A pocos días de cumplirse un año de las manifestaciones populares que estremecieron Cuba el 11 de julio pasado, la organización que defiende los derechos de los encarcelados por participar en las protestas, Justicia11J, ha empredido una campaña con el objetivo de que las prisiones cubanas sean observadas in situ por organismos internacionales y actores de la sociedad civil.
La organización, que criticó el hecho de que las autoridades solo hayan ofrecido información “tardía y parcial” sobre los detenidos en relación con el estallido social, ni sobre los procesos judiciales en su contra, recordó que la crítica situación que atraviesan los encarcelados.
“Mientras hemos recogido testimonios crudos sobre la situación actual de quienes pagan condenas por reclamar derechos, los órganos de prensa oficial describen a los manifestantes como vándalos que merecen castigos severos. Mientras miles denunciamos injusticias y atropellos en las cárceles, voceros del gobierno las comparan con espacios para el descanso y el ocio”, subrayó Justicia 11J.
La organización cita una investigación reciente de la consultoria jurídica Cubalex que documenta 14 técnicas de tortura aplicadas en las cárceles de Cuba, así como denuncias de hacinamiento, malas condiciones higiénico-sanitarias, mala alimentación, limitación de derechos básicos, cambios repentinos de prisión que provocan desapariciones forzadas, traslados arbitrarios a centros de mayor rigor, huelgas de hambre como protesta, reclusión en celdas de castigo, falta o negación de atención médica e intentos de suicidio, entre otras situaciones extremas que enfrentan los detenidos.
“Nada de esto ha sido contemplado y denunciado por organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos ni de asistencia humanitaria, pues desde la década del ochenta, ninguna instancia internacional ha entrado a nuestras prisiones”, señala Justicia11J.
La organización recalca, además, que a pesar de los esfuerzos realizados por organizaciones y miembros de la sociedad civil independiente, “no existe aún una cifra definitiva de personas detenidas por su participación en las protestas de julio de 2021, se desconoce cuántas personas han sido puestas en libertad, cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación”.
Otros datos, como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidos los manifestantes del 11 de julio, y las cifras “realmente claras y precisas” sobre los procesados penalmente, tampoco han sido dados a conocer por las autoridades.
“La declaración más completa en cuanto a información desagregada fue publicada el 25 de enero en el portal oficial de la Fiscalía General de la República, pero esta publicación ha sido retirada con posterioridad”, indica Justicia 11J.
En una nota oficial publicada este miércoles, la Fiscalía General emitió información sobre las sentencias firmes dictadas por los tribunales, los días 16 y 21 de junio, contra manifestantes de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, juzgados por presuntos delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
Según el reporte, resultaron sancionados 74 acusados y solo dos fueron absueltos.
Del total de sancionados, 56 cumplirán sus sentencias en prisión: 22 con penas de hasta 10 años, 30 entre 11 y 15 años, y cuatro entre 16 y 18 años de privación de libertad. Los otros 18 acusados cumplirán sanciones menores de trabajo correccional, con y sin internamiento, y limitación de libertad, incluidos 12 menores de entre 16 y 18 años de edad.