Yariel Alfonso Puerta, un joven cubano que se lanzó al mar la semana pasada para evitar una condena por su participación en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio, está a salvo en Estados Unidos, informó este 16 de mayo el periodista Mario J. Pentón.
Alfonso y un amigo, Alioski Quintero, se encuentran bajo custodia de la Guardia Costera, institución que tiene el deber de deportar a todo migrante cubano que llegue ilegalmente al país, según los acuerdos firmados por el presidente Barack Obama en 2015.
Este hecho pondría a Puerta y Quintero en una delicada situación, pues los juicios contra los manifestantes del 11 de julio carecen de los requisitos legales mínimos de confiabilidad y son utilizados como castigo por el régimen, precisó Pentón.
“Pedimos a la Guardia Costera que tenga piedad de estos muchachos y no los deporten”, rogó el periodista de América TV.
Los jóvenes zarparon en una balsa casera con una vela y cuatro remos el viernes pasado. Ese mismo día, iban a buscar a Yariel para llevarlo a los tribunales. Según la organización Cubalex, Puerta enfrenta una condena de seis años de cárcel por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desobediencia y resistencia.
“Rogamos a las autoridades que realicen la entrevista de miedo creíble, en la que estos jóvenes podrán demostrar que son perseguidos por la dictadura, y que no los deporten, pues sus condenas serían mayores luego de comprobarse su salida ilegal de Cuba”, dijo el abogado y opositor Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, que ha seguido el caso.
La entrevista de miedo creíble es parte del proceso al que deben someterse los migrantes cubanos al llegar a Estados Unidos y gracias a la cual pueden pedir asilo político en ese país.
Sánchez precisó que los jóvenes tienen videos en los que prueban la persecución del régimen cubano. “También estamos explorando otras vías legales para mantenerlos a salvo”, agregó Sánchez.
La ONG Prisoners Defenders aseguró en marzo que unas 891 personas permanecían en cárceles cubanas por las protestas del 11 de julio y que ha registrado medidas contra al menos 26 adolescentes de entre 14 y 17 años.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que, “en Cuba, donde el poder judicial está firmemente sometido al control gubernamental, no hay transparencia en los procedimientos ni se permite asistir a los juicios a periodistas y observadores de derechos humanos independientes”.
Entre las últimas sanciones se cuentan las de los manifestantes de la esquina de Toyo y La Güinera, en La Habana. La pena más elevada fue de 30 años de cárcel, según información publicada el 16 de marzo por el Tribunal Supremo.
Familiares de los presos han asegurado que los juicios han sido montajes en los que apenas se presentan pruebas para incriminar a los acusados y, con frecuencia, están manipuladas.