Las formas privadas han ganado protagonismo en actividades como la gastronomía, la construcción y las reparaciones.
La nueva legislación para los actores no estatales de la economía cubana, que entrará en vigor este 18 de septiembre, desató una ola de opiniones críticas en las redes sociales y en medios de prensa, tras su publicación el pasado 19 de agosto. El debate se aceleró de inmediato, pese a contar los documentos con 152 páginas, más otras 15 de anexos, distribuidas entre seis decreto-leyes, dos decretos, dos resoluciones del Banco Central de Cuba y otras nueve resoluciones de ministerios.
No pocas voces atisbaron una cruzada del Estado contra las formas privadas y cooperativas. Medios opuestos al gobierno, básicamente desde el exterior, atacaron el paquete con acidez similar a las voces que, desde la extrema izquierda nacional, condenan con un discurso inverso los pasos del gobierno para diversificar las formas de propiedad en el modelo económico cubano.
Las dudas asomaron también entre la población, parte de la cual, bajo el castigo de la inflación, mira con el ceño fruncido los altos precios de los negocios privados. Los actores no estatales, entretanto, se dividieron entre la desconfianza de unos ante las intenciones del gobierno y la cautela en otros como primer paso.
La tormenta mediática obligó al ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, a desmentir en la televisión que “el gobierno y el Estado realicen una cruzada” porque sería, argumentó, “una cruzada en contra de los propios documentos programáticos de la Revolución”. Aludía a la estrategia económica que adoptó el 8vo. Congreso del Partido Comunista en el 2021.
Más que un efecto real de estas normas para la actividad empresarial privada y cooperativa, la intensidad del debate público refleja esta vez, en mi opinión, la incertidumbre social y el enquistamiento del diálogo político, inevitables con la crisis económica que ahogan actualmente al consumo y a servicios básicos como la electricidad, el transporte, el abastecimiento de agua y la distribución de medicamentos, entre otros.
Contra la evasión fiscal
Si de limitaciones o prohibiciones se trata, las nuevas reglas legales no introducen, a mi juicio, grandes modificaciones a las normas que el gobierno había publicado antes. No cambian mucho, por ejemplo, la lista de 125 actividades vedadas a las formas no estatales –trabajadores por cuenta propia (TCP), cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En buena ley, el primer objetivo de este paso es actualizar y homogeneizar normas legales que muchas veces se contradecían en la letra o la intención. Habían sido concebidas de manera discontinua para cada forma de gestión económica. Desde diciembre de 2023, el gobierno había anticipado la intención de reordenarlas. En junio pasado, incluso, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó a la prensa que las autoridades se habían propuesto revisar todas las reg