Familia de Araceli Cala Pérez, Pinar del Río.
En el momento de su desaparición, Araceli Cala Pérez, de 32 años, era madre de dos hijos menores: un niño de 15 años y una niña de 16 años con una discapacidad intelectual.
Su hijo estaba entre el grupo de familiares que salió a buscarla el martes 10 de octubre de 2023 por los alrededores del kilómetro 4 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, provincia donde se han cometido al menos 14 feminicidios desde 2019 hasta la fecha, según datos de observatorios independientes.
Desde el domingo 8 de octubre nadie sabía sobre Araceli. Ese día ella había ido al encuentro de su expareja, Justo Carlos Muñoz Martínez, con el que había mantenido una relación de siete años, y quien acababa de salir de prisión.
“Cuando desapareció (Araceli) fuimos a denunciarlo porque siempre supimos que él tenía algo que ver. La policía dijo que no se podía hacer nada porque la que tenía que ir a denunciar era Araceli, algo que era imposible porque si ella estaba perdida, ¿cómo iba a denunciar?”, explica Anisleidys Cala Pérez, hermana de la víctima.
Sin ayuda de la policía, la familia halló el cuerpo de Araceli en un manglar cuando ya estaba cayendo la noche, guiados por el vuelo circular de las tiñosas.
“Nosotros pensábamos que no era ella, porque estaba blanca, y seguimos buscando”, comenta Michael Cala, su primo. Cuando llegó la policía, Anisleidys sí la pudo identificar por un tatuaje. “La reconoció por el nombre del muchacho, el que la mató. Ella tenía tatuado el nombre de él en el brazo”, añade Michael.
La familia conocía los antecedentes de violencia machista de Justo Carlos. Araceli sufrió un aborto tras una golpiza que él le propinó y, aunque no lo denunció a la policía, sí se lo comunicó a sus familiares más cercanos. Incluso sabían que él la tenía amenazada de muerte desde la propia prisión.
Michael cuenta que el hijo de Araceli vió cómo sacaban el cuerpo de su madre del manglar. Él vivía con su padre desde antes del asesinato, quien sigue a cargo del adolescente. La niña ha quedado a cargo de su abuelo y abuela, los padres de Araceli, que tienen 55 y 54 años respectivamente.
Cada hijo de esta mujer víctima de feminicidio recibe 900 pesos al mes del Estado, es decir, poco menos de 3 dólares según la tasa de cambio informal del 4 de septiembre de 2024. En julio de 2024, este monto equivalía a un litro de aceite vegetal para cocinar. Sus cuidadores no trabajan y no podrían alimentarla sin el apoyo de otros familiares. Por otro lado, se desconoce el impacto emocional de la muerte de Araceli en su hijo, pues no ha recibido acompañamiento ni atención psicológica de ningún tipo. A la niña todavía no le han dicho que su madre está muerta.
Araceli es una de las 238 mujeres víctimas de feminicidios registradas de forma independiente, desde 2019 hasta junio de 2024, por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). También es una de las 161 mujeres que tenían personas a su cargo. Ambos observatorios contaron en ese periodo 285 personas dependientes afectadas por los feminicidios de estas mujeres.
Esto subraya la magnitud del impacto social y económico de la violencia feminicida en Cuba, que no sólo termina con la vida de las mujeres, sino que también desestabiliza familias y comunidades enteras. Cabe destacar que los datos, además, constituyen un subregistro, pues son recopilados por los observatorios independientes con pocos recursos y de forma clandestina. Las familias, en muchas ocasiones, temen hablar de su situación por miedo a las represalias del gobierno.
Los feminicidios dejan detrás de sí no sólo las víctimas mortales, sino otras víctimas poco visibilizadas, que continúan vivas pero sufriendo un impacto decisivo en su cotidianidad: las personas dependientes de las mujeres asesinadas. Las legislaciones de algunos países de la región latinoamericana (no Cuba) contemplan a las personas descendientes de las mujeres asesinadas (hijos e hijas) como víctimas indirectas, y prevén reparaciones económicas.
En noviembre 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 40/34 define como víctimas a “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.
YSTCC, que además del observatorio de feminicidios realiza una labor de acompañamiento a víctimas de violencia de género, siendo la primera plataforma de su tipo en el país, insiste en la importancia de la teoría feminista para abordar estas situaciones: “las personas dependientes no solo los hijos e hijas menores de edad, sino también los adultos y adultas mayores y otras personas a cargo de las mujeres asesinadas, que han de ser consideradas víctimas directas y tener derecho a una reparación integral. Tal reparación no debe centrarse solo en lo económico, sino atender también al factor psicológico y de cuidados, y contemplar todas las aristas para reparar los feminicidios de la mejor manera posible”.
