Nuevo decreto, misma mentalidad
La noticia es que circula un documento que se supone debe contener los cambios anunciados verbalmente por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la última sesión de la Asamblea Nacional sobre el funcionamiento de las micro, pequeñas, medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y a trabajadores por cuenta propia, dígase a todas las llamadas formas de gestión no estatal (FGNE).
La propuesta de decreto, aunque no ha sido publicado oficialmente, ha circulado en grupos y ha sido referenciado por varios académicos. Se trata esencialmente de la actualización de las actividades ilícitas para el sector privado, que hasta el momento han sido reguladas por un clasificador sacado a la luz en 2021, cuando se decidió cambiar una lista de «actividades autorizadas» por una de «actividades prohibidas» para ejercer fuera de las empresas e instituciones estatales.
La nueva normativa se sumaría a los decretos anunciados, pero tampoco publicados aún, que también regulan las mipymes privadas y el trabajo por cuenta propia.
Algunos cambios ya están en marcha, como son el tope de los precios, y el despliegue de miles de inspectores contratados por el Estado para multar a negocios que tengan precios por encima de los topados, incluso si lo adquirieron de los proveedores a precios superiores.
El economista Pedro Monreal tuvo acceso al documento de forma extraoficial, y en su perfil en X informó que «Se establecería la prohibición de la actividad de comercio mayorista para los trabajadores por cuenta propia, y se instituiría la restricción de que las MIPYMES y CNA solamente pueden hacer comercio mayorista mediante contratos con participación de entidades estatales».
Realmente no es algo nuevo, la normativa hoy vigente en su sección referida al «Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas» deja claro que queda prohibida la venta al por menor de vehículos automotores, productos de tabaco, combustibles, equipos de información y comunicaciones, productos farmacéuticos y medicinales, sellos, monedas, armas y municiones. También añade que están vedadas «otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta o mercados».
En cuanto a la venta mayorista la ley vigente es clara, no está permitido el «comercio al por mayor, excepto la venta mayorista de productos agropecuarios». Esto parece mantenerse en la nueva propuesta para los trabajadores por cuenta propia, y se permitiría para las mipymes solo con la participación de empresas estatales.
Monreal agrega que «la nueva normativa (pendiente de publicación) incluiría restricciones y prohibiciones para la actividad privada, principalmente en áreas como silvicultura y pesca, la enseñanza, arte y recreación, industria manufacturera, y actividades de servicios administrativos y de apoyo».
Esto significa que se mantendría la lista de actividades prohibidas para el sector privado.
Actualmente, la lista de actividades prohibidas solo opera para las formas de gestión no estatales y destacan muchas que el Estado prácticamente no lleva a cabo —como la venta de equipos de cómputo—, dejando como única alternativa a la población adquirir estos productos en el mercado informal.
Por otro lado, hay una serie de objetos sociales que, aunque supuestamente están prohibidos para los privados, son públicamente conocidos los negocios que sí los realizan, a pesar de que para las licencias hayan inscrito la empresa con una figura diferente.
En adición, se mantienen prohibidas muchas de las actividades profesionales y técnicas, lo cual sigue dejando a no pocos profesionales en desventaja a la hora de trabajar en el sector privado, con las presumibles consecuencias: que subutilicen su potencial en empleos de menor categoría o emigren ante la imposibilidad de reproducir su vida en la Isla —teniendo en cuenta además el bajísimo salario en las entidades estatales.
Nuestra opinión es que la oscuridad en torno al contenido de esos decretos leyes genera incertidumbre, principalmente entre quienes tienen aspiraciones de emprender en Cuba.
Asimismo, la no claridad en las normas promueve la discrecionalidad entre funcionarios de los consejos de administración municipal e inspectores, a quienes se le ha atribuido gran cantidad de poder, dejando desprotegidos —de entrada, por desconocimiento de la ley completa— a los dueños y empleados, esencialmente de tiendas que pertenecen a mipymes.
Aunque el expresidente Raúl Castro y el propio primer secretario del partido Miguel Díaz-Canel han defendido en más de una ocasión el derecho a existir de las nuevas formas de gestión, y si bien de manera reiterada expresan que no hay una cacería de brujas, es obvio que las nuevas leyes aumentan las limitaciones sobre los empresarios privados, a quienes se les ha culpado públicamente del déficit fiscal debido al impago de impuestos.
El historial de fracasos con el tope de los precios que tiene la administración, tanto local como nacional, es largo y tendido, y solo resulta en mayor escasez y aumento del mercado informal.
En contextos políticos complejos es común que se filtre información, a veces como una forma de medir las reacciones en torno a la política que se intenta aplicar. Es frecuente que eso suceda en otros países, no tanto en Cuba.
Lo cierto es que, en un contexto de crisis agravada, las empresas privadas hoy están brindando alternativas de empleo con mayores salarios que el sector estatal y manteniendo el comercio de bienes y servicios básicos que el Estado es incapaz de sostener, ni siquiera en las tiendas en moneda libremente convertible.
De generarse una excesiva presión sobre el sector privado, pudiera esperarse un éxodo masivo de sus dueños, lo cual llevaría a una fuga de capitales y un mayor desabastecimiento, algo que podría debilitar aún más las precarias condiciones de vida de los cubanos.
Hace poco René González, integrante de la Red Avispa y declarado héroe de la República de Cuba, posteó en su perfil de Facebook: «para cambiar lo que deba ser cambiado, ha de ser a tiempo. De lo contrario pudiera terminar cambiándose lo que no se debe».
El mensaje ha sido compartido por varios cubanos y ha generado debate sobre la magnitud de la crisis en la Isla y la necesidad imperiosa de tomar soluciones audaces. Sin embargo, l
