Pedro Sánchez no pudo ser más desacertado ni inoportuno cuando en días pasados revirtió por cuenta propia una consensuada posición oficial española con respecto al arreglo negociado del prolongado litigio en torno a la independencia del Sahara Occidental.
Hay que advertir que, de todas formas, el primer gran yerro de Madrid fue desconocer el derecho de la población local a su independencia cuando en febrero de 1976 sus últimas tropas abandonaron esa desértica colonia africana, y haber dado directo aliento a las añejas apetencias territoriales de Marruecos y Mauritania a pesar de que desde mayo de 1973 los saharauis ya luchaban por su autodeterminación liderados por el Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, POLISARIO.
Con la ya citada salida de los militares españoles, los destacamentos armados proclamaron de inmediato la República Arabe Saharaui Democrática, RASD, cuya existencia obstaculizó la pretensión foránea de ocupación total, ganó el reconocimiento regional e internacional, y ha impulsado el proceso político por el cual se acordó en 1988 la realización de un referendo sobre la independencia a instancias de la ONU, postergado una y otra vez hasta nuestros días por las reticencias de Rabat.
Y luego de más de cuatro décadas y media de propiciar tan controvertido dislate, semanas atrás Sánchez apareció ante la opinión pública a declamar a estas alturas que la “única salida coherente” al problema saharaui es el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental y la implementación de una “autonomía” local bajo la tutela del codicioso vecino.
Una posición suscrita y alabada además por un Washington que desea desarmar el apoyo global a la nación saharaui y lograr el reconocimiento de Marruecos al Israel sionista a cambio de otorgarle su beneplácito al sacrificio de las aspiraciones independentistas de todo un pueblo.
Desde luego, Pedro Sánchez está pagando un precio interno. Las críticas y ácidos emplazamientos llueven desde una izquierda española que se solidariza con la RADS, una oposición de derecha que ataca con todo su actuar “personalista” en un sensible tema de política externa nacional, y hasta de un rancio y nostálgico estrato ibérico que no admite “ceder de manera indigna una parte del reino a una monarquía inferior, derrotada por sus Majestades Católicas siglos atrás.”
Por demás, el jefe de la Moncloa ha provocado un severo sisma con naciones muy cercanas geográfica y económicamente como Argelia, firme y tradicional aliada del pueblo saharaui, y una de las principales fuentes de suministros energéticos y alimentarios a España.
De hecho, Argel no solo condenó de forma muy severa el cambio de política hacia la RADS impuesto por Sánchez a cambio de un “mayor entendimiento” con Rabat, sino que decidió dar por concluidos el acuerdo de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España suscrito en 2002, y la actividad bancaria para operaciones comerciales hacia y desde la nación europea.
Ello, aseguran medios como RT, “amenaza un negocio que en 2021 movió algo más de 7 mil millones de euros en productos a ambos lados de las respectivas fronteras.”
La propia fuente explicó que, según datos oficiales ibéricos, “el 97 por ciento del gas natural que importa España procede de la república argelina, lo que la convierte en su tercer cliente con más de dos mil millones de euros destinados principalmente al pago de esa factura.”
Y aunque Argel asegura que las operaciones comerciales mutuas ya pactadas serán honradas, no es menos cierto que la Moncloa ha puesto en serio riesgo futuras compras energéticas fundamentales para el país en el cercano mercado argelino, con más razón en medio del caos creado por Washington y sus aliados de la OTAN (Madrid entre ellos) con las sanciones contra Rusia por los forzados (por Occidente) acontecimientos bélicos en Ucrania y los consecuentes cortes de combustibles claves para Europa del Oeste desde el demonizado gigante euroasiático.
Nada, que una vez más el disparo sale del arma en reversa.