Una falacia repetida hasta el cansancio por los detractores de la Revolución Cubana sostiene que la Mayor de las Antillas era considerada antes de 1959 un país de inmigrantes.
La realidad es que hasta los inicios de la década del 30 del siglo XX fue así, pero la crisis económica, política y social que afectó al país en esos años, y que se agravó en los 50, provocó que se invirtiera este proceso y el flujo migratorio cambió, siendo muchos más los que salían que los que llegaban al país.
Entre los años 1950 y 1958 emigraron hacia Estados Unidos unos 65 000 cubanos, que sumados a los que ya residían allí llegaron a sumar más de 100 000 personas. En el año 1958 se incrementó esta cifra y arribaron 72 000 cubanos con visa de no inmigrante.[1]
En enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, se rompieron las relaciones de dependencia con esa nación y se produjo un cambio importante en el flujo migratorio.
Los primeros que arribaron en 1959 fueron elementos cercanos a la dictadura de Fulgencio Batista, involucrados en robos, asesinatos y torturas.
Estados Unidos comenzó a dar refugio a todo aquel que quería salir de Cuba y organizó programas especiales de ayuda solo para cubanos, con el fin de incentivar la salida de la fuerza de trabajo más calificada del país.
En diciembre de 1960 se creó, con fondos federales millonarios, el Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos en Miami. El conocido como Programa de Refugiados Cubanos otorgaba la categoría de Refugiado Político a todo el que llegaba, privilegio del que no gozaban los emigrantes de ninguna otra nacionalidad.
Así las cosas, el 28 de junio de 1962 la administración de John F. Kennedy firma la Ley Pública 87-510, conocida como Ley de Asistencia a la Migración y a los Refugiados del Hemisferio Occidental, que endosaba fondos para los programas solo para los cubanos que llegaban a territorio estadounidense.
En noviembre de 1966 se firma una nueva Ley que garantizaba la aplicación del estatus de refugiado a toda persona proveniente de la Isla que arribara al país de manera ilegal. La Ley para Ajustar el Estatus de los Refugiados Cubanos a la de Residentes Permanentes Legales de Estados Unidos, y para otros fines, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, es conocida también como Ley Pública 89-732 o Ley de Ajuste Cubano.
El cubano admitido o puesto bajo palabra (parolee) en Estados Unidos después de 1959, que esté físicamente en el país durante un año, puede ser «ajustado» por el Fiscal General como extranjero admitido legalmente para residir permanentemente. [2]
La Ley de Ajuste Cubano establece que los cubanos son los únicos inmigrantes que, sin importar la vía utilizada para arribar, pueden, de forma inmediata y automática, recibir el Permiso de Trabajo, su residencia legal, obtener un número de seguridad social y beneficios públicos de alimentación y alojamiento, muy diferente a lo que ocurre con cualquier otro inmigrante que llegue a Estados Unidos.
Sin embargo, el proceso legal de otorgamiento de visas convenido en los Acuerdos Migratorios firmados entre ambos países ha sido tortuoso, incumpliéndose de forma deliberada por parte de Washington el número de visas acordadas, con el fin de estimular las salidas irregulares.
Las medidas tomadas por la administración Trump de cerrar el Consulado en la Embajada de EE. UU. en La Habana y trasladar las entrevistas para visado a terceros países agravaron intencionadamente la situación.
Mucho dolor ha costado la manipulación con fines subversivos de la emigración cubana hacia ese país, las salidas irregulares son sumamente peligrosas, las rutas costosas y a las mafias que intervienen en el tráfico de personas poco les importa la vida de los que buscan, atraídos por hermosos y bien afinados cantos de sirena, el paraíso yanqui.
Ahora, ante el fracaso del 11 de julio del plan yanqui que buscaba generalizar el caos y vender al mundo la imagen de una Isla ingobernable, ensangrentada y tiránica, para justificar la «intervención humanitaria», tratan de generar esa imagen usando el viejo expediente de las crisis migratorias.
La amenaza está en el aire, una emigración masiva hacia las costas estadounidenses constituye un peligro para la seguridad nacional, dicen los alabarderos del imperio, mientras incentivan las salidas irregulares desde territorio cubano.
Generar el caos a toda costa, destruir o al menos degradar la imagen de Cuba ante el mundo, privarla del apoyo internacional con que cuenta es el objetivo imperial, para así poder llevarla, entre aplausos y miradas cómplices de sus cipayos, al matadero. Pero no podrán.
[1] Minrex, pag web: www.cubagob.cu/rel_est/acuerdos.htm
[2] Ley Pública de Estados Unidos. 89-732.