BUENOS AIRES, Argentina.- Entre el 18 de junio y el 12 de julio, el principal órgano intergubernamental de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos (CDH), celebró su 56° período de sesiones ordinarias. Según la práctica común del CDH, se examinan bajo el cuarto punto de la agenda las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo. En esta ocasión, se dedicó, entre otros temas, a la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 3 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó ante el CDH su informe, que expone los últimos acontecimientos (hasta abril de 2024 inclusive) relacionados con los derechos humanos, el Estado de derecho y el espacio cívico en Venezuela. La exposición del Sr. Türk fue seguida por un diálogo interactivo en el CDH, durante el cual el representante de Venezuela ejerció su derecho a réplica y varios Estados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) hicieron declaraciones.
Ante la perspectiva de elecciones presidenciales este 28 de julio en Venezuela, la continua restricción del espacio cívico, sumada a las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales, es especialmente preocupante. Varias encuestas indican la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano de votar el 28 de julio por un cambio político y el candidato Edmundo González Urrutia de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, pero permanece incierto si el gobierno de Maduro aceptará una posible derrota en las urnas.
Hasta ahora, la campaña electoral no ha sido ni justa ni libre, dado el control de Maduro sobre el Consejo Nacional Electoral y gran parte de los medios, la exclusión de las elecciones de millones de venezolanos viviendo en el exterior, la inhabilitación política por 15 años de la ganadora de las primarias de la oposición al chavismo, María Corina Machado, y varias detenciones de personas opositoras o percibidas como tales. Esto se enmarca en las estructuras represivas advertidas por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que persiguen los objetivos de, en su forma más violenta, silenciar voces opositoras o bien generar un ámbito de miedo e intimidación. Los informes de esta misión, establecida en 2019, aportaron, entre otras fuentes, razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo cual motivó la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. La práctica de las autoridades venezolanas de retener información acerca del paradero de los detenidos o de mantenerlos incomunicados por tiempos prolongados equivale, además, a la desaparición forzada, violando así varios derechos humanos, no solo de los detenidos (el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, a la seguridad, y a ser libre de tortura, entre otros), sino también de sus familiares.
El gobierno venezolano, no obstante, no se muestra dispuesto a escuchar o aceptar estas conclusi