La Habana, 18 may (ACN) La reforma judicial en Cuba renueva el Estado socialista de derecho y garantiza la justicia social, declaró hoy Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
Al inaugurar el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho, dijo que ese proceso, derivado de la promulgación de la Constitución de 2019, transforma profunda y creativamente el sistema judicial y procesal en la mayor de las Antillas.
En los últimos meses fueron aprobadas en la Asamblea Nacional de Poder Popular nueve leyes, cuya entrada en vigor pondrá a prueba la destreza de todos los operadores del Derecho, acotó.
Destacó que en ellas se respetan los deberes y derechos de las personas naturales y jurídicas, el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial, como pilares irrenunciables del modelo socialista.
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Remigio Ferro aseguró que el evento que sesionará hasta el viernes posibilitará la socialización de saberes en relación con los nuevos derroteros a transitar para hacer más transparente y confiable por la ciudadanía el sistema judicial cubano.
Prestigian el congreso 67 delegados de 17 países de Latinoamérica y el Caribe, Asia, Europa y África, además de 259 delegados cubanos entre magistrados, jueces, fiscales, abogados, profesores, directivos de establecimientos penitenciarios y estudiantes.
¡¡¡Comenzó el X Encuentro Internacional “JUSTICIA Y DERECHO”!!!. Un valiosísimo espacio de debate y crecimiento profesional y científico, para los jueces y otros juristas.#JusticiayDerecho2022#JusticiaEfectivayTransparente#Cuba pic.twitter.com/ohvegUqLx1
— Rubén Remigio Ferro (@RubenRemigioCU) May 18, 2022
A la sesión inaugural asisten especialmente más de 250 jueces de los tribunales provinciales del occidente y centro del país, así como 303 delegados, matriculados vía online.
Presidieron la primera jornada Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República; Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República, y Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
