«Desempleo y desprotección ha traído la COVID-19 al mundo, mientras Cuba, un país bloqueado, tiene un Sistema de Salud gratuito, prestaciones monetarias universales y garantías salariales adicionales», publicó en su cuenta de Twitter la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera.
La titular hizo referencia a las garantías que mantiene vigente el país en el orden laboral, salarial y de seguridad social, durante el enfrentamiento a la COVID-19, destinadas a preservar la fuerza de trabajo y proteger a los obreros y sus familias. Todo ello en un contexto económico complejo y agravado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la Isla.
Feitó Cabrera señala que se mantienen las garantías salariales a los trabajadores interruptos que no han podido ser reubicados; a las madres, padres, o familiares que permanecen al cuidado de sus menores, por la suspensión de las clases en la enseñanza Primaria y Especial; así como a los obreros que por disposición de la autoridad sanitaria estatal se encuentran en aislamiento preventivo.
De igual forma se mantienen en vigor las prestaciones de la Seguridad Social por enfermedad, invalidez, maternidad, edad y ante el fallecimiento del trabajador o pensionado. Se sostiene, además, la protección por la Asistencia Social a toda persona que lo necesite, puntualiza la ministra.
Recientemente en la 109ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (COI), la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba sostuvo que en nuestro país la protección social más que una garantía de empleo, salario y seguridad económica es un derecho constitucional y una conquista, que ha permitido hacer frente a la defensa del empleo durante la etapa pandémica. Por el contrario, a escala mundial, la cantidad de personas desocupadas aumentó en 33 millones en 2020 y en este 2021, el mundo sigue afrontando una crisis excepcional de empleo e ingresos y un mayor grado de incertidumbre.
En la cita la titular ratificó la voluntad del gobierno cubano de proteger a los trabajadores y la población en general, pese a los desafíos que nos impone la COVID-19 y asegurar que, en medio de la situación epidemiológica actual, ninguna persona quede desamparada.
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