La Habana, 9 jul.- La búsqueda de soluciones para aumentar la producción, bajar los precios y estrechar alianzas entre pescadores y empresas estatales son algunos temas debatidos en los intercambios sobre la Ley de Pesca en comunidades de 78 municipios cubanos, durante los meses de julio y agosto.
De acuerdo con Miladys Naranjo, viceministra de la Industria Alimentaria, los encuentros con miembros de 222 bases pesqueras de todo el país tienen como objetivo evaluar detalles de la “instrumentación y el cumplimiento” de la referida ley.
A juicio de la funcionaria, “hay cuestiones de la normativa que no se aplicaron correctamente y se requiere alinear criterios para lograr mayor producción de pescado”.
Objeto de un amplio debate incluso antes de su aprobación en 2019, la Ley de Pesca tuvo modificaciones en 2022, cuando se flexibilizó la venta de productos a los pescadores sin necesidad de estar contratados por una empresa estatal, como era antes.
Esa medida “no ha tenido organización que demandan los momentos actuales”, opina Naranjo, quien resalta la necesidad de “que quienes tienen licencia comercial no estatal, los pescadores que son trabajadores por cuenta propia, hagan llegar el pescado de forma ordenada desde las propias comunidades pesqueras”.
Asimismo considera que en los consejos populares deben crearse “las condiciones viables para lograr el impacto que