La crisis en Cuba es estructural y generalizada. Quizá la mejor muestra es la dieta de los cubanos. El país importa casi el 80 % de los alimentos que necesita, por lo cual las angustias del agro adquieren mayor relevancia.
Economistas cubanos han señalado que las causas fundamentales de la crisis del sector agropecuario radican en el sistema de propiedad sobre la tierra, en la falta de inversiones y suministros y en la existencia de un mercado deformado bajo el control del Estado.
Sin embargo, las autoridades del archipiélago, en vez de atacar las causas directas de la ausencia de oferta del sector agrícola, continúan el fomento de estructuras centralizadas y de la participación del Estado como regulador del mercado y de las capacidades laborales de los productores individuales.
Prueba de lo anterior es la Resolución 275/2024 del Ministerio de la Agricultura (Minagri) publicada el 4 de septiembre en la Gaceta Oficial de la República. La normativa establece la política de contratación agropecuaria en el país, e insiste en la «contratación forzada» con el Estado y en la planificación por parte de las autoridades locales de las producciones que deben entregar los campesinos en 2025.
VINCULACIÓN CON UNA COOPERATIVA O CON UNA ENTIDAD ESTATAL
La normativa reproduce la idea de que, para comercializar sus producciones, los campesinos cubanos tienen que ser socios de una cooperativa o estar «vinculados» con una entidad estatal. Estas cooperativas y las entidades estatales vinculadas son las encargadas, en nombre del productor, de «contratar» (vender) lo producido «con» los receptores finales.
Para el productor que no es socio de una cooperativa —o sea, el «vinculado»—, la norma regula que si «tiene condiciones y es su voluntad» puede con
