La Habana, 24 jun (ACN) El Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) invistió hoy en esta capital a dos nuevas magistradas e igual número de magistrados eméritos de larga trayectoria en el órgano judicial.
Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, entregó la tradicional toga a las juezas Ingryd Teresa Santos Díaz y Yanelis Ponce Téllez, en una ceremonia solemne efectuada en la sede de la institución, con la asistencia de representantes de su Consejo de Gobierno.
Acompañaron la actividad Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, y otros funcionarios del sector y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Santos Díaz, a nombre de ambas letradas, ratificó el compromiso de lealtad a la legalidad socialista, el cual caracteriza a los profesionales que asumen esa responsabilidad, y calificó de alto honor el privilegio de impartir justicia a nombre del pueblo cubano, en concordancia con los principios que rigen el Derecho en el país.
Remigio Ferro confirió la banda y el diploma acreditativos de la condición de jueces eméritos a Plácido Batista Veranes y María Caridad Bertot Yero, en reconocimiento a su experiencia y la ética de su proceder, ya que se encuentran en edad de jubilación.
Sirvo a la Patria, a la Revolución y a los tribunales hasta que mis capacidades lo permitan, aseguró Batista Veranes, con más de 40 años de labor y presidente desde 2001 de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del TSP.
Estos nombramientos responden a lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada en referéndum popular en 2019, y los artículos 74 y 82 de la Ley 140 de los tribunales de justicia.
Por el Acuerdo No. 347, del 16 de marzo de 2022, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó la Estrategia para la incorporación de la perspectiva de género, y la prevención y atención a la violencia basada en el género en la impartición de justicia (2022-2030)
Según especialistas en la materia, su objetivo esencial consiste en orientar, promover y potenciar la igualdad de derechos desde la perspectiva de género en el sistema judicial cubano.
