¿Por qué mantener la pena de muerte en el nuevo Código Penal cubano cuando muchos países ya lo retiran de sus cuerpos legales? ¿No resulta el femicidio, un fenómeno lo suficientemente preocupante como para establecerlo como figura delictiva específica? Estas son las principales interrogantes que centran los debates en redes sociales en Cuba, desde que este domingo se aprobara la norma.
El documento mantiene la pena de muerte para casos excepcionales y la responsabilidad penal a partir de los 16 años. Tampoco incluye el femicidio como una figura delictiva delimitada. Para numerosas personas usuarias de las redes sociales, estas y otras razones indican que el nuevo Código Penal no es tan “avanzado” como aseguran las autoridades.
Hasta ahora solo se conoce el texto del anteproyecto, que contó con un correo electrónico para que la ciudadanía enviara sugerencias. Este será revisado por una comisión de estilo y entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Rechazo a la pena de muerte
Uno de los temas más comentados es la permanencia de la sanción de muerte con “carácter excepcional en 23 tipos penales de extrema gravedad y se suprime en cuatro delitos”.
Según reportes de prensa de la sesión del parlamento del 15 de mayo, Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular, insistió que “desde hace más de 20 años” no se aplica esta condena en Cuba. Y solo una diputada, la holguinera María Armenia Yi, expresó su desacuerdo por creer “en la posibilidad del cambio y la oportunidad de una vida transformada”.
Por su parte, decenas de ciudadanos en redes sociales manifestaron su desacuerdo y abogaron por su abolición.
El reconocido escritor Nelson Simón colocó un “No a la pena de muerte” en su perfil de Facebook, que generó alrededor de cien comentarios e igual número de reacciones. Ante un debate originado en el propio post, Simón defendió que su posición de rechazo “es clara” y que “ni siquiera necesita argumentos”.
Para el también literato cubano Idiel García, “la muerte no se puede legalizar de esa forma. La sociedad debe ser humanista. Para los asesinos hay penas como la de cadena perpetua”, argumentó en la propia publicación.
La comunicadora Rebeca Cabrales se sumó al rechazo: “Tampoco estoy de acuerdo con la pena de muerte. Viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida”.
El activista LGBTIQ+ Alberto Roque argumentó su posición: “Aunque moralmente la vida humana no es un valor absoluto, en este caso el Estado no tiene el derecho de terminar con la vida de un ser humano, sobre todo si no se ha logrado mejorar las condiciones socioeconómicas y políticas que conllevan a estos crímenes”.
La pena de muerte tiene defensores y detractores en redes sociales, aunque los principales argumentos de quienes la apoyan radican en que sea aplicada a “asesinos, violadores y pederastas”, cuando es precisamente en estos dos últimos casos donde el nuevo código elimina este tipo de sanción.
Según establece el anteproyecto, se reafirma la “voluntad política y estatal de suprimir la sanción de muerte en determinados tipos penales comunes que actualmente la tienen fijada: ´agresión sexual´ (actualmente ´violación´ y ´pederastia con violencia´), ´corrupción de menores´ y ´robo con violencia o intimidación en las personas´, añadiendo a los marcos penales de estos delitos, la de privación perpetua de libertad, en los casos que no la tienen prevista en la actualidad”.
La sanción máxima se mantendría para los “casos de hechos delictivos de extrema gravedad (15 en la familia de los llamados ´delitos contra la Seguridad del Estado´, seis en los de ´terrorismo´, además del ´tráfico internacional de drogas´ y ´asesinato´”.
Por ello, otro eje del debate en red cuestiona a quiénes se aplicarán estos “casos excepcionales”.
Sin el delito de femicidio
Los resúmenes de prensa estatal sobre las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular identificaron a este problema como el más debatido por las y los diputados. Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), consideró la pertinencia de acoger el término femicidio en el nuevo código, al no tipificar así al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
Si bien Castro Espín calificó la propuesta legal como “superior por transversalizar el tema de la violencia de género” y aunque el artículo 345 contiene como agravante la muerte de “una mujer como consecuencia de la violencia de género”, la diputada defendió que era una inclusión pertinente por su importancia nacional y regional, toda vez que 18 normas de América Latina ya han reconocido los términos femicidio o feminicidio.
Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales.
La periodista Tamara Rendón alertó en un post en sus redes sociales sobre la no tipificación del femicidio como delito. Sin ello, “se diluye la propia estadística dentro de los homicidios y no se pueden conocer las causas ni estar registradas debidamente, menos abordar las soluciones y la acción integralmente”.
En ese mismo sentido, la abogada Betty Pairol recalcó que “el debate sobre la tipificación o no del femicidio en el nuevo código penal no es simplemente sobre otro tipo de asesinato o un tema más, es un problema político, como política debe ser su solución. Tal como quedó redactado no nos protege como víctimas sistémicas del machismo y del patriarcado, solo se limita a condenar estos hechos”.
Para el activista y académico Juan Carlos Gutiérrez, “es terrible que no se haya incluido como figura jurídica no solo porque el nivel de casos es alarmante en nuestra sociedad, sino también porque es un delito específico que merece un tratamiento específico”.
“Definitivamente tenemos que seguir sensibilizando sobre el tema, principalmente a los operadores del derecho y al gobierno cubano”, defendió en su perfil de Facebook. Gutiérrez indicó que “hasta que no veamos el derecho con un enfoque de género no vamos a poder seguir evolucionando como sociedad”. (2022)