Díaz-Balart y sus imaginaciones sobre un terrorismo inexistente
La noticia es que el proyecto de ley de presupuesto para la política exterior prohíbe quitar a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo durante el próximo año fiscal que termina en octubre de 2025.
La propuesta define cómo debe el Departamento de Estado y otras agencias asociadas utilizar el presupuesto federal, y va a un nivel de detalle con el tema de Cuba verdaderamente impresionante.
El proyecto ya pasó en la Cámara de Representantes, pero aún debe ir al Senado para continuar el camino de convertirse en ley, y si es aprobado por el Senado, luego requiere la firma del presidente para su aprobación final. Si pasa o no en el Senado no se sabe, ya que la Cámara alta está dividida prácticamente a la mitad entre ambos partidos, y Cuba no es prioridad en estas discusiones, y si lo es, no tiene el suficiente peso como para cambiar un voto por esa causa.
Ya antes reportamos sobre esto y los límites que impone al Departamento de Estado para cualquier tipo de actividad que promueva el vínculo con el sector privado cubano.
Esta propuesta lleva la obsesión de prohibir cualquier vínculo con la Isla a un nuevo nivel. La potestad de quitar o poner a países de la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo era una prerrogativa presidencial por asesoría o recomendación del Departamento de Estado. Sin embargo, esta propuesta de ley de presupuesto advierte que no se puede usar ningún fondo que otorgue dicha ley para ese fin.
La contradicción aparece cuando uno se pregunta por qué, si es una prerrogativa de la rama ejecutiva, el legislativo tiene el poder de controlarlo. Es poner talanqueras al uso de los fondos que lucen absurdas, pero de ser ley, serán vallas reales. Para poder quitar a un país de la Lista, debe seguirse un procedimiento que lleva tiempo y recursos. Hay que demostrar que esas condiciones —en este caso que no justifican la presencia de Cuba— han cambiado.
Pero, ¿por qué este proyecto tiene tanta fijación con Cuba? La respuesta es sencilla: la presencia de Mario Díaz-Balart, representante republicano por el distrito 26 de la Florida, quien tiene una posición de liderazgo en el Comité de Apropiaciones del Congreso, el cual básicamente decide sobre el uso de los fondos federales.
La obsesión de cerrar hasta la más mínima hendija para Cuba no se queda en el cierre de toda cooperación con el sector privado, ni en la etiqueta de terrorista para la Isla, sino que va más allá.
Los fondos no pueden utilizarse para eliminar o reducir la Lista de entidades restringidas, una lista de entidades con las que compañías estadounidenses, o incluso ciudadanos que visiten el país, no pueden vincularse de manera directa. Esta restricción implica desde la prohibición de quedarse en un hotel u otro, o tomarse un refresco producido por una fábrica cubana que esa Lista diga que tiene vínculos con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley también prohíbe quitar o reducir esa lista.
El proyecto asimismo arremete contra los países que de manera soberana han contratado los servicios médicos cubanos, y promueven una medida intimidatoria que exponga estos gobiernos. «Antes de los próximos 90 días tras la aprobación de esta ley, el Secretario de Estado debe enviar un reporte al Comité de Apropiaciones del Congreso listando las organizaciones internacionales que de acuerdo a la información creíble que tenga, le están pagando al gobierno de Cuba por el trabajo forzado y tráfico de profesionales médicos cubanos».
Pero hay más. Ninguno de los fondos de ese proyecto de ley puede utilizarse para ayudar o reparar al gobierno de Cuba, ni al de irán, Siria o la República Popular de Corea. Esto podría significar que ante un desastre natural o de cualquier otra índole, Estados Unidos no podría asistir a Cuba, como ya sucedió cuando el accidente de los supertanqueros, una ocasión en la que Washington envió algunos trajes y equipamiento básico de enfrentamiento a fuegos, semanas después del siniestro que cobró la vida de varios bomberos y sumió a la zona en gran tensión ante la incontención del fuego durante varios días.
La asociación pro-normalización con Cuba ACERE (Alianza para el respeto y acercamiento a Cuba, por sus siglas en inglés), denunció la posibilidad de impedir que se quite a Cuba de la lista por un año más y también mencionó en un mensaje en X que el proyecto de financiación para el trabajo del Homeland Security (el departamento de Seguridad Nacional, de Interior) prohíbe que sus empleados tengan encuentros que son ya rutina con sus contrapartes cubanas, «lo cual pone en peligro la cooperación bilateral en seguridad, así como los vuelos comerciales directos entre Cuba y Estados Unidos».
Esta noticia significa que los miembros del lobby representante del exilio radical están aprovechando cada oportunidad para complacer los intereses de cero vínculos con Cuba, que a su vez es una forma de que nada cambie ni en Estados Unidos ni en la Isla.
La retirada de Cuba de la Lista de Estados que no cooperan plenamente en esfuerzos contra el terrorismo causó múltiples alarmas en el ala republicana representante del exilio radical, al ver la posibilidad de que la Isla fuera retirada más adelante de esta otra lista que sí tiene implicaciones directas en el sistema de medidas unilaterales coercitivas que configura Estados Unidos. Al parecer, con este proyecto pretenden eliminar dicha posibilidad.
Por tanto, la noticia significa también que bajo el liderazgo republicano pueden esperarse nuevas e innovadoras maneras de engordar las «sanciones», de apuntalar el cerco económico, y romper hasta el más mínimo vínculo entre ambos países, incluso a expensas de la seguridad nacional de Estados Unidos, considerando que diálogos mínimos con Cuba son necesarios para dos territorios tan cercanos y que comparten desafíos que van desde el enfrentamiento al narcotráfico, hasta la migración irregular.
Díaz-Balart se ha ubicado en una poderosa posición en la Cámara de Representantes en la que puede dictar o influir en cómo se gastan los amplios fondos con los que cuenta ese gobierno.
Los efectos de la inclusión de Cuba en la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo son muchos, directos e indirectos. Uno de los últimos que ha sido noticia es que implementa un requerimiento de visa para Estados Unidos para los ciudadanos europeos si visitan Cuba, que termina siendo disuasivo para los po