Ninguna ley, por buena que sea, garantiza derechos por sí sola en un régimen totalitario como el cubano. La situación es aún peor cuando la ley propuesta es un ejercicio performativo que solo persigue servir de insumo a la propaganda y al oficialismo para tratar de justificar los teóricos compromisos del «Estado de derecho socialista» con los derechos humanos.
Es el caso del anteproyecto de la ley de la transparencia y el acceso a la información pública, publicado el 27 de mayo de 2024 en el sitio oficial del Parlamento cubano.
EVITAR LA TRANSPARENCIA
La supervivencia de los regímenes totalitarios se basa, entre otras características, en su opacidad y en la capacidad de mantener la información pública lejos del alcance de la ciudadanía. Por esa razón, el régimen cubano ha manejado con extrema cautela cualquier normativa relacionada con la transparencia y el derecho de acceso a la información.
Un ejemplo claro de lo anterior es la ley de comunicación que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en mayo de 2023. La ley en teoría proporciona un marco normativo para que los propagandistas accedan y difundan información pública. Un año después, aún no ha entrado en vigor ni ha sido publicada en la Gaceta Oficial de la República. Igual ha ocurrido con el proyecto de ley de transparencia. Según el cronograma legislativo emitido después de la proclamación de la Constitución de 2019, la ley debía ser aprobada en julio de 2021, pero ha sido aplazada en varias ocasiones.
El régimen cubano no está dispuesto a conceder nada en materia de transparencia y acceso a la información. Aunque —como todo régimen totalitario— tiene la capacidad de incumplir la ley sin que ello tenga efecto político o jurídico alguno, el acceso y divulgación de información pública es un tema tan sensible para el Partido Comunista que ni siquiera está dispuesto a plasmar en una norma jurídica compromisos profundos que puedan ser después exigidos por la ciudadanía. Por esa razón, a pesar de que al menos desde 2018 están trabajando junto con la Unesco en su redacción, han retrasado tanto la socialización y la aprobación del anteproyecto de ley.
No hay información en el sitio web de la ANPP que indique cuándo debe ser aprobado el anteproyecto. Sin embargo, considerando la fecha de publicación en la plataforma, es presumible que las autoridades cubanas aspiren a aprobarlo en la próxima sesión ordinaria del Parlamento prevista para julio de 2024.
El anteproyecto fue publicado desde noviembre de 2023 en el sitio oficial del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), órgano encargado de presentarlo ante la ANPP. En aquel momento, la prensa oficialista reseñó que la publicación respondía al deseo de las autoridades cubanas de someter el anteproyecto a consulta popular.
Pero, al parecer, la teórica consulta no tuvo mucha incidencia en los redactores del anteproyecto. No hay grandes cambios entre el borrador publicado por el Citma y el presentado ante la ANPP. No obstante, sí hay muchas previsiones que obligarían a cualquier especialista a preguntarse cuál ha sido el papel de un organismo como la Unesco en la redacción de una pieza legislativa tan poco garantista como el mencionado anteproyecto.
ELEMENTOS DESTACABLES DEL ANTEPROYECTO
No se contempla un órgano garante
Los estándares internacionales en materia de transparencia y de acceso a la información exigen que al regular el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y la transparencia se debe crear un organismo o institución estatal que se encargue de velar por el cumplimiento de la legislación. Por ejemplo, en el caso de México existe el Instituto Nacional de Transparencia; en el de Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública; y en Chile está el Consejo para la Transparencia.
Los órganos garantes son importantes porque son organismos independientes de cualquier institución del Estado, sirven de mediadores entre estas y la ciud