Preparémonos para esta escena dentro de unos días: voceros de la Seguridad del Estado cubana aparecerán en televisión, con voz engolada y música efectista, para presentar los «resultados» de una «nueva investigación» que, basada en «pruebas de peso», servirá para «demostrar» una «nueva operación organizada desde Estados Unidos».
Lo que veremos será, en cambio, una nueva puesta en pantalla de las tácticas represivas del régimen cubano. Usando declaraciones obtenidas bajo coacción y sesiones de interrogatorios de entre ocho y 12 horas, cargadas de amenazas y chantajes, los guionistas de Villa Marista pretenderán que han conducido una investigación penal con garantías y que han revelado una nueva «conspiración contra Cuba».
La realidad, sin embargo, es otra.
Desde que comenzó esta oleada represiva a mediados de septiembre de 2024, hemos podido confirmar que una veintena de colaboradores de varios medios de prensa independientes (activos o que renunciaron desde 2022) y también gestores de proyectos sociales o de emprendimiento, activistas y creadores de contenido, fueron llevados a declarar como «testigos» de una supuesta instrucción penal por la comisión del delito de «mercenarismo», tipificado en el artículo 143 del Código Penal.
El delito establece penas de entre cuatro y diez años de prisión para quienes reciban fondos que se empleen para realizar actividades «contrarias al Estado cubano y su orden constitucional».
Entre las irregularidades del proceso destaca que las declaraciones son adquiridas incumpliendo varias normas de procedimiento, pues hasta el momento no se ha indicado contra quién se dirige la supuesta causa legal en la que deben declarar las personas interrogadas.
Los agentes de la Seguridad del Estado condicionan la «colaboración» de los interrogados dándoles a escoger entre ser «acusados» o «testigos» del proceso. Aluden a la participación de estas personas en programas de formación que incluyen estipendios o fondos para la ejecución de proyectos —como es habitual en ese tipo de programas— para hacerles creer que violaron la ley.
Los represores apenas han aportado pruebas documentales (y de las pocas que han presentado, varias fueron obtenidas como resultado de vigilancia electrónica ilegal a través del monopolio estatal Etecsa). En los interrogatorios se grita y violenta verbalmente a las personas interrogadas—, los oficiales del cuerpo represivo intentan convencer de que tienen evidencias; luego, presionan hasta obtener «confesiones» y señalamientos a otros individuos que sirvan para el libreto que han creado.
Una de las tácticas más peligrosas que han empezado a usar es la de obligar a las personas interrogadas a entregar cientos de dólares que supuestamente recibieron en los programas de formación o por colaborar con medios independientes. Lo anterior, luego de firmar un acta de entrega en la que reconocen haber recibido el dinero de parte de proyectos «subversivos». Además de un claro acto de extorsión, la Seguridad del Estado obliga a estas personas a autoinculparse por participar en actos que no existen y, en el proceso, fabrica las evidencias que no tiene.
Otro patrón que se repite, en las sesiones de amedrentamiento, es que se fuerza una declaración de renuncia a ejercer el periodismo independiente en la isla o a participar en programas de formación y apoyo financiados por entidades extranjeras. En varios casos, también obligan a filmar en video las «confesiones».
No habrá sorpresa cuando, como ocurrió en el pasado, los videos obtenidos por los agentes de la Seguridad del Estado sean expuestos en programas televisivos para desacreditar a entidades y personas de la sociedad civil independiente. La exposición mediática es, con frecuencia, una forma de acoso y presión contra periodistas y personas que disienten, la cual afecta tamb