La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este domingo la nueva Ley del Código Penal, criticado por opositores y activistas en la isla por tipificar nuevas figuras delictivas que criminalizan aún más la manifestación, la oposición política y el activismo.
De acuerdo con el portal oficialista Cubadebate, la mayoría de los diputados coincidió en que el Código Penal “responde a las actuales y perspectivas condiciones políticas y socioeconómicas del país”.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), aseveró que como resultado de “la amplia consulta del texto” se recibieron 1.140 criterios y 1.114 propuestas de modificación, de las que 706 fueron admitidas, mientras que en el proceso de intercambio con los diputados surgieron 112 propuestas, de las que 97 fueron aceptadas.
El nuevo Código Penal introduce entre sus variaciones respecto a su predecesor de 1987 penalizaciones a “las violaciones más graves relacionadas con el uso abusivo de los derechos constitucionales, la participación activa en actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación”.
Convierte el actual tipo legal de “rebelión” en “delito contra el orden constitucional” y lo penaliza con un mayor marco sancionador, a la vez que agrega el delito de “desórdenes públicos” para castigar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.
En el artículo 143, dentro de la figura delictiva “Otros actos contra la Seguridad del Estado”, el Código Penal aprobado por el pretendido parlamento del régimen cubano dispone que “incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años” aquel cubano que, “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
El gobierno del Partido Comunista de Cuba criminaliza desde su consagración actividades como el periodismo y el cine independiente, y reprime organizaciones políticas, económicas y de la sociedad civil que no estén controladas por el Estado.
Así, quienes transgredan sus prohibiciones pueden ser enjuiciados mediante la fabricación de delitos comunes, contenidos en el Código Penal y otras normativas complementarias como decretos leyes, decretos y resoluciones de organismos de la administración central del Estado.