Al régimen de La Habana le ha bastado con proponer la disyuntiva «colaboración o cárcel» para someter a muchos periodistas independientes, activistas y emprendedores desde 1959 y, en especial, durante la Primavera Negra de 2003 y los últimos años de crisis política.
La estrategia ha sido efectiva, entre otras razones, porque a diferencia de los periodistas independientes de décadas pasadas, la mayoría de los que hoy trabajan para medios independientes no se autoperciben como opositores políticos. Son, en su mayoría, jóvenes profesionales que solo han experimentado de manera directa la represión del régimen tras intentar ejercer —fuera del control del Partido Comunista— la labor para la que fueron formados: el periodismo.
El hecho de no verse a sí mismos como activistas u opositores, sino como periodistas interesados en narrar la realidad del país, ha condicionado cómo perciben el riesgo de represión y cómo se preparan para enfrentar la violencia estatal en comparación con sus predecesores. En consecuencia, el régimen cubano no necesita recurrir nuevamente a la cárcel como herramienta principal de represión masiva contra la prensa independiente. En su lugar, la extorsión bajo amenazas de prisión (colaboración) ha sido la estrategia preferida para forzar el exilio de generaciones completas de periodistas independientes en los últimos años.
Cuando uso el término colaborar me refiero a que la extorsión implica que, para evitar el procesamiento y la prisión, los periodistas independientes cubanos realizan —muchas veces en contra de su voluntad— lo que la Seguridad del Estado les indica. Las indicaciones pasan por «confesar» ante una cámara hechos inciertos, por ofrecer información sobre otros periodistas, por «entregar» medios de trabajo y dinero, y por comprometerse a abandonar el ejercicio de la profesión para la cual se formaron.
Antes de emitir juicios sobre quienes ceden a la extorsión, es importante considerar que las decisiones están motivadas por un miedo real. El miedo está basado, en primer orden, en la evidencia histórica que indica que el régimen cubano puede sancionar a periodistas a decenas de años de prisión. Evidencia histórica que asegura que el Estado cubano ve a los periodistas como enemigos contrarios al «socialismo irrevocable», como personas capaces de mentir y tergiversar animadas por el dinero.
Pero, sobre todo, el miedo está fundado en el hecho de que el proceso extorsivo se produce en contextos que estuvieron precedidos por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas e interrogatorios ilegales. Interrogatorios en los cuales a los periodistas independientes se les califica, de forma nominal, como «testigos» de un proceso penal más grande sobre el que no se ofrece dato alguno. En la práctica, se les trata como acusados sin derechos.
TESTIGOS NOMINALES, PERO ACUSADOS REALES
La mayoría de los periodistas que han sido sometidos a los recientes procesos de purga por colaborar con medios de prensa independiente no han sido imputados de manera formal. Los citan para una «entrevista», les informan que son testigos de un proceso penal iniciado o que fueron «mencionados» en una investigación en curso. Pero en la práctica, los acusan, los interrogan y los amenazan con posibles juzgamientos. L