Las autoridades cubanas intentaron contratar toda la producción agrícola del país; después vendría la cruzada contra las mipymes y, por último, la criminalización del mercado informal cambiario de divisas.
LA HABANA, Cuba. – El acápite 102 de la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” establece que “se combinan los instrumentos de dirección directos o administrativos, con los indirectos o económicos”. Es decir, que cuando en el 2017 la máxima instancia del régimen cubano daba a conocer uno de los principales documentos en que se basaba la estrategia de desarrollo económico y social del país, se aseguraba que no siempre se emplearía la fuerza del poder para el logro de los objetivos deseados.
Sin embargo, el tiempo transcurrido ha demostrado que las autoridades no han podido ―o no han querido a veces― recurrir a instrumentos económicos de dirección, como estimular la competencia entre los diversos actores económicos o aceptar las señales del mercado, y en cambio han acudido con frecuencia a los represivos instrumentos administrativos con tal de doblegar la determinación de los actores económicos, en especial los no estatales.
Primero intentaron obligar a los productores privados de la agricultura a que les vendieran todas sus producciones a las ineficientes empresas comercializadoras estatales. Después vinieron los topes de precios y otras medidas intimidatorias contra las mipymes privadas y, por último, se pretende criminalizar el mercado informal cambiario de divisas.
Por supuesto que todas esas medidas tom