Intimidades robadas
En 2021, Annia, con el acoso que había experimentado aún respirándole en la nuca, descubrió la existencia de un grupo en Telegram donde hombres cubanos compartían fotos de mujeres sin su consentimiento. Estas fotos eran robadas de celulares cuando se llevaban a reparar, o eran imágenes privadas que las mujeres habían compartido en la intimidad de una relación. En este grupo, con más de 18 000 miembros, los hombres evaluaban y discutían a las mujeres de manera degradante.
Ante la magnitud de lo que estaba sucediendo, esta vez sí decidió actuar y denunció públicamente este grupo en Facebook, pidiendo ayuda a sus contactos para denunciarlo y detener la violencia. Además, imprimió todas las capturas de pantalla, los nombres de los grupos y cualquier evidencia que pudo reunir. Junto con un amigo, llevó toda la información a la Fiscalía General de la República, donde presentaron una denuncia formal. Aunque les dijeron que no hablaran más del caso para no entorpecer la investigación y que cualquier novedad les sería comunicada, hasta el momento Annia no ha recibido ninguna actualización sobre el caso.
La primera vez que se reconoció que las TICs también reproducen problemas estructurales de violencia de género fue en 2006 en el informe de la ONU «Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer». Desde entonces, varios informes y resoluciones han subrayado la importancia de proteger los derechos humanos en línea y offline, y de promover la igualdad de género a través del uso responsable de la tecnología.
Varios informes y resoluciones han subrayado la importancia de proteger los derechos humanos en línea y offline, y de promover la igualdad de género.
La cuenta de Instagram @exponiendocuba ha denunciado una cuenta que se ha popularizado bajo el nombre «The Boobs Project». Este supuesto proyecto viene actuando desde el día 2 de junio de 2024, y su objetivo es distribuir fotos íntimas de estudiantes de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), algunas de las cuales supuestamente han sido creadas con inteligencia artificial, todas sin el consentimiento de las afectadas. Para esto, no solo cuentan con una cuenta en Instagram, sino que también tienen un canal de Telegram. Constantemente en sus publicaciones hacen amenazas de tipo: «Cualquiera que reporte la cuenta, no olvides que podrías estar en nuestra base de datos». Además, han afirmado que las víctimas pagan para que quiten sus fotos.
No es la primera vez que se difunden videos y fotografías íntimas de estudiantes de la UCI. La impunidad con la que operan los individuos que filtran las imágenes es alarmante y representa una violación flagrante de la privacidad y dignidad de las personas afectadas. No solo están perpetuando el delito por difusión de imágenes privadas sin consentimiento, sino que también están sembrando el miedo y la desconfianza en la comunidad estudiantil.
Hasta el momento, LJC no ha podido obtener información de si se ha hecho algo al respecto o si se han implementado protocolos ante casos similares en dicha universidad.
Ecos ante la violencia
En agosto de 2022, la ONU publicó el Informe del Secretario General sobre Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, destacando el impacto desproporcionado de la violencia digital en el derecho a la libertad de expresión y recomendando medidas para crear un entorno digital seguro para las mujeres. Además, especifica que «Aunque se han hecho algunos progresos en la mejora de los datos sobre la violencia contra las mujeres, las iniciativas llevadas a cabo por los Estados han resultado insuficientes para remediar las deficiencias de los datos, especialmente en relación con el acoso sexual y la violencia contra las mujeres y las niñas en los contextos digitales».
Aunque los Estados han comenzado a abordar esta problemática, las normativas vigentes aún están lejos de ofrecer una protección integral. La intersección de la violencia de género con las tecnologías de la información y la comunicación requiere de nuevas estrategias y marcos regulatorios para garantizar la protección efectiva de las víctimas y la sanción de los agresores.
Uno de los principales desafíos radica en la falta de reconocimiento de esta forma de violencia como una violación de los derechos humanos basada en el género. Además, se destaca la prevalencia del uso del sistema de justicia penal para abordarla, lo que conlleva a interpretaciones abusivas de este sistema. Otro desafío importante es la falta de equilibrio en los derechos, así como las barreras que enfrentan las víctimas en el sistema judicial, lo que a menudo resulta en impunidad. En muchos casos, la legislación no solo ha demostrado ser ineficaz para proteger los derechos de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que también las expone a riesgos adicionales.
Uno de los principales desafíos radica en la falta de reconocimiento de esta forma de violencia como una violación de los derechos humanos basada en el género.
Según el informe «La violencia de género en línea contra las mujeres y niñas : Guía de conceptos básicos, herramientas de seguridad digital y estrategias de respuesta», en los últimos años varios países de América Latina y el Caribe han comenzado a abordar gradualmente la violencia en línea contra las mujeres, actualizando su marco jurídico para hacer frente a esta problemática. Se han promulgado leyes específicas sobre ciberhostigamiento, ciberacoso, grooming y ciberbullying.
Por ejemplo, en Perú, mediante el Decreto Legislativo N.° 1410 de septiembre de 2018, se incorporaron al Código Penal delitos como acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de contenido sexual a través de las TIC. Chile, por su parte, adoptó en 2019 la Ley 21.153 para criminalizar la difusión no autorizada de material íntimo registrado en lugares públicos sin consentimiento, y Nicaragua aprobó en octubre de 2020 la Ley de Ciberdelitos, que sanciona amenazas, acoso y difusión de material sexual explícito a través de nuevas tecnologías.
En varios países de la región, incluyendo Paraguay, Brasil y México, se han implementado reformas legislativas para reconocer y penalizar la distribución no consentida de imágenes íntimas o sexualmente explícitas. En México se han realizado 35 reformas legislativas en 28 legislaturas locales para criminalizar esta práctica. A nivel federal, en abril de 2021 se aprobaron reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocidas como «Ley Olimpia», en honor a Olimpia Melo Cruz, quien fue víctima de difusión no autorizada de material sexual en 2014.
En Argentina, se ha propuesto la incorporación como delito informático de la difusión y grabación sin consentimiento de contenido sexual, además de que el Gobierno promulgó la Ley 27.736, llamada al igual que en México «Ley Olimpia», que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 «Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres», como una modalidad de violencia de género.
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