La senadora mexicana Alejandra Reynoso criticó este 23 de junio, en un video compartido en redes sociales, la contratación de médicos cubanos por el gobierno de izquierdas de Andrés Manuel López Obrador en México.
Reynoso, del derechista Partido Acción Nacional, dijo que la venta de servicios médicos en otros países es el gran negocio del régimen cubano, cuyos ingresos significan más de la mitad del pago a los trabajadores cubanos de la salud.
“El mayor medio de financiamiento del régimen cubano son las brigadas médicas. Apoyar que vengan médicos cubanos es apoyar al régimen totalitario de la isla, y a su vez quitarle la oportunidad a médicos mexicanos para que tengan una plaza”, declaró la senadora.
Por ese motivo, la decisión del presidente de México también ha sido rechazada por los gremios médicos del país, al sentirse desplazados por su mismo gobierno.
López Obrador dijo el pasado 9 de mayo que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud nacional.
“Vamos a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país; esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país”, señaló AMLO en su habitual conferencia de prensa ese día.
Tras este anuncio del gobierno de México, centenares de médicos de ese país manifestaron su rechazo al convenio con el régimen cubano.
El mandatario también dio a conocer que firmó un convenio en materia de salud con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en el que destaca la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para niñas y niños mayores de dos años.
Según la organización Prisoners Defenders (PD), entre 50 000 y 100 000 cubanos trabajan fuera de Cuba bajo condiciones de explotación para empresas del régimen de la Isla, en el marco de las llamadas “’misiones internacionalistas”.
Sobre los salarios, expusieron que el régimen cubano obtiene de las misiones unos ingresos anuales de 8500 millones de dólares, un monto que triplica “lo que gana por el turismo, que son unos 2900 millones de dólares”, y supera “cuatro veces lo que gana por las remesas, de 2000 a 3000 millones”.
Si una persona abandona la misión o decide no regresar a Cuba, es penada con entre tres y ocho años de prisión por el artículo 135 del Código Penal, una condena que en la práctica se traduce en ocho años sin poder regresar a la Isla ni para ver a sus familiares.