El equipo de investigación de Casa Palanca logró hablar con ocho familias de mujeres y niñas asesinadas en seis provincias cubanas (Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo). Todas dejaron personas que estaban a su cuidado, específicamente un total de 16 personas dependientes. De este registro destacan 12 niños y niñas. Todas las entrevistas revelan una deficiente atención policial en el momento del asesinato y unas medidas de seguimiento irregulares, alejadas de una reparación integral, e insuficientes respecto al resarcimiento económico necesario.
De las 8 familias, 6 reciben algún tipo de pensión (conocida popularmente como chequera) de entre 600 y 2300 pesos cubanos, que equivalen a entre dos y ocho dólares aproximadamente, pero por viudedad y orfandad, sin que el hecho de que las muertes hayan sido por feminicidios varíe esta pensión. Además, las familias no han recibido ningún acompañamiento ni apoyo psicológico. No tienen claro qué es la violencia de género, ni los feminicidios, y desconocen que tienen derecho a reparación. Todas las mujeres asesinadas tenían un rol fundamental en sus familias como proveedoras económicas y en el plano del trabajo reproductivo y los cuidados.
Según la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, dedicada a monitorear las denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba y ofrecer asesoría jurídica gratuita a quien la solicita, el Estado tiene la responsabilidad de proteger económicamente y en otros ámbitos a las personas sobrevivientes y dependientes de mujeres víctimas de feminicidio en Cuba: “El derecho internacional, a través de instrumentos como la Resolución 60/147 de la ONU, establece claramente que los Estados tienen la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos”, comenta.
Esto incluye, en el caso de las personas dependientes de víctimas de feminicidios, no sólo la indemnización dineraria por la pérdida del sostén económico y los daños emocionales y psicológicos sufridos; también tienen derecho a medidas de rehabilitación (servicios médicos, psicológicos y sociales necesarios para la recuperación de los sobrevivientes y dependientes), satisfacción (actos simbólicos que reconozcan el daño causado, incluyendo disculpas oficiales y conmemoraciones) y garantías de no repetición (reformas legislativas y políticas preventivas para evitar futuros feminicidios y asegurar la protección de las víctimas).
Sin embargo, explica Laritza Diversent, en Cuba no existe ninguna normativa específica para víctimas de violencia de género, ni directas ni indirectas. “Pareciera que el feminicidio concluye cuando la mujer es asesinada, pero la realidad es muy diferente; una perspectiva así oculta el impacto económico y social que subyace a estos crímenes machistas”, apunta la jurista.
La Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género de YSTCC, desde el comienzo de su actividad en 2020, ha apoyado a 11 personas dependientes de víctimas de feminicidio, cuatro adultas y siete menores de edad. Su alcance es aún limitado por las dificultades que presenta hacer este tipo de apoyo al margen de la legalidad, además de los altos costos y la mala conectividad del Internet en Cuba.
“Cuando verificamos un feminicidio, registramos si la víctima tenía alguna persona bajo su cargo y cuidado que ahora queda en una situación de vulnerabilidad”, apunta la plataforma YSTCC, cuyas integrantes han preferido no revelar sus identidades por motivos de seguridad. Describen que las personas dependientes son mayormente niñas, niños y adolescentes, aunque igualmente se han registrado personas adultas mayores e incluso hijos o hijas con discapacidad. “También hemos identificado a personas que tenían una relación cercana con las víctimas, ya sea familiar o de amistad, y han solicitado ayuda psicológica a la plataforma para superar el trauma”, comentan.
Datos independientes vs. datos oficiales
Las verificaciones de feminicidios han crecido en Cuba en los últimos años, y con ello también el número de personas dependientes afectadas de las que se tiene conocimiento. Los datos de OGAT y YSTCC muestran un incremento sostenido en la denuncia y registro independiente de los feminicidios: de 14 casos en 2019, a 33 en 2020 y 89 en 2023. Aunque en el primer semestre de 2024 se documentaron 30 feminicidios, esto no implica necesariamente una disminución en el número de casos.
Según OGAT, varios factores contribuyen a que se registren menos casos: la criminalización de las denuncias ciudadanas bajo el nuevo Código Penal, la normalización de la violencia, la ausencia de campañas masivas de sensibilización que ayuden a crear consciencia, el exilio masivo de activistas que colaboraban con las redes de observadoras, el temor de la población a denunciar, y la fatiga de quienes monitorean debido a la precarización laboral y social en Cuba. Además, la carga creciente de cuidados y la frustración por la inacción de las autoridades también desmotivan a las y los activistas, reflejando una crisis que se extiende a todos los sectores del país.
