MIAMI, Estados Unidos. – Nos referimos aquí a la Ley de Comunicación Social de 2023. Esta ley ratifica los artículos 1, 10, 13, 16 (inciso m), 53, 55, 61, 97, 101 (g) y 101 (h) de la Constitución de 2019 y responde a la llamada política de comunicación social del Estado y Gobierno cubanos, que “define la pertinencia de articular el Sistema de Comunicación Social del país”.
La ley reconoce la contribución de la comunicación social como vehículo para: a) fortalecer la unidad del pueblo, b) afianzar la ideología de la sociedad socialista, y c) defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria. El régimen de Miguel Díaz-Canel considera esta ley como elemento “de mayor trascendencia en el escenario de guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que enfrenta la Revolución Cubana”.
En el orden jurídico, la ley respalda también: a) el papel decisivo de la comunicación social en la sostenibilidad y prosperidad de la nación, b) la voluntad política del Estado, que la considera un pilar esencial de su gestión, y c) se inspira en el legado de Fidel Castro Ruz, “el gran comunicador de la Revolución”. En otras palabras, se inspira en lo planteado por el “máximo líder” en 1961 en sus fatídicas “Palabras a los intelectuales”.
La ley se nutre de la práctica cubana en este campo, o sea de toda una cronología de acciones represivas, desde la censura del cortometraje PM en 1961; el cierre de Ediciones El Puente en 1965; los campos de trabajo forzado conocidos como UMAP entre 1965 y 1968; el Quinquenio Gris entre 1971 y 1976; el homofóbico parametraje de los años 70; la Ley Mordaza de 1999, la Primavera Negra de 2003, el Decreto-Ley 35 de 2021 sobre telecomunicaciones; el Decreto 349 y el Decreto-Ley 370, ambos de 2018. El Decreto 349 impuso como obligatorio el permiso del Ministerio de Cultura para cualquier acción cultural o artística, y serias limitaciones al contenido artístico, y el 370 aniquiló la libertad de expresión en internet.
El Secretariado y el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista evaluaron el proyecto de ley, al igual que el Conse
