¿A qué huele la violencia? ¿Cómo luce? ¿Cómo suena? En medio del pánico que viví estos días en Quito me hice esas preguntas. Estaba sola en casa y mi madre me insistía en que tomara un avión de manera urgente hacia Cuba. Luego empecé a ver arrestos de a quienes el Estado llama «terroristas»: eran jóvenes racializados y pobres. Vi a un militar exhortando a su tropa con el discurso de dar la sangre por la patria y a un presidente autorizando a matarlos a todos. Me parecía escuchar tiros cuando se trataba de pirotecnia y alguien me contó de un preso que subió al bus y olía a basura.
El 7 de enero las autoridades ecuatorianas «no podían afirmar, ni negar» que Adolfo Macías, alias Fito, el líder de la banda de crimen organizado Los Choneros se hubiera fugado de la cárcel. Fito cumplía desde 2011 una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, en el penal Regional de Guayaquil. Poco después, el exministro ecuatoriano del interior, José Serrano, diría a la prensa que la fuga había sido desde el 25 de diciembre, algo de lo que el Estado no dio declaraciones oficiales.
El 8 de enero, un día después de que fuera pública la fuga de Fito, se desató una guerra entre el crimen organizado y el Estado, en que los diferentes grupos tomaron las cárceles y secuestraron a los guías penitenciaros. La expectación mediática se disparó cuando empezaron a salir todo tipo de videos y noticias de atentados, coches bomba, tiroteos, toma por asalto de un canal de TV en Guayaquil y asesinatos a policías en directo, que amenazaban la seguridad ciudadana.
Los amotinamientos y masacres carcelarias son comunes desde hace un tiempo en Ecuador. La violencia en ciudades de la costa había sido motivo de la constante declaración de estados de excepción en el gobierno de Guillermo Lasso, pero esta vez llegó a la capital y adquirió un carácter mediático imparable que causó el pánico generalizado. Posteriormente, los medios y autoridades desmintieron una serie de noticias falsas que circularon en esas jornadas caóticas.
Las fugas de las prisiones en Ecuador no son tan inusuales. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ha sido objeto de escándalos cíclicos, no solo por la inhumanidad en con la que viven las personas privadas de libertad (PPL), sino porque dicho organismo oculta información sobre la situación en las cárceles y ha estado caracterizado por la corrupción administrativa. La fuga reciente de Fito y otros integrantes de bandas delictivas como Colón Picó en Ecuador, no son las únicas que han acontecido en las sombras en los últimos dos años.
En octubre de 2023 saldría a la luz el videoclip del «Corrido del león» dedicado a Adolfo Macías, donde le apodan «el papá», «el patrón», «un hombre de buen carácter», «un buen amigo lleno de humildad». El narcocorrido llegaba con un videoclip, en el que parte de las escenas habían sido filmadas dentro de la cárcel. Fito, como otros líderes de bandas delictivas, tenía privilegios dentro de la prisión, porque en hechos, las cárceles en Ecuador son de dominio del narco.
El intelectual mexicano Oswaldo Zavala, en su análisis acerca de la narconarrativa en torno al mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán explica que en el juicio quedó demostrado que no se trataba del «jefe de jefes», ni la cabeza del cartel de Sinaloa, como lo habían pintado los narcocorridos y la prensa, sino de uno más en la cadena de mando del crimen organizado. Para este autor, la narrativa de los cárteles que compiten por el poder y de las figuras hegemónicas dentro de ellos, como puede ser alias Fito en el caso ecuatoriano, justificaron ante la sociedad mexicana la militarización e hicieron del narco el culpable de toda la violencia de un país donde militares y cuerpos represivos también poseían el monopolio de dicha violencia.
El propio Zavala asevera que al campo discursivo del narco lo rige un punto nodal mayor: la seguridad nacional, un discurso que necesita enemigos para sostenerse. Según el autor, las instituciones políticas de México y EEUU operan en este caso de manera conjunta como generadores de enemigos simbólicos.
Lo planteado anteriormente no quiere decir que el narco sea un invento de los gobiernos o una treta a escala internacional para asegurar el dominio de EEUU en Latinoamérica, aunque esta dicha hipótesis no es descartable, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual. En 2022 Ecuador fue el décimo país más violento de la región y ya en 2023 ocupaba el primer puesto con 7 200 muertes violentas: 45 homicidios cada cien mil habitantes.
Se trata de un país donde el narcotráfico es la mayor expresión del crimen organizado, pero que es receptor del tráfico de hidrocarburos y armas, el lavado de activos, la corrupción y la guerra entre bandas criminales. Con la baja presencia del Estado y la neoliberalización de la economía, han sido las provincias costeras las mayores receptoras de la violencia y cada vez con más fuerza el país andino se abre a la penetración militar y económica de los Estados Unidos.
Los patrones no tienen tatuajes
La primera reacción del presidente Daniel Noboa al conflicto fue decretar 60 días de estado de excepción nacional y toque de queda de 11pm a 5am en este periodo. Posteriormente emitió el Decreto Ejecutivo 111, donde declaró que el país estaba en medio de un conflicto interno armado e identificó como objetivo a ser eliminado por las fuerzas del orden, a los grupos: «Águilas, ÁguilasKillers, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKillers, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones». Por demás, el Decreto los identifica como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. De inmediato, la Asamblea Nacional anunció que ofrecería amnistía a los policías y militares que hagan uso de la fuerza durante el ya declarado conflicto interno armado.
«En las cárceles tatúan a los chicos que caen en un pabellón dominado por las mafias para que no hablen cuando salgan y los grandes narcos ni siquiera tienen el tatuaje. Esos tatuajes y el color de la piel o la apariencia son hoy los estándares de los cuerpos represivos para identificar a los decretados como terroristas. La gente está sedienta de sangre y violencia, porque piensa que así va a mejorar la situación y el Estado les está dando eso», afirma una fuente a la que, por razones de seguridad, llamaremos Carlos.
Esos jóvenes de barrio reclutados por las bandas no son los que mueven toneladas de drogas. «Para que el negocio del narco funcione se necesita un entramado internacional con paraísos fiscales etc, son estructuras más elevadas que no se meten en conflictos violentos, sino que están dentro de los Estados», explica.
Carlos insiste en la necesidad de diferenciar a las grandes mafias de las pandillas locales y a los mandos altos, de los soldados de a pie. «A las mafias no les importa la vida de sus muchachos —dice—. A los que asaltaron la televisora en Guayaquil les pagaron pequeñas sumas de dinero, al igual que a los jóvenes que utilizan para sus actos. Solo son carne de cañón».
Según el censo penitenciario del Ecuador, en 2022 el 40, 4 % de las PPL tiene de 18 a 29 años y el 93,4 % son hombres. Solo el 7, 3 % de los hombres tiene educación superior. Por demás, la mayoría de las PPL cumplen sentencias por tráfico ilícito de sustancias, seguidas en porciento por los delitos de robo u homicidio.
Carlos afirma que el Estado es responsable de que esos jóvenes se unan a las mafias, porque no tienen alternativas de vida en un sistema donde la desigualdad es la ley. Por demás, explica que la respuesta de Noboa al arremeter únicamente contra los jóvenes que participaron en los actos violentos del 8 y 9 es un