Los contrastes de la capital de Cuba en la foto “El reflejo” de la directora de cine y fotógrafa Deymi D’Atri, una obra que generó debates en la red social Facebook sobre las inversiones en el sector turístico en un contexto de severa crisis económica.
Foto: Cortesía de Deymi D’Atri
En una realidad económica cada vez más compleja, con la inflación que marca dolorosamente la vida cotidiana de la población y el flujo constante de personas que buscan nuevos horizontes más allá de las fronteras de la isla, el activismo ciudadano siguió multiplicándose en las redes sociales y también en diversos espacios presenciales impulsados por proyectos, organizaciones y redes de personas.
Mientras algunas causas promovidas en las últimas décadas desde la academia y la sociedad civil –como la lucha contra el racismo y la violencia de género– se han ido convirtiendo en programas y estrategias gubernamentales, especialistas y grupos diversos alertan sobre la necesidad de trabajar para que lo logrado “no quede en letra muerta” y, sobre todo, seguir avanzando en otros derechos aún pendientes.
Con los antecedentes del intenso debate público que, en 2022, rodeó la aprobación en referéndum del Código de las Familias, la nueva Ley de Salud Pública fue llevada de manera acelerada a votación del Parlamento en diciembre, evitando una amplia consulta popular de varios meses que podría haber generado el rechazo de sectores sociales conservadores y fundamentalistas a determinados derechos consagrados en la norma, como el aborto y a la eutanasia.
La crisis de la basura en la capital del país, la construcción de un hotel “rascacielos” en la céntrica calle habanera de 23, los apagones interminables, las colas para la gasolina, los contrastes sociales, la responsabilidad social del sector privado, los femicidios y el caso de un joven trans que logró lo aceptaran en su escuela con el uniforme acorde a su género, fueron solo algunos de los tantos temas que inundaron las redes en mensajes e imágenes que van dejando el testimonio de una época, contada por sus protagonistas.
En ese panorama tan diverso, se mantuvieron las tensiones en el sector de la cultura alrededor de la censura de algunas obras de arte, sobre todo audiovisual, y la aplicación del polémico principio “dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
Cineastas por un cine libre, sin censuras, ni fronteras
En un estallido similar a la avalancha de correos electrónicos que, en 2007, desenterró toda la historia del llamado quinquenio gris en la cultura cubana, alrededor de 700 cineastas y otros intelectuales alzaron sus voces a mediados de 2023 por los acontecimientos que rodearon la censura primero, y proyección televisiva sin autorización después, del documental La Habana de Fito del director Juan Pin Vilar.
Con antecedentes que se remontan a mayo de 2013, cuando cineastas y trabajadores de la industria del cine cubano se reunieron por primera vez para analizar la necesidad de una ley de cine en Cuba, la Asamblea de Cineastas Cubanos(ACC) se reactivó aceleradamente, con el protagonismo de un grupo de jóvenes cineastas,y se mantuvo en acción durante todo el segundo semestre del año con encuentros y declaraciones que transcendieron el caso específico del documental censurado.
Tras la primera reunión de junio de la ACC y la declaración emitida sobre el caso de La Habana de Fito y sus consecuencias, el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y el Partido Comunista de Cuba (PCC) convocaron a una reunión para el 23 de junio en que cada parte expuso sus razones y argumentos, marcados por las contradicciones entre la vieja política de plaza sitiada y defensa de la revolución y el derecho artístico a la libertad de expresión y creación.
El mensaje “nuestro cine será libre o no será” inundó las redes sociales durante todo el segundo semestre con el protagonismo de intelectuales y artistas de gran influencia como los directores Fernando Pérez y Magda González Grau, el actor Luis Alberto García y el crítico Gustavo Arcos, así como de múltiples voces que se sumaron a los esfuerzos de la Asamblea.
Entre otros temas, la ACC volvió sobre la política cultural y la censura en el cine cubano; la propuesta de acciones para visibilizar obras y creadores censurados a lo largo de décadas; la urgencia de salvaguardar y enlistar el patrimonio fílmico cubano, incluido el cine independiente; el rescate de la Muestra Joven y la necesidad de contar con una asociación con cineastas de dentro y fuera de la isla.
Con la misma fuerza en que la Asamblea rechazó en julio la destitución de Ramón Samada de su puesto como presidente del ICAIC, se opuso en noviembre a la designación para ese puesto del periodista Alexis Triana, con un largo historial como funcionario del sector de la cultura en la provincia oriental de Holguín y en La Habana.
“El problema del ICAIC no es su presidencia, sino la subordinación de todas sus estructuras a una burocracia cultural que lo paraliza y anula. Sin autonomía, sin apenas creadores en su nómina, sin salas de cine, sin recursos, sin una verdadera proyección internacional, poco puede hacer para proteger a los cineastas frente a ese sistemático ejercicio de intimidación y control, incrustado en el ADN mismo de la política cultural y cívica cubana”, aseguró la Asamblea en una declaración divulgada en Facebook.
El texto, suscrito inicialmente por 248 personas y abierto a su apoyo público por correo electrónico, añade que “las instituciones fueron creadas para organizar la experiencia de los ciudadanos que representan, para servirles y dar respuesta a sus reclamos, no para actuar contra ellos. Si no cambia ese patrón de ordeno y mando, si no se establecen relaciones de respeto, voluntad de entendimiento y diálogo horizontal, seguirán agravándose nuestras diferencias como cineastas y como cubanos”.
Comunidad LGBTIQ+ sigue luchando por los derechos
La comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queers y otra personas diversas) cubana finalizó 2023 con la noticia, compartida en la sesión parlamentaria de diciembre, sobre la celebración de 1333 matrimonios entre personas del mismo sexo desde la entrada en vigor del Código de las Familias (2022), 806 entre hombres y 527 entre mujeres. Tras algunas resistencias iniciales, las redes sociales se inundaron de historias de uniones entre parejas diversas.
No ocurrió con igual celeridad la implementación de otros derechos consagrados en la norma familiar. Poco se conoce de cuántas personas han logrado adoptar niñas o niños o hacer uso de la gestación solidaria y tampoco del acceso real de las parejas lesbianas a los servicios de reproducción asistida, contemplada como derecho de las personas en la nueva Ley de Salud Pública.
Fuentes autorizadas consultadas por IPS Cuba aseguran que, en este último caso, la apertura o ampliación de los servicios sufren el impacto de la actual crisis económica que vive el país y que, sin lugar a dudas, afecta todos los ámbitos de la salud pública, incluyendo el acceso a tecnologías modernas, insumos, medicamentos, así como la estabilidad de los recursos humanos.
Tampoco queda claro el avance en la protección a las personas de la comunidad LGBTIQ+ de las diversas formas de discriminación y violencia que enfrentan tanto en los entornos públicos como familiares. Justo cómo se implementan los derechos ya conquistados y la necesidad de avanzar en aquellos aún pendientes, centraron los debates de la 16ta Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia y también de múltiples iniciativas institucionales y ciudadanas durante todo el año.
En este contexto, la demanda de derechos y garantías para las personas trans ganaron en visibilidad. Los pedidos de una ley de identidad de género se sucedieron durante todo el año y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) abogó por trabajar con más intensidad en las modificaciones a la ley registral que establezcan el derecho de identidad legal, sin procesos burocráticos y de transformación corporal.
Mientras el Decreto 96 “Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral” incluye la discriminación por orientación sexual e identidad de género, el nuevo Código Penal Militar omite cualquier referencia a la discriminación y violencias por estas causas. Para el activista Alberto Roque esta ausencia demuestra la persistencia de un entorno homofóbico y transfóbico, no sólo en las relaciones interpersonales, sino también en las políticas.
En el ámbito del activismo ciudadano, el proyecto de desarrollo local AfroAtenAs celebró por primera vez en 2023 la jornada por el Día Internacional de la Visibilidad Trans e implementó un programa de formación integral para el empoderamiento LGBTIQ+, el Grupo Trans Masculinos de Cuba impulsó acciones de acompañamiento a chicos trans incluyendo orientación jurídica y apoyo para el tratamiento hormonal.
Por su parte, la red TransCuba, con presencia en todas las provincias del país, siguió potenciando su trabajo para prevenir que la prostitución se convierta en la única opción para su comunidad el apoyo a la formación profesional, la capacitación y el acceso al empleo.
Acciones contra el racismo se abren paso en silencio
