El desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA) no pueden desvincularse de la gestión local y el desarrollo municipal, pues son intereses convergentes, puntualizó Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, durante un análisis de estas formas de gestión en las comisiones de Asuntos Económicos y de Atención a los Servicios.
Destacó la importancia de corregir distorsiones que impactan en la sociedad y en el entorno monetario del país, y recordó que el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) tiene una lista de actividades no autorizadas sobre la base de lo cual «todo lo demás se puede hacer», al tiempo que señaló la importancia de poner límites a la dolarización, pues «nuestro diseño se basa en el peso cubano como centro del sistema financiero, y todo lo que hagamos debe ir en esa dirección».
Gil Fernández acotó que el trabajo de los actores económicos va, entre otros aspectos, en la dirección de incrementar la oferta y hacer competitiva la economía nacional.
Joel Queipo Ruiz, miembro del Secretariado del Partido y jefe de su departamento económico, enfatizó en que, en el país, el tejido económico ha cambiado, aunque la empresa estatal socialista sigue teniendo el mayor peso.
NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS
A partir de los resultados del control realizado a 35 mipymes y CNA, Johana Odriozola Guitart, viceministra del MEP, ofreció una valoración sobre el proceso de formación de los nuevos actores económicos y las principales dificultades encontradas.
Destacó que, al cierre del 9 de mayo, existían en Cuba 3 292 actores económicos aprobados, de ellos, 3 191 mipymes privadas y 51 estatales, así como 50 CNA.
Dijo, además, que al cierre de abril la Oficina Nacional de Administración Tributaria informaba que más de 8 000 licencias de trabajadores por cuenta propia tienen más de tres trabajadores contratados, lo que obliga, según las actuales normativas, a que estos se reconviertan en mipymes o cooperativas.
Entre los aspectos positivos que se mencionaron, a partir del intercambio con estos actores, figura la digitalización del proceso de aprobación, el cual ha transcurrido de forma ágil y con transparencia; las consecuencias de ser personas jurídicas; los aportes que pueden ofrecer a los índices de empleo; que se haya aprobado un marco normativo más flexible; el acompañamiento de determinadas instituciones y territorios en este «nacimiento»; así como la posibilidad de decidir cuál forma jurídica adoptar, teniendo en cuenta las características del negocio y los intereses particulares.
Las principales insatisfacciones refieren la inexistencia de un mecanismo legal de compra de divisas, que no pasa, afirmó Odriozola Guitart, por una cuestión de voluntad, sino de la propia escasez de divisas que tiene el país; y lo necesario de implementar procedimientos para acceder a la inversión extranjera y a la colaboración internacional.
Sobre este último tema, puntualizó que se ha estado trabajando y hay propuestas bastante elaboradas y con un nivel de consenso, en función de atemperar estos procedimientos y que contemplen a los nuevos actores.
Otras de las preocupaciones están en la negativa de arrendar locales estatales o los excesivos precios que se piden por estos establecimientos, aun cuando requieren importantes inversiones; la negativa de algunas entidades a establecer contratos con los nuevos actores, casi siempre por desconocimiento de las normas jurídicas actuales; así como las demoras y lo engorroso de los trámites en el otorgamiento de las licencias.
Acceder a financiamientos bancarios, agilizar los procesos de importación, la inconformidad con las definiciones sobre asesoramiento jurídico, y la apuesta por una mayor capacitación en temas económicos, contables y legales, también requieren una mirada diferenciada, desde el MEP y otros organismos del Estado, aseguró.
FORTALECER LA TESORERÍA
Perfeccionar el manejo de las finanzas públicas en el país y, dentro de ese engranaje, la operatoria del sistema de tesorería por su estrecha relación con la ejecución del Presupuesto del Estado, fue el llamado que hizo el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
Destacó, además, que actualmente Cuba avanza hacia la descentralización de los territorios, con la intención de que los recursos se generen y administren cada vez más cerca de donde se concreta el hecho económico. No obstante, alertó, el camino hacia esa autonomía genera mayor responsabilidad y competencia para asimilar las nuevas funciones.
Evaluar y revisar conscientemente el empleo en la actividad presupuestada, que concentra el 48 % de la fuerza laboral de la Isla, y genera hoy los principales gastos, fue otra observación de Gil Fernández. No se trata, indicó, de recortar actividades del sector presupuestado o congelar plazas, sino de que cada cual gestione eficientemente esos roles y no contribuya a que la plantilla se sobredimensione.
Se refirió al incremento de liquidez monetaria actualmente en manos de la población, lo que presiona sobre la oferta e influye en la inflación; y lo necesario del control de los recursos públicos y manejo del Presupuesto del Estado, «para avanzar en la recuperación económica del país».
Al respecto, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, destacó que el sistema de tesorería es vital para la ejecución del Presupuesto, y que debe aplicarse un control efectivo en su gestión.
Subrayó que la inmovilización de dinero en las cuentas bancarias de unidades presupuestadas; la inadecuada ejecución de los contratos, lo que conlleva a que se generan cuentas por pagar; el gasto del salario en la actividad presupuestada, llegando a ser incluso del 50 % y el 60 % en algunos municipios; así como el riesgo que implica el uso del efectivo y que se violenten o falsifiquen las nóminas, son algunas de las deficiencias que hoy hacen mella en este sistema.