La inflación es uno de los problemas fundamentales que han tenido que enfrentar los cubanos desde la implementación de la Tarea Ordenamiento, en enero de 2020. El precio de los alimentos, en específico, ha crecido desde entonces el 35 % anualmente.
Muchos economistas consideran que la mejor manera de reducir los precios de los alimentos es incrementar la producción agrícola. Sin embargo, las autoridades cubanas siguen optando por el «acaparamiento» estatal de casi la totalidad de la producción agrícola del país y por el establecimiento centralizado de los precios que pagan a los campesinos por sus productos.
La Resolución 275/2024 del Ministerio de la Agricultura (Minagri), publicada el 4 de septiembre en la Gaceta Oficial de la República, confirma la continuidad de la política para 2025. La normativa dispone que las autoridades locales (municipales), a través de Comités de Contratación, deberán definir antes de que finalice 2024 las cantidades a contratar con los productores y los precios a pagar por sus productos. Los precios y cantidades, fijados antes del inicio de la cosecha o del ciclo productivo, se establecerán en un contrato que la mayoría de los campesinos estarán obligados a firmar con entidades estatales a través de sus cooperativas o, en el caso de no estar asociados, con entidades estatales con las que deben mantener vinculación.
De acuerdo con la nueva normativa del Minagri, el proceso de contratación agrícola comenzará con una reunión del Comité de Contratación Municipal, órgano que definirá las prioridades del Estado, las demandas y fijará los precios mayoristas y minoristas de los productos agrícolas en la localidad. La Resolución 275/2024 también establece —sin mayores detalles acerca del cómo— que los precios deberán tener en cuenta «el costo real de los productores», ser «atractivos» y garantizar el autoabastecimiento territorial de las principales viandas, hortalizas, granos y frutas.
La lógica que defiende la normativa desconoce las realidades del agro cubano en tanto entiende que el desabastecimiento de productos agrícolas y la inflación que hoy sufren millones de cubanos están motivados exclusivamente por deficiencias en el proceso de «contratación».
¿Cómo un contrato, sin inversiones ni suministros y amparado en un mercado deforme, puede «garantizar» per se el autoabastecimiento de viandas, hortalizas, granos y frutas? ¿Acaso no existía hasta la fecha una política de contratación forzosa muy similar a la que estableció la Resolución 275/2024?
En un informe que presentó el Minagri en julio de 2024 ante la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Alexis Rodríguez Pérez, director general de Economía y Desarrollo Agropecuario del organismo, declaró que al cierre de junio destacaba el incumplimiento en los pagos a los productores. Aseguró que las provincias con mayores deudas en el sistema agrícola er
