La muerte del presidente Hugo Rafael Chávez Frías el 5 de marzo de 2013 en Caracas, Venezuela, como resultado de un cáncer que comprometió su vitalidad, puso fin a un ciclo trascendental para el país sudamericano en el proceso político reconocido como Revolución bolivariana. Este proyecto histórico inició con su ascenso al poder el 2 de febrero de 1999, luego de ganar las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.
El líder social impulsó tras su victoria una agenda de transformación reformista, inspirada en los preceptos de Simón Bolívar y otros padres de la independencia latinoamericana, cuya orientación hacia la izquierda avanzó con fuerza tras la derrota del golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Este zarpazo dirigido por los empresarios de la burguesía local en torno a Fedecámaras, designó como presidente de facto al economista Pedro Carmona Estanga. La movilización popular, así como la lealtad de un sector importante de las fuerzas armadas, logró restaurar el orden constitucional el 13 de abril, marcado por el regreso al poder del comandante bolivariano.
La política distributiva de Chávez halló sustento en las nacionalizaciones de empresas para el fortalecimiento del sector público, la renegociación con inversionistas foráneos sobre la explotación de los recursos mineros y la implementación de amplios programas para la reducción de la pobreza. Sin embargo, su agenda no revirtió la matriz de producción capitalista ni la desigual distribución de los ingresos, lo que tributó al sostenimiento de elevados niveles en la concentración de las riquezas.
La política distributiva de Chávez halló sustento en las nacionalizaciones de empresas para el fortalecimiento del sector público.
Hugo Chávez logró impulsar proyectos de carácter antimperialista a planos regionales, como fue el entierro del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Mar del Plata, Argentina (2005); estimuló programas de cooperación entre países del sur global como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (La Habana, 2004) y la alianza estratégica Petrocaribe (2005), que fomentó suministros permanentes de petróleo a precios subsidiados, mediante la concesión de acuerdos comerciales. En 2012 el Mercado Común del Sur (Mercosur) incluyó a Venezuela como miembro de la organización y formó parte de tratados multilaterales en aras de fortalecer la integración del subcontinente, para cuyos fines se gestaron alianzas como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fundada en 2008 en la capital de Brasil.
En agosto de 2007 Hugo Chávez presentó al parlamento una propuesta de reforma constitucional que entre otros elementos incluía la reelección indefinida, además de la proclamación de Venezuela como república socialista. El referéndum convocado para diciembre fue rechazado en las urnas, aunque el mandatario aprobó algunas de las modificaciones suscritas, a través de decretos y leyes que no fueron revertidas en años posteriores por las autoridades judiciales.
manifestó que:
El caso extremo de opción por el extractivismo como modelo de desarrollo es el caso venezolano. Durante el gobierno bolivariano, a pesar de referencias discursivas a la necesidad de alternativas al rentismo petrolero, se produjo una sistemática profundización de la dependencia del petróleo y de la lógica rentista y su correspondiente devastación socio-ambiental. Debido no sólo a variaciones en el precio del crudo, el peso del petróleo, como proporción del valor total de las exportaciones venezolanas, pasó de alrededor de 63% en el año 1998, a 96% al final de la vida de Chávez (Banco Central de Venezuela 2018).
Al igual que otros gobiernos de izquierda progresista en la región, en su mayoría de corte socialdemócrata, el proyecto chavista-bolivariano entendió la toma del Estado como base fundamental para el emprendimiento de las transformaciones sociopolíticas, y a nivel ideológico, la promoción de una sociedad pretendidamente anti/poscapitalista.
La concepción desarrollista del régimen asumido bajo patrones antropocéntricos y militarista-autoritarios reforzó el caudillismo de la figura presidencial, hecho que terminaría por socavar la propuesta democrática constitucional del proyecto bolivariano. El centralismo se convirtió en una máxima de mando en las principales esferas de poder, restándole autonomía a otras instancias del Estado, al tiempo que dejaba a un lado los valores de la democracia directa, participativa y comunitaria.
Factores externos e internos en la crisis político-económica del poschavismo (2014-2024)
La llegada a la presidencia de Nicolás Maduro Moros como sustituto de Chávez para el período 2013-2019, se produjo a través de una victoria electoral por estrecho margen sobre el contendiente opositor Henrique Capriles Radonski, adscrito al partido Primero Justicia por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El desconocimiento de los resultados por la composición contraria al oficialismo, recibió el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Uruguay, España, Francia, Paraguay y el secretario general de la OEA José Miguel Insulza, lo cual marcó la génesis de una prolongada etapa de inestabilidad política.
Las protestas sociales arreciaron desde 2014 como resultado del estancamiento económico; la hiperinflación acumulada alcanzó cifras astronómicas entre 2016-2020, considerada como la peor en la historia latinoamericana. Mientras tanto, el aumento de la escasez redundó en un encarecimiento del nivel de vida, y la pulverización del salario redujo seriamente la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora generando nuevos márgenes de pobreza, acompañada del ostensible deterioro de los servicios básicos (agua, electricidad, transporte público, salud, etcétera).
La etapa de crisis económica iniciada en 2014 coincidió con una tendencia a la baja cotización del petróleo en el mercado mundial, lo que imposibilitó el mantenimiento de programas de amplia cobertura sustentados en la renta exportadora. Tales elementos constituyeron factores colindantes que tributaron al desate de un ciclo de descontento e indignación reflejado en las calles del país. Las manifestaciones fueron respaldadas por las fuerzas de la oposición local, encabezada por actores políticos de la derecha tradicional que ganaron en notoriedad y relevancia como Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado y Leopoldo López Mendoza. Estas dejaron un saldo de decenas de muertos en el país, en su mayoría militantes chavistas y funcionarios públicos.
Las manifestaciones fueron respaldadas por las fuerzas de la oposición local, encabezada por actores políticos de la derecha tradicional que ganaron en notoriedad.
Si bien el Gobierno reportó decenas de víctimas mortales y otros cientos de heridos como resultado de la violencia en el marco de las protestas opositoras —denominadas «guarimbas»—, diversas fundaciones encargadas de velar por las garantías civiles y los derechos humanos como Amnistía Internacional, reportaron cerca de 9 mil ejecuciones extrajudiciales, alrededor de 500 desapariciones forzosas y más de 15 mil detenciones arbitrarias entre 2014-2022 por las instancias oficiales.
En dicho accionar sostuvieron una notable responsabilidad las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) perteneciente a la fuerza armada y el Servicio Bolivariano de Inteligencia o «policía política» (SEBIN). Una gran parte de las víctimas resultaron ser hombres negro
