas, que gana espacio de modo alarmante, se halla entre la ciudadanía y los estratos dirigentes, al punto que el segundo factor desconoce y es incapaz de imaginar siquiera, las condiciones en que desarrolla cotidianamente su vida el primero. La gravedad del tema, en una visión puramente pragmática, es que así, en estas condiciones, ha de concebir, implementar y decidir políticas sociales.
La otra se manifiesta entre lo que se piensa y lo que se hace. Aun cuando éticamente debieran coincidir, es común y hasta «premiable» la distancia entre ambos. Por conveniente, por útil para pasar ante el que tendría que ejercer el arbitraje es que gana adeptos tal ejercicio hipócrita y enajenado, pero no puede ser de otra manera cuando, en ocasiones, dicha práctica no es ajena al árbitro.