Una azucarera de EE.UU. retiró “voluntariamente” una demanda que había presentado contra el conglomerado azucarero de la familia cubana de los Fanjul, bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, que considera “tráfico” las actividades que comprometan bienes confiscados por el Gobierno cubano tras la revolución de 1959.
En una breve carta al Distrito Sur de Florida, el abogado Javier A. López retiró la querella presentada en Miami contra los Fanjul por el supuesto envío de azúcar elaborado en la isla al Reino Unido.
“El demandante Industrias Francisco desestima voluntariamente sus reclamos contra ASR Group Internacional, Inc”, señala el documento judicial al que tuvo acceso Efe este miércoles.
El proceso judicial fue presentado el 2 de mayo por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1899 en Nueva Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y sufrieron la expropiación de sus tierras cultivables en Guayabal (Cuba).
La denuncia retirada estaba dirigida a ASR Group, con sede en West Palm Beach, la refinería y comercializadora de azúcar más grande del mundo de propiedad de Alfonso Fanjul, un histórico opositor al régimen comunista de los hermanos Castro exiliado EE.UU., y sus hermanos.
Este tipo de demandas son posibles desde mayo de 2019, cuando el entonces Gobierno de Donald Trump (2017-2021) activó el título III de la Ley Helms Burton de 1996.
Bajo esta ley se logró recientemente el primer acuerdo de indemnización en una de las demandas, que debe consolidarse en los próximos días.
Una multinacional suiza de materiales de construcción acordó un pago, cuyo monto no fue divulgado, a los herederos de una familia cubana por una inversión en bienes confiscados por el régimen cubano en la isla.
La multinacional suiza LafargeHolcim aceptó resolver el caso pagando una indemnización a la familia Clafin, que la había demandado en una corte del sur de Florida en octubre de 2020 por hacer negocios utilizando bienes que les expropiaron en la isla.
La Ley Helms Burton permite demandas en cortes de EE.UU. de estadounidenses y cubano-estadounidenses que quieran reclamar el usufructo por parte de compañías, muchas de ellas hoteles de cadenas europeas, de bienes suyos confiscados por el régimen castrista.
La demanda en el caso de la azucarera argumentaba que “ASR violó Helms-Burton al comprar azúcar de caña cultivada en Francisco y exportar ese azúcar desde el Puerto de Guayabal a la refinería de ASR en Londres”.
Sin embargo, ASR negó que la empresa compró azúcar en Cuba y subrayó que los “registros públicos disponibles muestran claramente que el envío de azúcar (…) fue comprado y entregado a otra compañía que no está afiliada de ninguna manera con ASR o la familia Fanjul”.
Según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba las autoridades estadounidenses han certificado 5.913 casos de ciudadanos y empresas del país que pueden acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
Pero además, detalla, que hay otros muchos más reclamos “no certificados” que se podrían demandar.
Entre las 37 demandas actuales, 12 son certificadas, como la de la familia Clafin y 25 no lo son, y en total impactan a 15 países, en su mayoría europeos.