Mientras tanto, las autoridades cubanas ofrecen datos dispersos y a veces confusos sobre feminicidios, y nunca explican la metodología que utilizan para obtenerlos.
El 1 de agosto de 2024 el Gobierno cubano hizo públicas nuevas cifras sobre feminicidios a través del recientemente creado Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), aunque evita usar el término “feminicidio”. En los análisis que presentó el OCIG para el año 2023, las autoridades cubanas ofrecen dos cifras. Por un lado, hablan de un total de 60 mujeres (de 15 años o más) “víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas”, y por otro hablan de 50 mujeres (de 15 años y más) “asesinadas por sus parejas y/o exparejas”. Yaneidis Pérez, del Secretariado General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), confirma en una entrevista del pasado 5 de septiembre 61 asesinatos de mujeres, 50 de ellos cometidos por sus parejas o exparejas.
Según la información publicada en el OCIG, 38 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos/as a causa de estos feminicidios en ese año.
El número de casos que da el observatorio oficialista en su web (60) está por debajo de los 89 contabilizados en 2023 por el OGAT y YSTCC, y es una muestra que, en cualquier caso, se queda muy corta puesto que solo abarca «casos conocidos en procesos judiciales juzgados en el año». Por tanto, se desconoce si contempla incidentes donde hubo un proceso judicial inconcluso o donde no hubo proceso alguno; situaciones que pueden darse por diferentes motivos, como por ejemplo, el suicidio del victimario.
Además, los casos que expone el OCIG responden a juicios que sucedieron en 2023, pero podrían ser feminicidios cometidos en 2022 y que no fueron juzgados con anterioridad. Si bien la ley cubana estipula seis meses para concluir la investigación e iniciar el juicio, en la práctica los procesos suelen ser más largos.
Por citar un ejemplo, en agosto de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos dictó las sentencias de Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte, responsables del feminicidio de Yoilén de la Caridad Acosta Torriente, de 18 años, cometido en enero de 2023. El juicio tardó más de un año y existe la posibilidad de que su caso no aparezca en los registros oficiales hasta 2025.
A diferencia de los reportes de los observatorios independientes, el OCIG no utiliza los términos “feminicidio” ni “femicidio”; ni hace una distinción clara entre tipos de feminicidios, como lo son el sexual, social, familiar, vicario y ginecobstétrico. Tampoco indica reconocer los asesinatos a mujeres trans por motivos de género como feminicidios. Estas categorías, que sí son tenidas en cuenta por los observatorios independientes, permiten explicar otros posibles vínculos, escenarios y desventajas entre agresores y sus víctimas, y brindan una imagen más precisa de los hechos y el alcance de la violencia de género, también hacia las víctimas no mortales.
Es destacable, por otro lado, el oscurantismo que rodea a las metodologías empleadas para el levantamiento de datos o la deficiencia de indicadores para hablar de violencia de género en todas sus manifestaciones. “Las cifras oficiales son difíciles de comprender y sobre todo de interpretar pues están fragmentadas y salen de las instituciones que no reciben a las víctimas en primera instancia (tribunales y fiscalía). Sería muy diferente si se contara con estadísticas de la Policía o Medicina Legal. No sabemos los indicadores que se utilizan, ni las muestras”, apunta YSTCC.
En diciembre de 2023, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, habló de «ciento diecisiete (117) hechos por muerte violenta de mujeres» hasta octubre de ese año. Según dijo, 75% de los casos tuvieron lugar en viviendas compartidas por las parejas y, como consecuencia, 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Sin embargo, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, donde salió publicada la intervención de Peña Ojeda, no se precisó a qué periodo de tiempo respondían estas cifras, si desde enero de 2023 o desde antes.
Los datos de OGAT y YSTCC, quienes forman parte del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, no pueden arrojar más luz sobre el número total de menores de edad dependientes porque no ha sido hasta el 2024 que los observatorios independientes han comenzado a registrar también cuántas de las personas víctimas no mortales del feminicidio no habían cumplido la mayoría de edad al momento del crimen de su madre. Sin embargo, de enero a junio de 2024 ya han contabilizado 43 menores.
Todos los intentos del equipo de investigación de Casa Palanca por contactar a la Federación de mujeres Cubanas (FMC) con el objetivo de aclarar cifras y metodologías han sido infructuosos. A pesar de haber dirigido emails a sus correos generales y a varias de sus miembras, y llamadas de teléfono a su sede, no se ha obtenido ninguna respuesta.
Familia de Iliana Martínez Ávila, Guantánamo.