Foto: Barbara Zandoval / Unplash.
7 / febrero / 2024
En los últimos días, el Gobierno de Joe Biden logró presentar ante el Senado un proyecto de ley resultado de un acuerdo bipartidista. El proyecto pretende modificar sustancialmente la política migratoria estadounidense y aprobar nuevas ayudas financieras para aliados de Estados Unidos (Israel y Ucrania).
Varios legisladores han trabajado durante meses en la redacción del proyecto y se espera que pueda ser discutido en el Senado antes del receso congresional del 8 de febrero de 2024. El proyecto cuenta con el respaldo de senadores republicanos y demócratas, pero aun así no tiene garantizado el triunfo en la Cámara alta del Congreso de Estados Unidos.
A pesar de la incertidumbre, algunos medios de prensa radicados en el sur de Florida y comunicadores dedicados a tratar temas de emigración, han afirmado que el proyecto de ley pudiera tener una repercusión directa en decenas de miles de cubanos que hoy se encuentran en Estados Unidos bajo el amparo del modelo I-220A —quienes, por esa causa, no han podido acogerse a los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano—.
El proyecto de ley y el I-220A
Más allá de que se ha afirmado que el proyecto de ley pudiese ofrecer una opción para la regularización de los cubanos que hoy se encuentran en Estados Unidos con un I-220A, el acuerdo no aborda de manera directa la situación de esas personas.
El proyecto establece una regla especial para cubanos y haitianos que pudiese beneficiar a quienes ingresen a Estados Unidos después de aprobada la normativa. La regla norma de manera explícita que, una vez que la ley entre en vigor, los cubanos admitidos en Estados Unidos bajo cualquier circunstancia podrán ajustar su estatus. Es decir, podrán solicitar la residencia permanente en virtud de la Ley de Ajuste Cubano sin necesidad de cumplir con los requisitos tradicionales (inspección, admisión o entrega de un parole).
El proyecto de ley reconoce que si cubanos y haitianos, con independencia de la forma en que ingresen a Estados Unidos, son admitidos por las autoridades migratorias, tendrán acceso a los beneficios que ofrece la Ley de Asistencia Educativa para Refugiados —que incluye programas de ayuda (cupones de alimentos [food stamps] o asistencia en efectivo [cash])—.
El proyecto que se discutirá —probablemente hoy 7 de febrero de 2024— en el Senado establece