El Departamento de Estado de EE. UU. anunció este 16 de junio sanciones a cinco funcionarios del régimen cubano involucrados en los juicios y condenas a cientos de personas que se manifestaron contra el Gobierno en las protestas del 11 de julio de 2021.
En un comunicado, la entidad resaltó que tomó “estas medidas en virtud de la Proclamación Presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a los Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano”, implicados en violaciones a los derechos humanos.
“Estos cinco funcionarios están relacionados con los juicios, condenas y encarcelamientos injustos de manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021. Este anuncio de restricciones de visado se produce en respuesta a las acciones de los funcionarios del gobierno cubano que niegan a los cubanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales”, resaltó el secretario de Estado, Antony Blinken, en Twitter.
Esta semana, la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó que hasta el momento los tribunales del país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones contra la dictadura del pasado 11 de julio (11J).
Según el reporte, divulgado por el diario oficialista Granma, las condenas castigan fundamentalmente los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos.
Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido verdaderos montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.
En mayo, Diario de Cuba reveló un video de 2018 donde el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba Rubén Remigio Ferro exculpaba las violaciones del debido proceso cuando fueran juzgados opositores políticos.
Remigio declaró que la presencia de abogados defensores en los procesos penales son un estorbo y que el objetivo del proceso penal es destruir la presunción de inocencia de los acusados, entre otras infracciones al sistema judicial cubano.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) elevó este 8 de junio a 1046 la cifra de su registro sobre presos políticos en Cuba, la mayoría encarcelados tras la escalada represiva por las manifestaciones de julio de 2021, que se extendieron por más de 60 localidades de la isla.
Según la organización, 901 personas permanecen recluidas por dichas protestas, mientras que en el último año han pasado por las cárceles del país unos 1236 presos políticos.