Tras anunciar nuevos precios topados al sector privado en Cuba, las autoridades dieron marcha atrás. Expertos consultados dicen que el gobierno ha cedido la responsabilidad a los territorios para controlar los precios, que la medida es ineficaz y podría ser contraproducente para la economía.
Después de publicar un listado con los nuevos precios topados a seis productos de primera necesidad comercializados por el sector privado en Cuba, varios gobiernos locales dieron marcha atrás sin ofrecer explicaciones.
Las nuevas tarifas debían entrar en vigor el lunes 1 de julio pero el martes la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, explicó que la medida no se implementaría porque era necesario “continuar los intercambios con los actores económicos, sobre las realidades que enfrentan en sus procesos de importación, transportación y comercialización”.
Según dijo, necesitaban también atender “los estados de opinión de la población” y para ello las autoridades habían realizado unos 3400 encuentros con trabajadores privados.
El día anterior la Dirección de Inspección de Pinar del Río había anunciado en una nota publicada en redes sociales que las nuevas tarifas no se pondrían en marcha.
“Los municipios que publicaron los nuevos precios a partir de los análisis realizados con dichos actores, quedan sin efecto para su aplicación. La decisión está sujeta a estudios y aprobación para su adecuada puesta en vigor”, precisaron.
Los topes de precios habían sido discutidos en una reciente reunión del Consejo de Ministros donde las autoridades dijeron que aplicarían una “política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones para todos”.
“Se implementarán regulaciones para acotar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumo
