La población cubana ha experimentado un proceso acelerado de reconcentración urbana que abarca al menos el período que comienza en la segunda mitad del siglo anterior y llega hasta la actualidad.
El grado de urbanización —medido por el porcentaje de población residiendo en áreas urbanas con relación a la población total— alcanzó a ser 77.1% en el bienio 2021-2022, según lo publicado por la estadística oficial (ONEI-CEPDE, 2023, pág. 18).
Lo más notable, además, es que en las provincias en las que tradicionalmente se reconoce los mayores niveles de rendimiento agrícola y desarrollo ganadero, la proporción de población urbana ha crecido de manera desmesurada en detrimento de la población rural. En Artemisa, de la subregión conocida como la llanura Habana-Matanzas, por ejemplo, la población urbana alcanzó a ser 68.8% también en el mismo bienio. Y es todavía más significativo que en cinco de sus municipios se registren porcentajes aún mayores de 70% (Mariel, Guanajay, Bauta, Güira de Melena, Artemisa) y que incluso en uno de ellos, Guanajay, sea superior a la media nacional, alcanzando poco más de 81%.
De la misma manera, en la provincia de Mayabeque (también de la misma subregión), el indicador alcanza un mayor nivel promedio, 72%, y donde los municipios Bejucal, Jaruco, Madruga, Nueva Paz, San Nicolás, Güines y Batabanó superan de manera significativa el 70% y la media de la provincia.
En Matanzas, el grado de urbanización, en el bienio 2021-2022 fue aún mayor. El promedio de la provincia fue 83.5%. Tres de sus municipios (Matanzas, Cárdenas y Calimete) alcanzan valores de 91-93%, mientras que Colón, Perico, Jagüey Grande y Pedro Betancourt registraron más de 80% de población urbana, así como Jovellanos, Unión de Reyes y Ciénaga de Zapata están en el entorno de 71-76%.
En la cuenca centro-oriental, en la que se encuentra el eje agro-ganadero fundamental del país, las cifras muestran la misma tendencia de reconcentración de la población.
En la provincia Ciego de Ávila, el porcentaje de población urbano fue 74%, mientras en dos de sus municipios -Morón y Ciego de Ávila- fue de 93 y 84%, respectivamente.
En Camagüey, el grado de urbanización se situó en 79%, mientras en los municipios Carlos Manuel de Céspedes, Esmeralda, Nuevitas y Guáimaro, estuvo entre 72% y 77%. En el municipio capital provincial, Camagüey, y en el municipio Florida, incluso se elevó a 94% y poco más de 81%, por ese orden. (1 pág. 22).
Entre la «desruralización» y la «descampesinización»
El fenómeno antes descrito da cuenta de un proceso de reconcentración de la población, vía migración rural urbana, en la que los municipios situados en la base del sistema de asentamientos humanos, aquella una vez denominada «Franja de Base», ha sido sin dudas la más afectada, dada la fragilidad reconocida en su poblamiento y donde, paradójicamente, se han localizado históricamente los empleos agropecuarios y en la que la población había disminuido, en el período 1970-1995, su peso relativo de 46.1% a 38.9%. Y todo ello a pesar de concentrar los residentes de los asentamientos urbanos de base, de los asentamientos rurales de 200 y más habitantes, así como los asentamientos rurales de menos habitantes y la población rural dispersa. (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 39-41).
Es en esta franja, hacia 1995, donde se había detectado una dualidad de procesos simultáneos, de sentido contrario: un aumento de la población en los asentamientos urbanos de base, cuyo peso relativo pasó de 6.6% a 13.3%, en paralelo con una reducción de la población en los asentamientos rurales de menos de 200 habitantes y de la población dispersa, en la que se verifica una significativa disminución de su peso relativo de 30.4% a solo 12.9%, debido a un reducción de su población en términos absoluto de habitantes entre 1970 y 1995 (una tasa de -3.42% en 1970-1981 y de -1.62% en 1981-1995), que pasó de ser 2 068 200 en 1970 (30.4%) a 1 414 800 habitantes en 1995 (12.9%), una reducción relativa de 32%, y que fue conducida por el abandono de las personas hacia el estrato urbano de base, en primer lugar, y luego hacia los niveles superiores del sistema de asentamientos del país (Montes R. & al., 1988) (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 42-43).
Lo más notorio de ese éxodo rural es que los migrantes más jóvenes del período de estudio, 1970-1995, eran aquellos que se movieron de la Franja de Base del Sistema de Asentamientos hacia Ciudad de La Habana, una corriente migratoria de rostro preferentemente femenino y de color de piel blanco. (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 73, 76).
Por lo tanto, no es anómala la caída del peso relativo de la zona rural en el país. Proceso que, parafraseando al sociólogo y demógrafo norteamericano Josef Gugler, podría describirse como «un máximo de urbanización y un mínimo de ruralización», en sentido contrario a lo descrito por ese autor en términos de las transformaciones experimentadas por el sector agrario entre 1959 y 1970 (Gugler, 1980). Sea, un agudo proceso de descampesinización basado en un fenómeno de vaciamiento rural, que algunos autores habían empezado a documentar como el «empuje» del crecimiento urbano a costa de la migración rural-urbana (Ebanks, 1998), incluso a pesar de las políticas implementadas para atenuar o retardar esa migración e intentar reducir la primacía de La Habana (Ebanks, 1998, pág. 12).
Pero la dinámica de la distribución espacial de la población ha seguido su propio curso en vista de la adopción de estrategias de sobrevivencia orientadas a la movilidad hacia espacios de mejores condiciones de vida, tanto en términos internos como hacia el exterior. Y esta dinámica se sustenta precisamente en esas transformaciones realizadas en el sector agrario, en cuyo eje central estuvo siempre otorgarles a las formas estatales de organización económica el peso fundamental.
Breve historia del campo cubano tras 1959
Tras las dos consecutivas leyes de Reforma Agraria, de expropiación de la tierra de los propietarios existentes hacia 1959-1960, el 70% de la superficie cultivable pasó a ser propiedad del Estado, mientras desaparecían las diversas instituciones financieras y compañías que otorgaban los créditos necesarios (Nova G., 2009, pág. 45), quedando un reducido número de propietarios privados, llamados «pequeños agricultores», luego estos fueron pasando en su mayoría por un proceso de cooperativización iniciado en 1974, involucró el 56% de la tierra de esos agricultores (Ramírez C., 1988, pág. 4), y fueron luego agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) (Nova G., 2009, pág. 45).
Hacia 1967 surgió la iniciativa de crear alrededor de la capital un cordón agropecuario, llamado «Cordón de La Habana», que abastecería a la ciudad de todas sus necesidades de alimentos en no menos de cinco años a partir de la superficie cultivable que rodeaba la ciudad en aquel entonces, ascendentes a unas 2,400 caballerías, equivalentes a 32,160 hectáreas (Fuentes, 1968, pág. 3).
Hacia 1967 surgió la iniciativa de crear alrededor de la capital un cordón agropecuario, que abastecería a la ciudad de todas sus necesidades de alimentos.
Para eso se preveía la movilización de 500,000 habaneros para la siembra de 50 millones de cafetos, 3 millones de árboles frutales, 1 millón de cítricos, 2.5 millones de árboles maderables, 1 millón de especies ornamentales y 14 millones de plantas de frijol gandul.
Construcción de 80 presas (150 millones de m³), de ellas 7 construidas ya en 1968 con capacidad de 400,000 m³ (Fuentes, 1968, págs. 10-12), sobre la base del desbroce de esa superficie partiendo de la utilización intensiva del equipamiento de la «Brigada Invasora de Maquinarias Che Guevara» y la ulterior preparación de los suelos disponibles para la siembra de la campaña de primavera, incluyendo un plan de desarrollo ganadero, y considerándose que ya hacia finales de 1969 se habría logrado sembrar el 95% de lo previsto, con la intención de crear un espacio productivo propio que permitiera ahorrar los costos de transportación del traslado hacia la capital de esa producción y, de ser exitoso el proyecto, este se replicaría en Santiago de Cuba (Redacción, 2022). Las consecuencias de todo ello y su fracaso son harto conocidas y han sido documentadas en detalle por otros autores.
En el bienio 1969-1970, las autoridades comprometieron importantes recursos materiales y humanos en la consecución de una zafra azucarera en que se lograran producir 10 millones de toneladas de azúcar (Castro R., 1969) (Castro R., 1969), que serían destinadas, en una proporción importante, a la exportación y mejoramiento