Foto: VenteVenezuela / X.
27 / julio / 2024
Por Jesús Delgado/Latinoamérica21
Parece increíble, pero faltan unos pocos días para que se celebren las elecciones presidenciales de Venezuela. El 28 de julio se ha convertido en la oportunidad más clara de transición democrática del país, después de diversos intentos electorales e insurreccionales que no han logrado su cometido.
De acuerdo a la firma británica Barclays, existe una «posibilidad significativa de una transición política» en Venezuela, lo que cobra fuerza a medida que se acerca la elección y la candidatura de Edmundo González sigue firme. Pero, después de numerosas elecciones, fraudes, insurrecciones y demás, ¿cómo llegamos hasta aquí?
A principios del año pasado la oposición estaba fragmentada y desmoralizada, mientras que el gobierno, que ya había superado la amenaza del Gobierno Interino encabezado por Juan Guaidó, necesitaba de legitimidad para negociar el levantamiento de las sanciones, sobre todo las que tienen que ver con el sector petrolero.
De manera que el oficialismo acompañó (no sin reticencias) los esfuerzos de la comunidad internacional de los que resultó el Acuerdo de Barbados, una hoja de ruta para que la oposición pudiera participar en las elecciones de 2024 en mejores condiciones que las de 2018. Recordemos que los resultados de estas últimas fueron considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional y, por tanto, fueron desconocidos, generando una crisis de legitimidad para Maduro.
Este acuerdo también establecía el respeto a los resultados de las elecciones primarias opositoras. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno, entre ellos la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado, la negativa a apoyar logísticamente la elección y hasta amenazar con impedirla, la líder de Vente Venezuela fue aclamada con más del 93% de los votos en un ejercicio organizado íntegramente por la oposición.
La ratificación de la inhabilitación de Machado obligó a la Plataforma Unitaria a sustituir su candidatura. Aunque el objetivo del gobierno era desincentivar la participación e incluso provocar protestas, la oposición siguió la vía electoral y designó a la académica Corina Yoris, quie