Ni los métodos ni las motivaciones que sostienen la represión contra la prensa independiente en Cuba son novedosos.
Quienes deciden impulsar o ser partícipes de una prensa alternativa a la que está sometida al control del Partido Comunista enfrentan acoso y persecución constante de los Órganos de la Seguridad del Estado. Aunque la violencia estatal contra la prensa independiente es continua, la historia de las últimas seis décadas muestra ciclos en los que se ha intensificado con el propósito de desarticular las redes y medios de comunicación que logran subsistir en medio de la hostilidad.
Algunas de las oleadas represivas se han caracterizado por encarcelamientos masivos, mientras que otras han alcanzado sus objetivos a través de la extorsión (entendida como la amenaza de colaborar o ir a prisión. En los últimos años, el régimen ha apelado a la extorsión antes que a la prisión política de periodistas. Dos razones pudieran guiar la decisión. La primera, y más importante, es que les ha funcionado para cumplir sus objetivos: desarticular medios y neutralizar periodistas); y la segunda radica en que extorsionar es más conveniente para el poder, porque implica costos políticos menos elevados que el encarcelamiento de periodistas. Además, para lograr que la extorsión sea efectiva se han asegurado de acompañarla con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
La estrategia de la extorsión no solo es menos costosa políticamente, sino que además le ha permitido al régimen cubano obtener «testimonios voluntarios» que luego utilizan en campañas de descrédito contra los declarantes o los medios de prensa para los que trabajan.
Para hacer más efectiva la extorsión, en años recientes, el Gobierno cubano ha actualizado y modernizado el ordenamiento jurídico que utilizan para justificar las decisiones a tomar en caso de «no colaboración». A normativas como los Decretos Ley 370, 35 y el Decreto 349, se sumó en diciembre de 2022 un nuevo Código Penal que reguló un delito destinado a satisfacer el deseo de la propaganda durante años: contar con una figura delictiva específica para penalizar la recepción de dinero o recursos por parte de activistas, opositores o periodistas independientes.
Desde la promulgación del Código Penal vigente, el régimen y su aparato propagandístico ya no necesitan recurrir a complejas maniobras legales y manipulaciones para equiparar el delito de mercenarismo con el activismo o la labor de los periodistas independientes.
Tampoco necesita recurrir a una norma de profundo carácter político como la Ley 88 para penalizar a quienes reciben dinero para financiar una labor que es legítima, pero que el régimen de La Habana considera ilegal.
La Ley 88 criminaliza el activismo político y la prensa independiente que utiliza fondos, sobre todo estadounidenses. Es la única norma penal cubana que las autoridades pueden decidir discrecionalmente cómo y cuándo aplicar. Por esa razón, su empleo es signo claro de la motivación política detrás de cualquier juzgamiento que la utilice como sustento.
Sin embargo, el Código Penal vigente es una norma de uso diario y su artículo 143 condensa las ambiciones de la antigua Ley 88, y va más allá. No solo criminaliza los fondos procedentes de Estados Unidos, sino que también castiga la recepción de cualquier tipo de recurso, sea una recarga telefónica o el envío de alimentos, sin importar su origen. Lo hace, además, utilizando un lenguaje genérico y ambiguo que permite las más arbitrarias interpretaciones y es contrario al principio de claridad y precisión que debe caracterizar las normas penales.
Hoy es más fácil que nunca, para el régimen cubano, tratar de justificar o legitimar jurídicamente cualquier procesamiento penal en contra de activistas, opositores y, por supuesto, periodistas independientes.
El Gobierno cubano ha perfeccionado y refinado —si una palabra así cabe para describir la violencia estatal— las formas de reprimir el periodismo. Sin embargo, sus motivaciones y las ideas que guían sus actos han sido las mismas desde hace décadas. La única vez que el régimen decidió aplicar la Ley 88 —durante la Primavera Negra en 2003— dejó evidencia escrita y contundente del alcance de las concepciones que sobre la libertad de prensa maneja el Gobierno cubano, que de forma desafiante adelantó Fidel Castro a la periodista estadounidense Bárbara Walters en su famosa entrevista de 1977.
LA PRENSA NO PUEDE EXISTIR PORQUE BUSCA LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO SOCIALISTA
En la entrevista de 1977, Fidel Castro dijo a Walters que la concepción sobre la libertad de prensa que manejaba el régimen que él dirigía era diferente a la de otros países. Bajo ese argumento