Desde que entró en vigor la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 miles de cubanos han corrido contra el tiempo y la burocracia para completar sus expedientes. La normativa, a través de la Disposición Adicional Octava, permite a descendientes de españoles que cumplan determinados requisitos acceder a la nacionalidad española.
La ley tenía un plazo de vigencia inicial de dos años, pero el 9 de julio de 2024 el Gobierno español informó que se aplazaba un año más (hasta octubre de 2025). Desde el 29 de febrero de 2024 Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, comentó que la normativa reconocía un derecho de los descendientes de los españoles que se marcharon al exilio huyendo de la dictadura de Francisco Franco y que los trámites administrativos no estaban siendo fáciles.
Desde el anuncio del ministro, los descendientes de españoles tuvieron que esperar cuatro meses para ver oficializada en los sitios web del Gobierno español la extensión del plazo de la ley. Aunque la prórroga es una buena noticia, también indica que se puso en marcha el conteo regresivo para presentar los expedientes y aún quedan dudas y obstáculos por resolver.
La nota que anunció la prórroga en el sitio web del Consulado español en La Habana reconoce que, desde la entrada en vigor de la ley y hasta el 31 de marzo de 2024, las Oficinas del Registro Civil Consular español habían recibido más de 300 000 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen.
«Más del 95 % de las solicitudes se recibieron en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami. Concretamente, los cinco consulados generales de España en Argentina representan el 40 % de las solicitudes y, junto con el Consulado General de España en La Habana, superan el 53 % de las solicitudes», especifica el texto.
La nota reconoce, además, que existe un número de solicitantes que difícilmente podrían ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años previstos inicialmente en la ley.
Durante el tiempo de vigencia de la normativa, en Cuba se han hecho promesas de mejora de los servicios tanto por parte de las autoridades españolas como de las cubanas. Convenios de colaboración, asistencia técnica con donación de computadoras, ampliación de equipos de trabajo e, incluso, la apertura de un viceconsulado español en Camagüey debieron mejorar los procesos; pero los cubanos continúan encontrando muchos escollos en el camino de acceso a su derecho como descendientes de españoles.
¿Tres años bastan para reconocer un derecho de sangre?
El abogado Ariel Fraga, especialista en Extranjería y socio director del despacho Fraga & Abogados con sede en Barcelona, ha reiterado su desacuerdo con la reducción a un plazo determinado del derecho a la nacionalidad de los descendientes.
«No tiene sentido. Si se reconoce un derecho como nieto o hijo por vía sanguínea, qué sentido tiene limitarlo. El Gobierno español debería permitir que cada cual aplique cuando pueda, cuando reúna los documentos. El proceso genera problemas, estrés, histerias colectivas y colapso de las instituciones», advierte el abogado. En su opinión, aunque los descendientes tengan un año más, muchos quedarán fuera.
El procedimiento que deben seguir los solicitantes para presentar su expediente no garantiza la seguridad jurídica. Al contrario, genera un clima de ansiedad porque algunos consulados tardan varios meses en responder.
La incertidumbre en los procederes administrativos, registrales y judiciales
contradice el artículo 9.3 de la Constitución española. Según el artículo, debe garantizarse «el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Aunque los pasos pautados para la Ley de Memoria Democrática sirven para ordenar, son inseguros, sobre todo, cuando se acerca el momento de concluir el plazo y los solicitantes no saben si su expediente se tendrá en cuenta o no. La aplicación de la ley en Cuba encierra particulares desafíos. Muchas personas carecen de la destreza tecnológica para atender las exigencias de la aplicación. La mayoría de los ciudadanos no tiene adecuado acceso a Internet, algunos no utilizan regularmente el correo electrónico, tampoco tienen una computadora y deben hacer el proceso desde un teléfo
